La economía no se fragmenta: el trabajo sí se distorsiona

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Durante demasiado tiempo, el debate económico argentino se dejó seducir por categorías amables en la forma pero engañosas en el fondo. Una de ellas es la llamada “economía popular”, un rótulo que pretende describir una realidad social compleja, pero que en la práctica funciona como un atajo discursivo para justificar la precariedad, congelarla y convertirla en identidad. Bajo esa etiqueta se esconde una idea peligrosa: que existen economías paralelas, con reglas propias, desconectadas del resto del sistema productivo. Nada más lejos de la realidad.

La economía no admite compartimentos estancos. Es una sola, indivisible, y en ella participan todos los que trabajan, independientemente de cómo, dónde o bajo qué modalidad lo hagan. El problema no es semántico, es conceptual. Cuando se introduce la noción de “economía popular”, se instala implícitamente una frontera artificial entre trabajadores “formales” y trabajadores “tolerados”, como si estos últimos no generaran valor, no asumieran riesgos o no estuvieran sujetos a las mismas restricciones macroeconómicas.

Vale volver a lo básico. Trabajador es todo aquel que aporta esfuerzo, capital humano o recursos para producir bienes o servicios. Bajo esa definición entran el empleado registrado, el comerciante independiente, el emprendedor que arriesga ahorros propios, el profesional freelance, el repartidor de plataformas digitales, el programador que factura desde su casa o el vendedor ambulante que vive del día a día. Cambian las condiciones, no la esencia. Todos están inmersos en el mismo sistema de precios, padecen la inflación, enfrentan impuestos y contribuyen —de manera directa o indirecta— al producto nacional.

El uso político del concepto “economía popular” genera una distorsión adicional: pretende proteger a quienes están afuera del sistema formal, pero termina consolidando su exclusión. Se los presenta como víctimas estructurales, casi como un colectivo condenado a la informalidad permanente, mientras se omite discutir por qué el mercado laboral argentino expulsa, año tras año, a millones de personas. Así, la precariedad deja de ser un problema a resolver y pasa a ser un estado a administrar.

La paradoja es evidente. En nombre de la inclusión, se refuerza la marginalidad. Se habla de derechos, pero no se generan incentivos para la formalización. Se promete protección, pero se perpetúa un esquema donde una porción creciente de la población económicamente activa queda fuera de cualquier red de seguridad real. La informalidad no es una alternativa productiva ni un modelo virtuoso: es la consecuencia directa de regulaciones obsoletas, presión impositiva asfixiante y un Estado incapaz de crear condiciones para el empleo genuino.

Los datos son elocuentes. Una tasa de informalidad que ronda el 43% no describe un ecosistema alternativo, sino un fracaso sistémico. Millones de argentinos trabajan sin cobertura, sin previsibilidad y sin horizonte de progreso. No están allí por elección ideológica, sino porque el marco legal vigente hace inviable, para vastos sectores, ingresar y permanecer en la formalidad. Presentar esa realidad como “popular” no la dignifica; la disfraza.

A esta situación se suma un fenómeno que el discurso tradicional ni siquiera alcanza a comprender: la transformación tecnológica del trabajo. Plataformas digitales, servicios bajo demanda, creación de contenidos, microtareas, teletrabajo y economía del conocimiento redefinieron la relación entre capital y trabajo. Sin embargo, el andamiaje normativo sigue anclado en un mundo que ya no existe. El resultado es un limbo legal donde miles de personas no encajan ni como empleados clásicos ni como empresarios autónomos, quedando expuestos a reglas difusas y a una elevada inseguridad jurídica.

Persistir en categorías viejas para realidades nuevas solo agrava el problema. Regular el trabajo del siglo XXI con leyes pensadas para la Argentina industrial de mediados del siglo pasado es una receta segura para ampliar la informalidad. La última gran reforma laboral quedó atrapada en un contexto histórico completamente distinto, y desde entonces el mercado cambió más rápido que la política.

La discusión pendiente no pasa por inventar etiquetas más simpáticas, sino por encarar una modernización profunda del sistema laboral y tributario. Un esquema que proteja a las personas sin desalentar la creación de empleo. Que reconozca la diversidad de formas de trabajo sin jerarquizarlas en categorías de primera y segunda. Que entienda que la pobreza no es una identidad cultural, sino una circunstancia que debe ser superada.

Llamar “popular” a la precariedad no la vuelve aceptable. El desafío real es integrar, no separar. Formalizar, no romantizar. Reconocer que todo trabajo que genera valor forma parte de la misma economía y merece reglas claras, previsibles y acordes a los tiempos que corren. La pregunta, entonces, no es cómo rebautizar la informalidad, sino si la dirigencia estará dispuesta a remover las causas que la producen.