Jorge Macri se pronunció a favor de la baja en la edad de imputabilidad y pidió un nuevo régimen penal juvenil

• Jorge Macri se expresó a favor de la baja en la edad de imputabilidad.
• Propuso crear un régimen penal juvenil para juzgar delitos graves cometidos por menores.
• Cuestionó el funcionamiento de la “puerta giratoria” y la falta de consecuencias reales.
• Reconoció que los menores cometen menos delitos, pero destacó el impacto social de los casos graves.
• Defendió sanciones firmes con sistemas de detención diferenciados de los adultos.
• Pidió un debate profundo y responsable sobre seguridad y justicia juvenil.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se manifestó a favor de avanzar en la baja de la edad de imputabilidad y en la creación de un régimen penal juvenil que permita juzgar a menores que cometen delitos graves. Según sostuvo, el debate no puede seguir postergándose y debe darse de manera integral, con el objetivo de fortalecer la respuesta del Estado frente a hechos delictivos que generan una fuerte conmoción social.

Para Macri, el principal problema del sistema actual no radica únicamente en la edad de quienes delinquen, sino en la falta de consecuencias reales ante la comisión de delitos. En ese sentido, cuestionó el funcionamiento de lo que definió como una “puerta giratoria”, donde las detenciones policiales no se traducen en sanciones efectivas y los mismos infractores vuelven rápidamente a la calle. Desde su perspectiva, esa dinámica debilita la autoridad del Estado y alimenta la sensación de inseguridad.

El mandatario porteño reconoció que las estadísticas muestran que los menores participan en una proporción menor del total de delitos si se los compara con los adultos. Sin embargo, advirtió que los casos graves protagonizados por adolescentes tienen un impacto social mucho mayor y generan una percepción de desprotección que no puede ser ignorada. En ese marco, planteó que el Estado debe estar preparado para dar una respuesta clara y firme cuando se trata de delitos de extrema gravedad.

Bajo la consigna de “a delito de adulto, pena de adulto”, Macri defendió la necesidad de que los jóvenes que cometen crímenes graves enfrenten sanciones acordes a la magnitud de los hechos. No obstante, aclaró que esa respuesta no debe replicar el esquema penitenciario de los mayores. La propuesta contempla la creación de un sistema de detención diferenciado, que evite que adolescentes de 14 o 15 años compartan espacios con delincuentes experimentados.

Según explicó, un régimen penal juvenil específico permitiría intervenir de manera temprana y evitar que los jóvenes queden atrapados definitivamente en el circuito delictivo. Para Macri, la ausencia de una respuesta contundente frente a la reincidencia termina consolidando trayectorias criminales y profundizando la exclusión. En cambio, un sistema que combine sanción, control y abordaje diferenciado podría ofrecer una oportunidad de recuperación antes de que el daño sea irreversible.

El jefe de Gobierno insistió en que la justicia debe transmitir un mensaje claro: quien comete un delito no puede recuperar la libertad de manera automática a los pocos días. Desde su óptica, la previsibilidad de la sanción es un factor central para desalentar el delito y reconstruir la confianza social en las instituciones. En ese sentido, consideró imprescindible que el debate legislativo avance con responsabilidad y sin consignas simplistas.

Macri planteó que la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad debe darse sin prejuicios ni negaciones de la realidad, atendiendo tanto a la protección de la sociedad como a la situación de los propios jóvenes involucrados en hechos delictivos. A su entender, postergar indefinidamente el debate solo profundiza las falencias del sistema y deja sin respuestas a las víctimas y a la ciudadanía en general.

Así, el jefe de Gobierno porteño volvió a poner en el centro de la agenda pública una discusión sensible y de alto impacto político, al impulsar una reforma que apunta a redefinir el modo en que el Estado aborda los delitos cometidos por menores, en un contexto marcado por la demanda social de mayor seguridad y eficacia institucional.