Cuando un funcionario se convierte en un problema de Estado

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Los gobiernos suelen enfrentar una paradoja tan antigua como la política misma. Llegan al poder prometiendo transformar estructuras, desafiar privilegios y romper inercias. Sin embargo, muchas veces terminan atrapados por una decisión mucho más elemental: determinar hasta dónde están dispuestos a defender a uno de los suyos cuando las dudas comienzan a eclipsar las certezas.

Ese parece ser hoy el dilema que atraviesa a la administración de Javier Milei.

La cuestión ya no gira exclusivamente alrededor de Manuel Adorni. De hecho, ése es quizás el error de diagnóstico más frecuente. El problema dejó de ser una persona para convertirse en una prueba de estrés institucional para todo el oficialismo. Porque cuando un gobierno concentra buena parte de su identidad en la idea de superioridad moral frente a la política tradicional, cualquier sospecha que afecte a uno de sus principales dirigentes adquiere una dimensión mucho mayor que la de un caso individual.

La política es, en gran medida, una cuestión de percepciones. Y las percepciones suelen ser más veloces que las investigaciones, más contundentes que los expedientes y más difíciles de revertir que cualquier explicación técnica.

Durante casi dos años, el Gobierno construyó una narrativa basada en una idea simple y efectiva: ellos eran distintos. No solamente porque proponían un programa económico disruptivo, sino porque aseguraban representar una ruptura ética respecto de las prácticas que criticaban. Esa promesa fue una de las bases centrales sobre las cuales se edificó la legitimidad del proyecto libertario.

Por eso la discusión actual resulta tan delicada.

Cuando un presidente afirma que está dispuesto a asumir costos políticos para defender a alguien que considera inocente, envía una señal de lealtad. La lealtad es una virtud valiosa en política. El problema aparece cuando esa lealtad comienza a competir con otra obligación igualmente importante: preservar la credibilidad de las instituciones que gobierna.

La historia latinoamericana está llena de ejemplos de líderes que confundieron ambas cosas.

No fueron pocos los presidentes que creyeron que defender a un colaborador equivalía a defender un proyecto político. Muchos terminaron descubriendo demasiado tarde que la ciudadanía distingue perfectamente entre una causa colectiva y los problemas particulares de quienes ocupan cargos públicos.

Lo que inquieta hoy dentro del propio oficialismo no parece ser tanto el presente como el futuro.

La preocupación principal pasa por la gobernabilidad.

Mientras la discusión pública continúa concentrada en las explicaciones, declaraciones juradas y controversias alrededor del jefe de Gabinete, el Gobierno necesita avanzar con una agenda legislativa que considera fundamental para consolidar su programa de reformas. Y allí aparece un obstáculo que ningún estratega político puede ignorar: los votos.

La matemática parlamentaria argentina nunca fue sencilla para La Libertad Avanza. Desde el primer día de gestión, Milei debió gobernar con minorías legislativas y construir acuerdos permanentes para sostener iniciativas clave. Fue una tarea compleja incluso en los momentos de mayor fortaleza política.

Ahora podría volverse mucho más difícil.

Porque hay algo que los operadores parlamentarios conocen mejor que nadie: pocas cosas generan más cohesión entre sectores diversos que la existencia de un adversario común.

Y eso es precisamente lo que varios dirigentes oficialistas empiezan a observar con preocupación. Radicales, macristas, provinciales e incluso sectores habitualmente predispuestos al diálogo parecen coincidir en un punto que hasta hace pocos meses habría parecido improbable.

La controversia alrededor de Adorni funciona como un factor de unificación.

Paradójicamente, un gobierno que llegó al poder denunciando la existencia de una "casta" corre hoy el riesgo de quedar aislado por la capacidad de coordinación de actores que habitualmente tienen diferencias profundas entre sí.

En política, las señales suelen ser tan importantes como las decisiones concretas.

Por eso dentro del oficialismo se observan con atención algunos movimientos recientes de Karina Milei. La secretaria general de la Presidencia ha sido históricamente la principal protectora de los dirigentes que integran el círculo más cercano al Presidente. Sin embargo, en las últimas semanas comenzaron a multiplicarse interpretaciones sobre ciertos gestos que algunos consideran reveladores.

La política argentina tiene una larga tradición de leer fotografías como si fueran comunicados oficiales.

A veces esas interpretaciones son exageradas. Otras veces terminan siendo acertadas.

Lo verdaderamente importante no es si un dirigente aparece más cerca o más lejos en una imagen. Lo relevante es que existan suficientes observadores dispuestos a creer que esos detalles tienen significado. Eso demuestra que las dudas ya se instalaron.

Y una vez que las dudas ingresan al corazón del poder, resulta muy difícil expulsarlas.

Mientras tanto, el Gobierno enfrenta una decisión estratégica.

Puede optar por resistir, sostener a su funcionario y apostar a que el tiempo diluya la controversia. O puede intentar un replanteo más amplio que le permita recuperar iniciativa política antes de que el desgaste se profundice.

Ninguna de las dos alternativas es gratuita.

La primera implica asumir el riesgo de que la polémica continúe condicionando la agenda pública y parlamentaria.

La segunda supone reconocer que existe un problema político de magnitud suficiente como para justificar cambios internos.

Lo que parece cada vez más evidente es que el reloj corre.

Las reformas que el oficialismo aspira a sancionar necesitan acuerdos, negociaciones y consensos. Ninguno de esos elementos prospera en un clima de desconfianza creciente. Mucho menos cuando los aliados comienzan a preguntarse si el costo de acompañar determinadas decisiones no terminará siendo superior al beneficio.

La pregunta central, entonces, ya no es qué ocurrirá con Manuel Adorni.

La verdadera pregunta es qué está dispuesto a arriesgar Javier Milei para sostenerlo.

Porque los gobiernos suelen creer que controlan los tiempos de las crisis. Pero la experiencia demuestra algo distinto: llega un momento en que son las crisis las que comienzan a controlar los tiempos de los gobiernos.