Llaryora, los drones y una peligrosa confusión entre gobernar y presionar

El gobernador Martín Llaryora se equivoca. Y no es un error menor. Recurrir a la Justicia para denunciar a los miembros opositores del Tribunal de Cuentas porque “bocharon” una licitación a medida para la compra de drones no solo es un desacierto político: es una señal preocupante para la salud institucional de Córdoba.

El Tribunal de Cuentas no está para aplaudir decisiones del Poder Ejecutivo ni para convalidar expedientes hechos a gusto y medida del gobernante de turno. Su función es clara y constitucional: auditar, controlar y objetar cuando detecta irregularidades en el uso de los fondos públicos. Penalizar esa función —o intentar disciplinarla mediante denuncias judiciales— es ejercer presión sobre funcionarios públicos que cumplen con su deber.

Eso, en cualquier manual básico de democracia republicana, tiene un nombre incómodo: autoritarismo.

La licitación para la compra de drones ya venía rodeada de controversias, sospechas y objeciones técnicas. Lejos de despejar dudas, la reacción del gobernador las multiplica. Cuando un control incomoda y la respuesta es judicializar al que controla, el problema deja de ser el expediente y pasa a ser la concepción del poder.

No es democrático gobernar bajo la lógica del “o me aprueban todo o los denuncio”. No es republicano convertir a la Justicia en una herramienta de apriete político. Y no es sano que un gobernador confunda la defensa de una licitación con la persecución de quienes tienen la obligación de revisarla.

La pregunta de fondo es simple, aunque incómoda:

si la licitación era tan transparente y tan correcta, ¿por qué no corregir lo observado y volver a presentarla?

La respuesta parece estar en la urgencia. Y cuando hay urgencia en gastar, pero intolerancia al control, el olor que queda no es precisamente institucional.

El Tribunal de Cuentas cumple un rol clave: poner límites. Y los límites, por definición, molestan. Pero en una democracia madura, se respetan. Cuando se los intenta quebrar mediante denuncias, se cruza una línea peligrosa: la de intimidar al control para que el poder avance sin frenos.

Llaryora aún está a tiempo de corregir el rumbo. Persistir en esta estrategia no fortalecerá su gestión ni aclarará la compra de los drones. Por el contrario, dejará la sensación de que el problema no es el control, sino que alguien se animó a controlar.

Y cuando eso ocurre, la democracia siempre pierde.