Procesan a ex funcionarios del Gobierno de Alberto Fernández por la Causa Guardapolvos

• Procesaron a ex funcionarios del Gobierno de Alberto Fernández por fraude al Estado
• La causa investiga un convenio por más de 710 millones de pesos
• Se detectaron inconsistencias graves en la producción y entrega de guardapolvos
• Las cooperativas no acreditaron capacidad productiva ni trabajo real
• El juez señaló un perjuicio patrimonial y un daño social directo
• Se ordenaron embargos millonarios y otras medidas cautelares

La investigación judicial conocida como Causa Guardapolvos dio un paso decisivo con el procesamiento de trece personas, entre ellas ex funcionarios del Gobierno de Alberto Fernández y responsables de cooperativas, acusadas de haber participado en una maniobra de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional. El expediente analiza el destino de fondos públicos asignados a la confección de guardapolvos escolares que debían ser entregados a alumnos de sectores vulnerables, pero cuya producción y distribución nunca pudieron ser acreditadas de manera fehaciente.

La resolución fue dictada por el juez federal Sebastián Casanello, quien consideró que existen elementos suficientes para sostener que una porción sustancial de los recursos transferidos fue utilizada de forma indebida. La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el Ministerio de Capital Humano y se centra en un convenio firmado en 2023, durante la última etapa de la gestión anterior, entre el entonces Ministerio de Desarrollo Social y la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio Ltda.

Ese acuerdo preveía el desembolso de más de 710 millones de pesos para la confección de 165.000 guardapolvos escolares, sin licitación pública y bajo la modalidad de convenio directo, amparado en programas de asistencia social. Según el juez, la operatoria se llevó adelante sin los controles mínimos exigibles y con graves inconsistencias en la documentación que debía respaldar la contraprestación.

Entre los exfuncionarios procesados figura Leonardo Sebastián Moyano, quien se desempeñó como secretario de Articulación de Política Social. De acuerdo con el fallo, fue quien firmó el convenio, autorizó los pagos, certificó supuestas entregas y avaló prórrogas y adendas, aun cuando ya existían señales claras de incumplimiento. La Justicia también alcanzó a otros exintegrantes de la estructura administrativa por omitir controles y permitir que el trámite avanzara pese a las irregularidades detectadas.

El fallo dedica un apartado central al análisis de las cifras vinculadas a la producción de los guardapolvos. Mientras que desde el Ministerio se certificaron más de 115.000 prendas como recibidas y la cooperativa afirmó haber entregado una cantidad aún mayor, el juez sostuvo que solo alrededor de 78.000 guardapolvos cuentan con respaldo documental válido. Esta brecha, remarcó, impide tener certeza sobre el cumplimiento real del contrato y refuerza la hipótesis de una simulación.

Otro punto crítico fue la supuesta capacidad productiva de la cooperativa beneficiaria. La investigación determinó que no se presentaron nóminas de trabajadores, comprobantes de pagos a asociados ni pruebas de una estructura operativa acorde al volumen contratado. Además, se verificó que la cooperativa subcontrató de hecho a otras entidades, algunas de ellas sin relación directa con la actividad textil, lo que contradice el objeto del convenio y el espíritu de los programas sociales invocados.

El magistrado también descartó los argumentos defensivos que sostenían que la producción se habría realizado en talleres informales de la economía popular. Según la resolución, no se aportaron recibos, registros ni ningún otro elemento que permita vincular los fondos públicos con trabajo efectivo y producción real. A esto se sumó la desproporción entre la cantidad de guardapolvos comprometidos y el exiguo plazo previsto para su confección, lo que fue interpretado como un indicio adicional de irregularidad.

Para Casanello, el Estado Nacional sufrió un perjuicio patrimonial directo al desembolsar fondos sin contar con pruebas suficientes de la contraprestación, y un daño social agravado, ya que los guardapolvos estaban destinados a niños y niñas de escuelas públicas. En consecuencia, ordenó embargos por más de 3.130 millones de pesos, la inhibición general de bienes, el congelamiento de cuentas de las cooperativas involucradas y restricciones para los imputados, aunque sin dictar prisión preventiva.

La causa continuará ahora su trámite judicial, con el foco puesto en profundizar las responsabilidades individuales y determinar el alcance penal de una operatoria que, según la Justicia, combinó descontrol administrativo, uso indebido de fondos públicos y una grave afectación a políticas sociales sensibles.