La Iglesia cuestiona la baja de la edad de imputabilidad y advierte que no reducirá el delito

• La Iglesia católica cuestionó el proyecto para bajar la edad de imputabilidad.
• Los obispos advirtieron que la medida no reducirá la inseguridad.
• El documento fue dirigido a los legisladores que debatirán la iniciativa.
• Se alertó sobre el riesgo de mayor reincidencia en menores de edad.
• La Iglesia citó experiencias regionales donde la baja no dio resultados.
• Propusieron más educación y políticas sociales como alternativa.

En medio del debate parlamentario por la posible modificación del régimen penal juvenil, un grupo de obispos de la Iglesia católica volvió a fijar una postura crítica frente a la iniciativa del Gobierno nacional para reducir la edad de imputabilidad. A través de un documento conjunto, los referentes eclesiásticos advirtieron que la medida no solo no contribuirá a mejorar la seguridad, sino que podría profundizar los problemas estructurales que atraviesan a la infancia y la adolescencia en contextos de vulnerabilidad.

El pronunciamiento fue elaborado por integrantes de las comisiones de Pastoral Social, Pastoral Carcelaria y Cáritas, quienes expresaron su preocupación ante lo que consideran una respuesta punitiva frente a una problemática compleja. En el texto, los obispos remarcan que la inseguridad no puede abordarse únicamente desde el endurecimiento penal y que la discusión debe contemplar políticas integrales orientadas a la inclusión social, la educación y la generación de oportunidades.

La carta, titulada “Bajar la edad no baja el delito: más educación, más oportunidades y más esperanza”, está dirigida a los legisladores que en los próximos días deberán tratar el proyecto en el Congreso. Allí, el clero sostiene que cualquier reforma en esta materia debería surgir de un análisis serio de la realidad y de una responsabilidad institucional genuina, y no de respuestas apresuradas al malestar social ni de coyunturas electorales.

El documento lleva la firma de figuras de peso dentro de la estructura eclesiástica, entre ellas el presidente de Cáritas Nacional, monseñor Gustavo Carrara; el titular de la Pastoral Carcelaria, monseñor Hugo Salaberry; el responsable de la Pastoral Social, monseñor Dante Braida; y el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva. La participación conjunta de estas áreas refuerza el mensaje de la Iglesia, que busca instalar una mirada transversal sobre el impacto social y humano de la iniciativa.

Uno de los ejes centrales del planteo es la advertencia sobre las consecuencias de reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. Según los obispos, se trata de una decisión regresiva que no ataca las causas profundas del delito juvenil. En ese sentido, sostienen que el sistema penitenciario actual no está preparado para cumplir un rol de reinserción social en el caso de niños y adolescentes, sino que, por el contrario, tiende a reproducir dinámicas de violencia y exclusión.

La Iglesia señala que el ingreso temprano al sistema penal suele incrementar los niveles de reincidencia, en lugar de reducirlos. Desde esa perspectiva, alertan que someter a menores de edad a circuitos carcelarios puede consolidar trayectorias delictivas en lugar de interrumpirlas, agravando el problema que se busca resolver.

Para respaldar su posición, el documento hace referencia a experiencias internacionales. Los obispos mencionan casos de países de la región donde la edad de imputabilidad es incluso menor, como Ecuador, Honduras o Brasil, y remarcan que en esos contextos no se verificaron mejoras sustanciales en los índices de seguridad. Por el contrario, sostienen que Argentina, con una edad de imputabilidad más alta, presenta niveles de violencia comparativamente más bajos dentro de América Latina.

Lejos de negar la gravedad de los delitos cometidos por menores, la Iglesia propone un enfoque alternativo centrado en la prevención y la contención. En ese marco, insiste en la necesidad de fortalecer el sistema educativo, ampliar las políticas sociales y garantizar el acompañamiento estatal en los primeros años de vida, como estrategias más eficaces para reducir el delito a largo plazo.

El posicionamiento del clero introduce así una voz crítica en un debate atravesado por la urgencia social y la presión política. Con su intervención, la Iglesia busca correr el eje de la discusión y poner el foco en las condiciones estructurales que influyen en la violencia juvenil, advirtiendo que las respuestas simplistas pueden generar efectos contrarios a los buscados.