Escándalo por Discapacidad: procesan a una ex funcionaria y revelan un entramado de negocios con información estatal

• Procesaron a Ornella Calvete en el marco del escándalo por Discapacidad
• La Justicia confirmó el secuestro de una suma millonaria en su departamento
• Se la acusa de usar información estatal para beneficiar negocios privados
• Chats y archivos enviados a su padre son pruebas centrales de la causa
• La investigación incluye contrataciones irregulares y desvío de fondos públicos
• El juez ordenó un embargo preventivo por más de 94 mil millones de pesos

La causa judicial que investiga presuntas maniobras de corrupción en el área de Discapacidad sumó un nuevo y contundente capítulo con el procesamiento de Ornella Calvete, ex funcionaria del Ministerio de Economía, señalada como una pieza clave dentro de un esquema que habría utilizado información sensible del Estado para favorecer intereses privados. La resolución, dictada por el juez federal Sebastián Casanello, alcanzó también a su padre y a otros 17 imputados, y expuso una trama que, según la acusación, trascendía ampliamente el ámbito sanitario.

Si bien Calvete no quedará detenida, la Justicia ratificó el secuestro de una suma millonaria encontrada en su departamento de Puerto Madero durante un allanamiento realizado en octubre pasado: cerca de 700 mil dólares, casi 20 millones de pesos y una cantidad menor en euros. El procedimiento se llevó a cabo cuando la funcionaria aún ocupaba un cargo jerárquico en la estructura del Estado. Pocos días después, presentó su renuncia, en medio de un creciente escándalo político y judicial.

Para el fiscal Franco Picardi, la exdirectora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial tuvo un rol operativo central en la presunta maniobra delictiva. Desde su posición, y también durante su paso previo por un área de análisis económico, habría recolectado y canalizado información reservada que luego fue utilizada por su entorno familiar para desplegar distintos negocios. La investigación sostiene que ese accionar comenzó incluso antes de su designación formal, cuando ya realizaba averiguaciones internas sobre áreas sensibles vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad.

Uno de los puntos más relevantes del expediente es el uso de bases de datos oficiales para obtener listados de empresas y potenciales clientes. De acuerdo con las pruebas reunidas, Calvete envió a su padre archivos con información detallada extraída de registros estatales, que no guardaban relación directa con sus funciones públicas. Para los investigadores, ese material fue clave para identificar oportunidades comerciales y diseñar estrategias de lobby en sectores como el de agroquímicos y fertilizantes, ajenos al sistema de prestaciones por discapacidad.

Las comunicaciones incorporadas a la causa refuerzan la hipótesis de un conocimiento pleno de la ilegalidad de las maniobras. En varios intercambios de mensajes, la exfuncionaria discutió con su padre la necesidad de ocultar la verdadera titularidad de las empresas involucradas mediante “nombres de fantasía”, con el objetivo de evitar quedar expuestos como beneficiarios finales. En otros chats, alertó sobre la presencia policial en su edificio y manifestó su preocupación por no poder justificar el origen del dinero que tenía guardado en su vivienda.

El expediente también revela que el escándalo por Discapacidad no se habría limitado a un solo circuito de negocios. La acusación sostiene que Calvete facilitó la inserción de personas vinculadas al grupo en contratos y programas estatales, lo que permitió canalizar fondos públicos hacia colaboradores cercanos a su padre. Estas maniobras habrían servido para diversificar ingresos y sostener la estructura económica del presunto entramado, utilizando la influencia de la funcionaria para asegurar pagos y designaciones.

En su defensa, presentada por escrito, Calvete negó haber integrado sociedades, gestionado contrataciones o mantenido vínculos comerciales con las empresas mencionadas en la causa. También afirmó que los mensajes analizados por la Justicia fueron mal interpretados y que no guardan relación con actividades delictivas. Sin embargo, el juez Casanello consideró que el conjunto de pruebas reunidas resulta suficiente para avanzar con el procesamiento.

Como consecuencia de su presunta participación activa en la estructura investigada, el magistrado ordenó un embargo preventivo por más de 94 mil millones de pesos, una cifra que da cuenta de la magnitud económica que, según la investigación, habrían tenido las maniobras. La causa continúa en trámite y podría ampliarse a medida que se profundice el análisis del material secuestrado y las responsabilidades individuales dentro del escándalo que sacude al área de Discapacidad.