La Justicia argentina activa un pedido de extradición contra Nicolás Maduro y apela a la jurisdicción universal

• La Justicia argentina formalizó un pedido de extradición contra Nicolás Maduro para tomarle declaración indagatoria.
• El exhorto fue dirigido a los Estados Unidos y se basa en el tratado bilateral de extradición de 1997.
• La causa se apoya en el principio de justicia universal para investigar delitos de lesa humanidad.
• Los tribunales consideraron que en Venezuela no existen garantías judiciales independientes.
• Se mantienen vigentes las alertas rojas de Interpol contra Maduro y otros jerarcas del régimen.
• La decisión final sobre la extradición quedará en manos de las autoridades estadounidenses.

La Justicia federal argentina dio un paso de fuerte impacto político y jurídico al avanzar en la causa que investiga presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas en Venezuela. El juez federal Sebastián Ramos formalizó un pedido de extradición contra Nicolás Maduro, con el objetivo de que el líder del régimen chavista sea trasladado a la Argentina para prestar declaración indagatoria en el marco de una investigación por delitos de lesa humanidad.

La decisión, adoptada el 4 de febrero, se apoya en un escenario considerado excepcional por los tribunales locales: la presunción de que Maduro se encontraría privado de su libertad en los Estados Unidos. Bajo esa hipótesis, la Justicia argentina busca activar de manera urgente los mecanismos de cooperación internacional para asegurar su comparecencia ante los tribunales de Comodoro Py.

El exhorto judicial fue dirigido a las autoridades estadounidenses y se sustenta en el tratado bilateral de extradición firmado entre ambos países en 1997. El objetivo inmediato del pedido es cumplir con la citación a indagatoria, un paso procesal clave que había sido ordenado por la Cámara Federal porteña en septiembre de 2024 y ratificado nuevamente a comienzos de este año. Para los jueces, se trata de una instancia indispensable para definir la situación procesal del imputado y avanzar en la investigación.

Con el fin de evitar demoras administrativas, el magistrado dispuso la traducción urgente de toda la documentación y ordenó que el trámite se canalice a través del área del Ministerio de Relaciones Exteriores encargada de la asistencia jurídica internacional. La premura responde a la posibilidad concreta de que el requerido se encuentre bajo custodia de un tercer Estado, lo que habilita una ventana temporal limitada para formalizar el reclamo.

La medida no surge de manera aislada. Es la consecuencia directa de la aplicación del principio de justicia universal, una doctrina del derecho internacional que habilita a los Estados a juzgar crímenes de extrema gravedad más allá del lugar donde fueron cometidos. Torturas, desapariciones forzadas, asesinatos y persecución política integran el catálogo de delitos alcanzados por este criterio, siempre que se demuestre la ausencia de un sistema judicial independiente en el país de origen.

En el análisis del caso venezolano, la Justicia argentina consideró que el Poder Judicial de ese país carece de autonomía frente al Ejecutivo, lo que impediría una investigación genuina de los hechos denunciados. Esa conclusión habilitó a los tribunales locales a asumir competencia y a avanzar sobre responsabilidades individuales de la cúpula del régimen.

El expediente se originó a partir de denuncias presentadas por organizaciones vinculadas a la defensa de la democracia y los derechos humanos, y se robusteció con testimonios de víctimas que lograron exiliarse en la Argentina. La querella representa a familiares de personas que habrían sufrido el accionar de los organismos de inteligencia venezolanos, señalados como piezas centrales de un esquema represivo sistemático.

En paralelo al pedido de extradición, el juez dispuso reforzar las medidas de alcance internacional. Ordenó notificar a Interpol para mantener vigentes las alertas rojas que pesan sobre Maduro y otros altos funcionarios de su gobierno, y comunicó la resolución al fiscal interviniente y a las querellas. Además, rechazó presentaciones de terceros que no cumplían con los requisitos formales, con el objetivo de concentrar la causa en el núcleo central de la investigación.

El avance judicial reaviva un debate sensible en el plano internacional y coloca nuevamente a la Argentina en el centro de causas de alto contenido geopolítico. Ahora, la definición queda en manos de las autoridades estadounidenses, que deberán evaluar el pedido a la luz del tratado bilateral y del complejo escenario político y diplomático que rodea al caso.