Argentina, la ONU y la pelea real por el poder global

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La política exterior suele tratarse en la Argentina como un asunto accesorio, una materia técnica reservada a diplomáticos y especialistas. Sin embargo, en un mundo atravesado por guerras abiertas, disputas tecnológicas y una militarización creciente, esa mirada resulta cada vez más peligrosa. La discusión en torno al futuro de la Organización de las Naciones Unidas —y, en particular, a quién la conducirá a partir de 2027— ofrece una ventana privilegiada para entender algo más profundo: cómo el gobierno de Javier Milei concibe el orden internacional y cuál es el lugar que pretende ocupar el país en ese tablero.

La ONU sigue siendo, con todas sus limitaciones, el principal sostén institucional del sistema global. Cuando logra actuar, otorga legitimidad y canaliza respuestas colectivas; cuando fracasa, deja al descubierto la fragilidad del andamiaje construido tras la Segunda Guerra Mundial. Por eso, la eventual postulación del argentino Rafael Grossi para suceder a António Guterres no puede leerse como un gesto simbólico ni como una simple ambición personal. Es una jugada política que dialoga con una premisa central del actual gobierno: sin seguridad, todo lo demás es discurso.

El balance de Guterres al frente de la organización será, probablemente, ambiguo. Nadie puede negar avances en visibilidad y agenda, pero también resulta evidente que la ONU llega a esta etapa con un déficit estructural en su función esencial: preservar la paz y contener la escalada de los conflictos. Ucrania, Medio Oriente y las tensiones en el Indo-Pacífico no son anomalías aisladas, sino síntomas de una época donde el uso de la fuerza vuelve a ocupar un lugar central. En ese contexto, las consignas universales suenan bien, pero ordenan cada vez menos la realidad.

Cuando Milei habló ante la Asamblea General y reclamó “volver a las raíces”, no estaba proponiendo una nostalgia institucional, sino un recorte conceptual. Traducido al lenguaje llano: si la ONU no prioriza la seguridad internacional, corre el riesgo de convertirse en una organización irrelevante, atrapada en debates que no inciden sobre los dilemas reales del poder. El cambio de época impone adaptaciones, pero también exige reconocer límites: las grandes potencias fijan reglas implícitas que ningún voluntarismo moral logra desactivar.

La carrera por la Secretaría General refleja esa tensión. Grossi no es el único nombre en danza. Figuras como Rebeca Grynspan o Michelle Bachelet representan otra visión, más asociada a la ampliación de agendas y a un discurso de legitimidad inclusiva. En el caso de Bachelet, además, su candidatura condensa una apuesta regional impulsada desde México y Brasil, que busca proyectar una suerte de “internacional progresista latinoamericana” en la cúpula del sistema multilateral.

El problema no es la diversidad de perfiles, sino la distancia entre los símbolos y las capacidades. Ampliar representación —incluida la de género— es un objetivo legítimo, pero no resuelve por sí mismo la gestión de los conflictos más duros. Muchas campañas eluden discutir eficacia y se refugian en narrativas que evitan el núcleo del problema: cómo administrar la paz en un mundo donde las potencias juegan a suma cero.

Esa disputa también deja al desnudo una región fragmentada. Sudamérica vuelve a ordenarse en líneas ideológicas, con consensos cada vez más frágiles. La discusión por la ONU funciona como termómetro de esas divisiones y revela una tolerancia selectiva frente a regímenes autoritarios, justificada en nombre del derecho internacional o del respeto a la soberanía, incluso cuando se vulneran derechos humanos que se dicen defender.

En ese escenario, el perfil de Grossi aparece como el de un técnico con muñeca política, habituado a moverse en el terreno más sensible de la seguridad global: el nuclear. Su trayectoria lo muestra negociando con democracias y autocracias, consciente de que el poder impone límites y de que la estabilidad no se construye con consignas, sino con verificación y disuasión.

El trasfondo incluye, además, el rol de Brasil y la estrategia personal de Lula da Silva. La aspiración histórica a un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, el acercamiento a los BRICS y los vínculos con Rusia y China configuran una política que busca reformatear el orden global desde afuera del eje tradicional. Allí surge una incógnita incómoda: cómo compatibilizar ese proyecto con apoyos cruzados y posiciones históricas contradictorias dentro de la propia región.

La irrupción de esquemas paralelos, como el denominado “Board of Peace” impulsado desde Estados Unidos, refuerza el diagnóstico. Se lo puede criticar por fragmentar el sistema, pero también puede leerse como una señal de alarma: cuando la ONU no responde, otros ocupan el espacio. Para países como la Argentina, quedar al margen de esas instancias no garantiza coherencia moral, sino irrelevancia política.

En un mundo crecientemente particularista, las coaliciones operativas pesan más que las declaraciones grandilocuentes. La ONU todavía puede ser un punto de referencia, pero su legitimidad futura dependerá de algo elemental: no esconderse detrás del statu quo. Evitar una catástrofe militar global fue su razón de ser. Volver a ese eje no es retroceder, sino, paradójicamente, el único modo de saltar hacia el futuro.