Después del Congreso, los tribunales: la reforma laboral y la batalla que se anticipa en la Justicia

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La reforma de Modernización Laboral avanza en el Congreso envuelta en una paradoja que define buena parte de la lógica política del actual oficialismo: la convicción de que la iniciativa será aprobada en términos generales convive con la incertidumbre sobre algunos de sus capítulos más sensibles. En especial, aquel que toca un nervio siempre expuesto en la Argentina: el impuesto a las Ganancias que pagan las empresas. La discusión no es técnica. Es política, fiscal y, sobre todo, estratégica.

En el Gobierno descuentan que, en cuestión de semanas, el proyecto conseguirá luz verde. Sin embargo, nadie parece tener plena certeza sobre el texto definitivo que llegará a Diputados desde el Senado. La negociación se volvió más fina de lo esperado. Hay artículos que podrían ser retocados a último momento, concesiones menores para sumar voluntades, y un punto que concentra todas las miradas: la eventual rebaja de Ganancias para el sector empresario. Allí se juega buena parte del apoyo de los gobernadores, que hoy miran los números con una lupa cada vez más severa.

El argumento oficial es conocido y seductor: una reforma laboral más flexible estimularía la registración del empleo, ampliaría la base contributiva y terminaría generando más recursos para las provincias. Un sacrificio presente a cambio de un beneficio futuro. El problema es que la política suele desconfiar de las promesas diferidas, especialmente cuando la caja aprieta. Y la caja aprieta. Los últimos datos de recaudación muestran una caída real persistente, que ya lleva medio año. En ese contexto, pedirles a los mandatarios provinciales que acepten resignar ingresos hoy exige algo más que fe en el derrame.

Dentro del propio oficialismo conviven dos miradas. Una sostiene que sin algún gesto en Ganancias el capítulo no pasará el filtro legislativo. La otra, más pragmática —o más temeraria—, especula con dejarlo caer para preservar recursos y, aun así, capitalizar los efectos económicos de la reforma en su conjunto. No sería la primera vez que un gobierno convierte una derrota parcial en una narrativa de victoria estratégica.

Los gobernadores, por su parte, juegan su propio partido. Muchos sienten que ya aportaron más de lo que podían al ajuste nacional y que ahora cualquier nuevo pedido se inscribe en un juego de suma cero. Además, el horizonte electoral de 2027 empieza a pesar. Nadie quiere llegar debilitado a una contienda provincial por haber avalado una merma de recursos que no se traduzca rápidamente en resultados visibles. Con esa lógica, el mensaje es claro: sin cambios concretos, no habrá respaldo.

Aun así, hay gestos que llaman la atención. Algunos mandatarios que no suelen alinearse automáticamente con la Casa Rosada evitaron sumarse a la ofensiva sindical contra la reforma. Tampoco participaron de reuniones que buscaban coordinar una postura común de las provincias. No es adhesión explícita, pero sí una señal de que el vínculo no está roto y que el oficialismo conserva márgenes para negociar.

En el círculo más cercano al Presidente dan por hecho que la votación general será positiva en ambas cámaras. Por eso, la mirada ya se corre hacia el día después: la judicialización. La experiencia reciente alimenta esa expectativa. Cada reforma estructural impulsada por el Gobierno encontró, tarde o temprano, un obstáculo en los tribunales. La laboral no sería la excepción.

En la Casa Rosada creen que existe una alianza tácita entre el fuero laboral, ciertos estudios jurídicos y el sindicalismo para frenar o demorar la aplicación de los cambios. Consideran que ese entramado explica buena parte de los costos que arrastra la economía desde hace años. La apuesta oficial es resistir ese embate sin confrontar abiertamente con la Justicia, limitándose a los recursos legales y evitando declaraciones altisonantes. Una estrategia que, sostienen, les permitió sostener reformas previas.

La expectativa es que el conflicto termine, inevitablemente, en la Corte Suprema. Allí el Gobierno percibe matices, cambios de clima y, quizás, una mayor receptividad a una visión que intente equilibrar la protección del trabajador con la necesidad de generar empleo privado. Nadie lo dice en voz alta, pero en el poder siempre se toman nota de los gestos.

Mientras tanto, las tensiones internas también afloran. El discurso contra los privilegios judiciales convive con decisiones que los refuerzan, como aumentos significativos en ciertos organismos. Y puertas adentro del Estado crece el malestar en capas intermedias de la administración, que ven congelados sus salarios mientras otros escalones recuperan terreno perdido.

En paralelo, la rosca política no se detiene. Las fotos, los encuentros y las señales cruzadas entre dirigentes del oficialismo y aliados potenciales anticipan una reconfiguración del mapa opositor, especialmente en la provincia de Buenos Aires. La reforma laboral funciona, en ese sentido, como un test de lealtades. Quien acompañe hoy, será tenido en cuenta mañana. Quien se desmarque, quedará bajo observación.

La Argentina vuelve a transitar un momento en el que economía, política y Justicia se entrelazan de manera inevitable. La reforma laboral es mucho más que un proyecto de ley: es una prueba de poder, de cohesión y de capacidad para sostener un rumbo en medio de resistencias previsibles. El resultado no solo se medirá en votos, sino en la habilidad del Gobierno para administrar las consecuencias.