La bandera y las heridas abiertas del oficialismo

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La política suele ofrecer escenas que, aun antes de que ocurra el hecho principal, explican por sí mismas el estado de una época. El acto por el Día de la Bandera en Rosario amenaza con convertirse en una de ellas. No por los discursos que puedan pronunciarse ni por las definiciones institucionales que surjan de la ceremonia, sino por una pregunta mucho más simple: ¿dónde estará sentada la vicepresidenta de la Nación?

Que semejante interrogante domine la previa de una celebración patriótica ya constituye una señal preocupante. La discusión no gira alrededor de la situación económica, del rumbo de las reformas o de los desafíos que enfrenta el país. El foco está puesto en la relación rota entre Javier Milei y Victoria Villarruel, una ruptura que hace tiempo dejó de ser un rumor de pasillos para transformarse en una evidencia política imposible de disimular.

Durante los primeros meses de gestión, el Gobierno intentó presentar las diferencias entre ambos como matices propios de una coalición que recién comenzaba a ejercer el poder. Sin embargo, la acumulación de episodios terminó revelando algo más profundo. La exclusión de la vicepresidenta de actividades oficiales, la ausencia de diálogo político y las permanentes señales de distanciamiento fueron construyendo una realidad que ya no admite demasiadas interpretaciones alternativas.

La decisión de Villarruel de asistir igualmente a Rosario, aun sin una convocatoria formal del Poder Ejecutivo, tiene una carga simbólica evidente. No se trata únicamente de participar de un acto patrio. Es también una forma de exhibir autonomía frente a una estructura de poder que parece haber decidido marginarla. La vicepresidenta transmite así un mensaje que excede su situación personal: pretende demostrar que la legitimidad de su cargo no depende de una invitación cursada desde la Casa Rosada.

El problema para el oficialismo es que la escena deja al descubierto una contradicción difícil de explicar. Milei llegó al poder cuestionando las prácticas de la vieja política y prometiendo una transformación profunda de las costumbres del poder. Sin embargo, la relación con su compañera de fórmula parece haber derivado hacia una lógica donde las diferencias personales pesan más que las responsabilidades institucionales.

La Argentina tiene una larga tradición de enfrentamientos entre presidentes y vicepresidentes. Desde la recuperación democrática, las tensiones entre quienes comparten una fórmula electoral se repitieron con frecuencia. Pero existe una diferencia relevante entre aquellas disputas y la actual. En la mayoría de los casos, los conflictos estallaban después de desacuerdos políticos concretos. Aquí, en cambio, la distancia parece haberse convertido en una política de Estado.

Por eso Rosario aparece como un escenario especialmente sensible. El Monumento a la Bandera no es un acto partidario ni una ceremonia menor. Es uno de los espacios de mayor carga simbólica para la identidad nacional. Convertirlo en el telón de fondo de una disputa interna implica trasladar una crisis política a un ámbito que debería estar reservado para la representación institucional de la República.

La situación se vuelve todavía más llamativa porque ocurre mientras el Gobierno enfrenta otros frentes de tensión. La presencia anunciada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se producirá en medio de crecientes cuestionamientos políticos y judiciales. El oficialismo necesitaría transmitir cohesión, estabilidad y capacidad de conducción. Sin embargo, la discusión pública vuelve a girar alrededor de sus conflictos internos.

No es casual que muchos gobernadores hayan optado por la prudencia. Entre ellos, Maximiliano Pullaro aparece decidido a preservar el carácter institucional de la jornada. Santa Fe mantiene diferencias importantes con la administración nacional y reclama desde hace tiempo mayor acompañamiento en diversas áreas. Sin embargo, el gobernador parece comprender que una fecha patria no debería convertirse en un campo de batalla política.

Esa actitud contrasta con el clima que domina la relación entre la Casa Rosada y la vicepresidencia. Mientras las provincias procuran sostener canales de diálogo en un contexto económico complejo, el vínculo entre los dos máximos cargos del Poder Ejecutivo continúa deteriorándose sin señales visibles de recomposición.

Existe además un elemento que el oficialismo debería observar con atención. Las sociedades suelen tolerar desacuerdos internos cuando perciben que existe un objetivo común superior. Lo que genera incertidumbre es la impresión de que las disputas personales terminan desplazando las prioridades de gobierno. En ese terreno, la imagen de una vicepresidenta que debe resolver por su cuenta cómo asistir a un acto patrio resulta mucho más poderosa que cualquier explicación posterior.

Quizás el episodio de Rosario termine desarrollándose sin incidentes. Tal vez las cuestiones protocolares encuentren una solución razonable y la ceremonia transcurra con normalidad. Pero aun en ese caso quedará una conclusión inevitable. La discusión sobre quién invita, quién excluye y quién ocupa determinado lugar revela que la fractura entre Milei y Villarruel ya dejó de ser un problema privado del oficialismo.

Cuando las tensiones internas comienzan a proyectarse sobre los símbolos nacionales, el problema deja de pertenecer exclusivamente a los protagonistas. Pasa a convertirse en una cuestión institucional. Y allí reside el verdadero desafío para el Gobierno: entender que la autoridad no se fortalece aislando dirigentes, sino construyendo legitimidad política. Porque las sillas pueden cambiar de ubicación. Lo que resulta mucho más difícil de recuperar es la confianza que se pierde cuando las diferencias personales terminan ocupando el centro de la escena pública.