Los sindicatos endurecen su rechazo a la reforma laboral y ATE lanza una advertencia a los gobernadores

• Los sindicatos movilizaron en Rosario para rechazar la reforma laboral y presionar a los senadores
• El foco de la protesta estuvo puesto en el impacto fiscal del proyecto sobre las provincias
• ATE y otros gremios advierten sobre una pérdida significativa de recursos coparticipables
• El nuevo frente sindical mantiene un perfil más confrontativo y sin aval de la CGT
• Las protestas forman parte de un plan nacional de lucha iniciado a comienzos de febrero
• Este miércoles habrá movilizaciones y paros parciales durante el debate en el Senado

En la víspera del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara alta, el clima social volvió a tensarse con una amplia movilización sindical en Rosario y nuevas medidas de fuerza anunciadas para este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires. Más de un centenar de organizaciones gremiales, nucleadas en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y en espacios opositores a la conducción tradicional del movimiento obrero, salieron a la calle para expresar un rechazo frontal al proyecto impulsado por el Gobierno y para advertir a los gobernadores sobre el rol que jugarán sus senadores en la votación.

La protesta en Rosario fue concebida como un mensaje directo a las provincias. Los organizadores buscaron visibilizar el impacto que, según su diagnóstico, tendría la iniciativa en las economías regionales y en los recursos coparticipables. En ese marco, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, endureció el discurso y apuntó contra los mandatarios provinciales que acompañen la reforma. Para el dirigente estatal, el respaldo político al proyecto no solo implicaría avalar cambios en las relaciones laborales, sino también asumir costos fiscales y sociales de largo alcance.

Desde el sector más combativo del sindicalismo sostienen que el corazón del conflicto no es únicamente laboral, sino también económico. En particular, cuestionan el capítulo impositivo de la reforma y advierten que una eventual reducción del impuesto a las Ganancias para grandes empresas tendría un efecto directo sobre la recaudación provincial. De acuerdo con estimaciones difundidas por ATE, la pérdida anual de recursos superaría el billón de pesos para las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, lo que, aseguran, comprometería el financiamiento de servicios esenciales.

El Gobierno, por su parte, mantiene cerrados los canales de diálogo con este espacio gremial, al que considera intransigente y alineado con una estrategia de confrontación permanente. Esa falta de interlocución alimentó la escalada del conflicto y derivó en un plan de lucha que combina movilizaciones, paros y actos públicos en distintos puntos del país. Sin el respaldo formal de la CGT, el nuevo frente sindical apuesta a consolidar un perfil propio, más duro frente a las políticas de la administración libertaria.

Las críticas no se limitan al contenido puntual de la reforma. Desde FreSU plantean que el proyecto forma parte de un modelo económico más amplio, al que acusan de deteriorar el poder adquisitivo y debilitar la capacidad de negociación de los trabajadores. En esa línea, Aguiar sostuvo que la iniciativa apunta a erosionar el rol de los sindicatos como herramienta de defensa colectiva y anticipó que las medidas de fuerza podrían profundizarse si la ley avanza en el Congreso.

El malestar gremial también se expresó en otras provincias. Días atrás, el mismo nucleamiento realizó una movilización en Córdoba, en el marco de un plan nacional de protestas que busca sostener la presión durante el debate legislativo. Dirigentes sindicales de distintos sectores coincidieron en señalar que los problemas de empleo y productividad no se resuelven con una flexibilización de derechos, sino con políticas económicas que impulsen el crecimiento y el mercado interno.

Mientras tanto, este miércoles la conflictividad se trasladará al centro político del país. La CGT y otras centrales convocaron a concentrarse en las inmediaciones del Congreso, aunque con modalidades diversas. Algunos sindicatos optarán por paros parciales para facilitar la participación de sus afiliados, mientras que los sectores más combativos anunciaron huelgas de veinticuatro horas. En el ámbito estatal, ATE confirmó un paro nacional con movilización, en coincidencia con el debate en el Senado, mientras otros gremios del sector público adoptaron una postura más moderada.

En el transporte, la respuesta será dispar y acotada. Si bien habrá ceses parciales, el funcionamiento general de los servicios se mantendrá durante buena parte de la jornada. En ese escenario, el Congreso se prepara para discutir una reforma que, más allá de su resultado parlamentario, ya dejó en evidencia una fuerte fractura entre el Gobierno y un sector significativo del movimiento obrero organizado.