Drones y presión política: cuando el control molesta al poder

El operativo judicial vinculado a la frustrada licitación para la compra de drones terminó por elevar la tensión política en Córdoba y dejó al descubierto una situación mucho más preocupante que la propia causa administrativa: la presión del Poder Ejecutivo sobre un organismo que tiene como función constitucional controlar al gobierno.

El fiscal Guillermo Casas requirió información del expediente en la sede del organismo de control, en el marco de la investigación por la licitación caída. Si bien desde la fiscalía se aclaró que no hubo allanamiento, la sola presencia judicial activó una fuerte señal política que fue leída, puertas adentro, como un mensaje disciplinador.

El vocal del Tribunal de Cuentas, Julián Corvalán, fue explícito al denunciar que el Gobierno provincial busca “presionarlo”. No se trata de una frase al pasar ni de una exageración retórica: cuando un órgano de control rechaza una licitación a medida y, como respuesta, aparece la Justicia requiriendo expedientes, el mensaje es claro.

El problema de fondo no son los drones. El problema es institucional. En una república, los organismos de control existen precisamente para decir que no, para frenar gastos dudosos, para auditar al poder y evitar abusos. Cuando el Ejecutivo reacciona con enojo ante un dictamen adverso y promueve —directa o indirectamente— acciones que intimidan a quienes controlan, se cruza una línea peligrosa.

El gobierno de Martín Llaryora parece no tolerar que le marquen límites. Y esa intolerancia se traduce en un clima de presión permanente sobre quienes no se alinean. Judicializar el control, o usar el peso del aparato estatal para condicionar a funcionarios independientes, no es un acto democrático: es una práctica autoritaria.

Resulta llamativo que quienes pregonan transparencia y modernización del Estado reaccionen con virulencia cuando un organismo cumple su rol. Más llamativo aún es que el oficialismo no dé explicaciones políticas claras sobre la licitación frustrada y, en cambio, concentre su energía en cuestionar a quienes la observaron.

La aclaración de la fiscalía —negando un allanamiento— no disipa el problema de fondo. La presión no siempre necesita órdenes escritas ni procedimientos extremos. A veces alcanza con instalar miedo, exponer funcionarios o enviar señales de castigo ejemplificador.

Si el control molesta, el problema no es el control.

Si el gobierno se siente acorralado por un dictamen técnico, el problema no es el dictamen.

El verdadero problema es un poder que confunde gobernar con mandar y controlar con obedecer.

Córdoba no necesita drones comprados a cualquier precio.

Necesita instituciones fuertes, controles independientes y un gobierno que entienda que ser auditado no es un ataque, sino una obligación democrática.