Adorni, Milei y una disputa que excede a un funcionario

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La política argentina suele tropezar con una vieja tentación: transformar problemas institucionales en cruzadas personales. Lo que debería resolverse mediante reglas, procedimientos y mecanismos republicanos termina convertido en una batalla de nombres propios. La discusión que hoy rodea al jefe de Gabinete Manuel Adorni parece encaminarse peligrosamente hacia ese terreno.

Desde hace semanas, el debate público gira alrededor de una pregunta que, en realidad, esconde otras mucho más profundas. ¿Debe continuar en el cargo? ¿Debe dar explicaciones ante el Congreso? ¿Tiene que apartarse mientras se investigan las denuncias que pesan sobre él? Son interrogantes legítimos en cualquier democracia. Sin embargo, detrás de ellos aparece una cuestión todavía más delicada: la relación entre el poder político, las instituciones y el uso de las mayorías parlamentarias.

Javier Milei tomó una decisión que, guste o no, tiene una lógica política comprensible. Eligió sostener a uno de sus funcionarios más cercanos y evitar que una presión opositora determine quién integra o no el gabinete nacional. Para el Presidente, ceder en este punto significaría aceptar que el Congreso puede condicionar la conformación de su equipo de gobierno mediante amenazas de interpelaciones, censuras o campañas de desgaste político.

El problema es que esa interpretación convive con otra realidad igualmente evidente. Cuando un funcionario queda envuelto en sospechas que generan dudas públicas, el Gobierno tiene la obligación de ofrecer respuestas claras, rápidas y convincentes. No alcanza con denunciar conspiraciones ni atribuir cada cuestionamiento a una operación de adversarios políticos. La transparencia no puede ser selectiva ni depender de la identidad de quienes formulan las preguntas.

La administración libertaria parece convencida de que detrás de la ofensiva parlamentaria existe algo más ambicioso que el destino de un ministro coordinador. Cree que el verdadero objetivo es erosionar la figura presidencial. Desde esa perspectiva, Adorni aparece convertido en una especie de muralla defensiva. Si cae él, sostienen cerca del poder, luego vendrán por otros funcionarios y finalmente por el propio Presidente.

Esa lectura puede contener una parte de verdad. La política argentina ofrece innumerables antecedentes de oposiciones que encontraron en los escándalos reales o presuntos una herramienta para desgastar gobiernos. Pero también sería un error concluir que toda crítica forma parte necesariamente de un plan desestabilizador.

Las democracias maduras funcionan precisamente porque logran distinguir entre una investigación legítima y una persecución política. Cuando ambas categorías se mezclan deliberadamente, el resultado suele ser perjudicial para todos.

Hay otro elemento que merece atención. El oficialismo argumenta que avanzar contra un funcionario sobre la base de sospechas establecería un precedente peligroso para futuras administraciones. No es un razonamiento menor. Si cada denuncia derivara automáticamente en una destitución, ningún gobierno podría completar un mandato con estabilidad.

Sin embargo, tampoco es razonable el extremo contrario: convertir cualquier investigación en una agresión institucional y cualquier pedido de explicaciones en un intento de golpe político. Entre ambas posiciones existe una zona de equilibrio que la dirigencia argentina parece incapaz de encontrar.

La oposición tampoco está libre de contradicciones. Algunos sectores que hoy exigen una salida inmediata del funcionario son los mismos que durante años denunciaron el uso político de las causas judiciales cuando afectaban a dirigentes propios. Otros, en cambio, parecen debatirse entre acompañar el reclamo o evitar quedar alineados con el kirchnerismo en una votación de alto impacto simbólico.

Ese dilema atraviesa especialmente a espacios que intentan conservar una identidad propia mientras mantienen acuerdos circunstanciales con el oficialismo. El cálculo político aparece entonces mezclado con las convicciones institucionales. Y cuando eso ocurre, las posiciones dejan de ser tan nítidas como se presentan en los discursos públicos.

Lo más preocupante, sin embargo, es que la discusión vuelve a exponer una característica recurrente de la política nacional: la incapacidad para construir consensos mínimos sobre las reglas del juego. Cada sector defiende principios que luego abandona cuando cambia de lugar en el tablero. La transparencia es indispensable cuando gobierna el adversario. La estabilidad institucional se vuelve prioritaria cuando el cuestionado es un aliado.

Mientras tanto, los ciudadanos observan una escena repetida hasta el cansancio. Oficialismo y oposición intercambian acusaciones cada vez más severas, elevan el tono de la confrontación y transforman cualquier conflicto en una batalla definitiva por la supervivencia política.

Quizás por eso el caso excede ampliamente la situación particular de un funcionario. Lo que está en discusión no es solamente el futuro de Adorni. Lo que realmente se debate es si la Argentina será capaz de consolidar mecanismos institucionales que permitan investigar, controlar y eventualmente sancionar sin convertir cada episodio en una guerra total.

La fortaleza de una democracia no se mide cuando protege a los inocentes. Se mide cuando posee herramientas para investigar a los sospechados sin destruir las instituciones en el proceso. Y también cuando quienes ejercen el poder comprenden que rendir cuentas no constituye una concesión a sus adversarios, sino una obligación inherente a la función pública.

La política argentina parece nuevamente atrapada entre dos reflejos igualmente dañinos: la tentación de utilizar las instituciones como armas partidarias y la tentación de descalificar cualquier control bajo la etiqueta de conspiración. Ninguno de los dos caminos conduce a una democracia más sólida.

Por ahora, el Gobierno apuesta a resistir y a ganar tiempo. La oposición busca reunir fuerzas para avanzar. Entre ambos movimientos se juega algo más importante que el destino de un funcionario. Se juega la credibilidad de un sistema político que todavía no logra convencer a los argentinos de que las instituciones están por encima de los intereses circunstanciales de quienes las ocupan.