El lunes ingresó un proyectos a la Cámara de Diputados para prorrogar la Emergencia Alimentaria hasta 2022, tal como vienen pidiendo las organizaciones sociales, la Iglesia, la CGT y sectores de la oposición.

La oposición pretende tratarlo el jueves a las 11 en sesión especial, con la incógnita de qué hará el bloque del oficialismo, debido a que el Gobierno cree que no es necesaria dicha herramienta. Al no tener dictamen de comisión, se deberá habilitar su tratamiento sobre tablas con dos tercios de los votos de los presentes.

Si bien existen varias iniciativas, incluso uno que también ingresó el mismo lunes con la firma la diputada Fernanda Vallejos junto a otros tres legisladores del FpV, será tratado el que fue consensuado por todos los jefes de los bloques opositores.

El proyecto unificado

Pide la prorroga del decreto 108 firmado por Eduardo Duhalde en 2002 y que se extienda hasta el 31 de diciembre del año 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional e impulsar la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional.

Esta iniciativa establece "un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".

Dicho aumento se realizaría a través de la reasignación de partidas ($ 8 mil millones), debido a que el Presupuesto destinó $ 12 mil millones y otros $ 4 mil millones ya fueron reasignados en marzo pasado a los programas alimentarios nacionales.

Además, se facultará a partir del año próximo al Jefe de Gabinete de la Nación para "actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias” en base a la variación de los precios del rubro "alimentos y bebidas no alcohólicas" del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que elabora el INDEC.

El Ejecutivo estará facultado para realizar "reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional", que sea controlado por la Sindicatura General de la Nación.

Entre sus fundamentos, el proyecto sostiene que "garantizar la seguridad alimentaria y nutricional se debe transformar en un primer consenso básico y en una política de Estado prioritaria de una nueva etapa de unidad nacional de la Argentina".

Y enumera los preocupantes números del INDEC, como "la pobreza en Argentina que llegó al 32% de las personas al finalizar el segundo semestre de 2018"; "la indigencia, pasó de un 4,8% en el segundo semestre de 2017 a un 6,7% en el mismo período de 2018"; y que además "se estima que al finalizar el presente año es probable que la pobreza afectará al 38% de la población y la indigencia al 10%".

Además del incremento de "la Canasta Básica Total (CBT) aumentó 2,5% durante julio 2019 y llegó a $ 31.934,44 para una familia tipo de 4 integrantes como umbral mínimo para no caer en la pobreza", junto a una inflación estimada para el mes de agosto de 4%.

"El presente proyecto de Ley es un primer paso para contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la ciudadanía, quede debe ser complementado por otras medidas para bajar el precio de los productos de la Canasta Básica de Alimentos, como, por ejemplo, la sanción de la Ley de Góndolas, la creación por Ley del Programa Precios Cuidados, y el aumento de los ingresos de las familias", concluye el escrito consensuado.

El mismo lleva las firmas de: Daniel Arroyo y Felipe Solá (Red por Argentina); Leonardo Grosso (Movimiento Evita); Agustín Rossi y Carlos Castagneto (FpV-PJ); Carla Pitiot y Cecilia Moreau (FUNA); Juan José Bahillo, Ivana Bianchi y Carolina Moises (Justicialista); Victoria Donda (Somos); Jorge Daniel Franco (Fte. Concordia Misionero), y Alejandra Rodenas (Nuevo Espacio Santafesino).

Con información de www.clarin.com