



Por RICARDO ZIMERMAN
x: @RicGusZim1
El recinto de la Cámara de Diputados ofreció, en la madrugada, una escena tan inesperada como elocuente. Sin anuncios previos y con una velocidad poco habitual para decisiones de alto voltaje institucional, el oficialismo libertario y el kirchnerismo confluyeron en una votación conjunta para completar las vacantes en la Auditoría General de la Nación. El impacto no fue sólo visual ni circunstancial: expuso un giro político que resuena más allá del episodio puntual y deja secuelas en el delicado entramado de alianzas que sostiene al Gobierno.
La maniobra fue ejecutada con una celeridad quirúrgica. Tan fuera de libreto estuvo que algunos de los designados llegaron al Congreso alertados a último momento por llamados telefónicos, cuando la votación ya estaba en marcha. La sorpresa no alcanzó únicamente a la oposición dura, sino que dejó descolocados a socios circunstanciales del oficialismo y a bloques que, sin ser abiertamente opositores, eligieron retirarse o abstenerse. La foto final mostró una coincidencia que hasta hace poco parecía políticamente inconcebible: La Libertad Avanza y Unión por la Patria votando en tándem.
Ese acuerdo, sellado en una madrugada cargada de simbolismo, tuvo una lectura inmediata en clave interna y otra, más profunda, en el sistema político. Para el Gobierno, significó cruzar una frontera discursiva largamente subrayada: la que separaba a la administración Milei de aquello que suele englobarse bajo el rótulo de “casta”, con el kirchnerismo como emblema principal. Para sus aliados, en cambio, fue una señal inquietante de pragmatismo extremo, cuando no de deslealtad.
Hasta ahora, las negociaciones para cubrir los cargos en la AGN habían chocado con un obstáculo persistente: la distribución de lugares. El esquema que finalmente se impuso —dos representantes vinculados al peronismo y uno al oficialismo— nunca había sido aceptado abiertamente por los socios de Olivos. El PRO, con el impulso personal de Mauricio Macri, y sectores del radicalismo habían reclamado su espacio. Esa pulseada, que se extendió durante los dos primeros años del gobierno libertario, se resolvió de manera abrupta, sin concesiones visibles a los aliados históricos.
El acuerdo no fue aislado del contexto. Se produjo en pleno tratamiento del Presupuesto 2026, prioridad absoluta del Ejecutivo desde octubre, junto con la reforma laboral. La negociación principal se dio con el núcleo duro del kirchnerismo, pero incluyó conversaciones paralelas con sectores del peronismo no alineados con Cristina Fernández de Kirchner. Allí aparece el rol del gobernador salteño Gustavo Sáenz, enfrentado con el cristinismo en su provincia, pero con puentes activos dentro del PJ. El resultado fue la designación de Pamela Calletti, que se sumó a Mónica Almada, cercana a la LLA, y a Juan Forlón, figura de relación directa con CFK y Máximo Kirchner.
Dentro del oficialismo, la elección de Almada fue leída como un movimiento de la interna libertaria. La decisión habría partido de Karina Milei, una vez garantizado el entendimiento con el peronismo, gestionado por Martín y “Lule” Menem. La rapidez de la jugada, incluso el horario elegido, habría tenido un objetivo adicional: cerrar el tablero antes de que otros actores del poder, como Santiago Caputo, intentaran intervenir.
El impacto político no tardó en sentirse. La reacción del PRO, de sectores del radicalismo afines al Gobierno y de bloques provinciales fue inmediata, amplificada por las tensiones que ya atravesaban el debate presupuestario. No se descarta, incluso, una judicialización del caso AGN. Más allá de ese desenlace, la herida entre el oficialismo y sus aliados quedó abierta. Podrá cicatrizar con el tiempo, pero difícilmente desaparezca sin dejar marca.
El clima se enrareció aún más con la inclusión, en el Presupuesto, de un capítulo destinado a derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. El Gobierno insistió en ese punto pese a las advertencias tempranas y evitó explorar alternativas. El intento de blindar ese artículo terminó por convertirlo en el eje del debate, opacando la aprobación general del Presupuesto y dejando al oficialismo a la defensiva.
Desde la Casa Rosada se filtró incluso la posibilidad de un veto si el Senado no lograba revertir la situación, una señal que cayó mal entre los gobernadores. El malestar fue particularmente fuerte en provincias que encabezan el reparto de ATN tras una prolongada sequía de fondos, como Tucumán y Catamarca, pero también alcanzó a distritos gobernados por antiguos aliados de Juntos por el Cambio. Hubo luego llamados para distender, al tiempo que se retomaban negociaciones con la Ciudad de Buenos Aires por viejos reclamos financieros.
Las consecuencias no se limitaron al Presupuesto. La reforma laboral, que el oficialismo pretendía aprobar con rapidez, quedó postergada. El dictamen del Senado reprodujo el texto de Diputados sin las derogaciones más controvertidas y el tratamiento de la nueva norma laboral fue condicionado a febrero, siempre que no surjan nuevas sorpresas.
El Presupuesto llegará al recinto del Senado el viernes 26. El Gobierno evalúa introducir cambios menores para ajustar cuentas, evitando reabrir el capítulo más sensible. Cualquier intento de hacerlo podría terminar en los tribunales. Si hay modificaciones, el proyecto volverá a Diputados, donde Martín Menem ya pidió a su bloque estar preparado para sesionar a fin de mes.
Tras las elecciones de octubre, el Ejecutivo trasladó el centro de gravedad político al Congreso. Diego Santilli asumió un rol clave en las negociaciones con gobernadores, ofreciendo ATN, compensaciones previsionales y reactivación de obras como moneda de cambio. Ese costo político se pensó para un paquete de leyes. Hoy, amenaza con duplicarse, con la reforma laboral en el horizonte y el episodio de la AGN como lastre para la imagen.
Dentro del oficialismo crecen las recriminaciones internas. Se habla de errores no forzados, de daños autoinfligidos. Pero más allá de las explicaciones, el episodio deja una certeza: frente a la urgencia de gobernar, el poder optó por las reglas de siempre. La “nueva política”, al menos por una noche, decidió jugar con las cartas de la vieja.





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