Reformar sin atajos: el desafío de modernizar el Código Penal sin perder el equilibrio

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La reforma del Código Penal volvió al centro del debate público empujada por una consigna tan reiterada como seductora: frente al avance del delito, hace falta un sistema más firme y actualizado. En el punto de partida hay un consenso amplio. El Código vigente arrastra más de un siglo de historia, con capas y capas de modificaciones parciales que lo transformaron en un texto irregular, a veces contradictorio y poco amigable incluso para los especialistas. Modernizarlo no solo es razonable: es necesario. La discusión empieza cuando se analiza cómo y con qué criterios se encara esa tarea.

Un Código Penal no es una ley más dentro del cúmulo legislativo. Es, probablemente, la herramienta más sensible del Estado, porque define cuándo, cómo y hasta dónde puede castigar. Cada artículo delimita la frontera entre la potestad punitiva y la libertad individual. Por eso, una reforma de esta magnitud no admite soluciones rápidas ni consignas simplificadoras. La urgencia política rara vez es buena consejera cuando se trata de normas que van a regir por décadas.

Uno de los ejes más visibles del proyecto oficial es el endurecimiento de las penas. La lógica que lo sostiene es intuitiva: si el castigo es mayor, el delito se retrae. El problema es que esa relación directa, tan atractiva en el discurso, no encuentra respaldo sólido en la experiencia comparada ni en la evidencia empírica. Las sociedades más seguras no son necesariamente las que aplican las condenas más altas, sino aquellas donde el delito tiene altas probabilidades de ser investigado, juzgado y sancionado de manera efectiva.

El riesgo de apostar casi exclusivamente al aumento de penas es conocido y, en la Argentina, especialmente delicado. Un sistema judicial lento, con procesos que se extienden durante años, y un sistema penitenciario al límite de su capacidad convierten cualquier giro punitivista en un boomerang. Penas más altas suelen traducirse en mayores restricciones para otorgar excarcelaciones, más prisiones preventivas y menos margen para salidas alternativas. El resultado no es necesariamente más seguridad, sino más personas detenidas sin condena firme y durante plazos cada vez más prolongados.

Ese dato no es menor. Una porción significativa de la población carcelaria argentina no tiene sentencia definitiva, una anomalía persistente que choca con principios constitucionales y compromisos internacionales asumidos por el país. Endurecer el Código sin atacar este problema estructural equivale a correr el arco: el conflicto no desaparece, solo se traslada hacia adelante y se agrava.

Nada de esto implica negar que el proyecto tenga aspectos valiosos. El mayor reconocimiento del rol de la víctima, por ejemplo, responde a una demanda social legítima y a una evolución lógica del derecho penal contemporáneo. También la ampliación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas va en línea con estándares internacionales y con la necesidad de abordar delitos complejos que no siempre se explican desde la figura del autor individual. Pero incluso estas incorporaciones requieren precisión quirúrgica y debate amplio para evitar desbordes o aplicaciones arbitrarias.

El problema de fondo no es solo el contenido, sino también el clima y el ritmo de la discusión. Impulsar una reforma integral del Código Penal en plazos acotados y en un Congreso atravesado por múltiples temas sensibles alimenta la sospecha de que se está subestimando su impacto. En derecho penal, cada palabra importa. Una coma mal puesta puede alterar garantías básicas o generar interpretaciones expansivas que después resultan difíciles de corregir.

Subyace, además, una tensión clásica pero siempre vigente: prevención versus garantías. El péndulo del debate suele moverse según el clima social. Cuando la inseguridad ocupa el centro de la escena, la tentación es desplazarlo decididamente hacia el lado del castigo. El riesgo es construir un sistema penal basado más en la desconfianza permanente hacia el ciudadano que en reglas claras y previsibles. La promesa de seguridad absoluta, además de inalcanzable, suele tener costos altos en términos de derechos.

La discusión que se abre con esta reforma excede largamente lo técnico. Es política, cultural y social. Obliga a responder una pregunta incómoda pero inevitable: qué tipo de Estado penal quiere la Argentina y hasta dónde está dispuesta a sacrificar garantías en nombre de una eficacia que, hasta ahora, no demostró ser tal.

Actualizar el Código Penal es una deuda pendiente. Hacerlo bien puede fortalecer la legitimidad del sistema y mejorar su funcionamiento. Hacerlo mal, o de manera apresurada, puede profundizar problemas ya existentes. En materia penal, las decisiones se escriben en el Boletín Oficial, pero se pagan en la vida cotidiana. Y casi nunca admiten marcha atrás sencilla.