El poder en la mano y la prueba de gobernar

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

El cierre de 2025 ha sorprendido a muchos. Un año que, hasta hace poco, parecía destinado al fracaso para el Gobierno, ha tomado un giro inesperado. La combinación de un respaldo electoral abrumador y una ayuda crucial de Estados Unidos en los momentos más delicados ha dado al Ejecutivo la fuerza política que había carecido durante sus primeros años. Hoy, el presidente Javier Milei luce un liderazgo renovado, una musculatura política difícil de ignorar y un volumen parlamentario que parecía inalcanzable hasta hace apenas meses. Con estos avances en su haber, el mandatario argentino encara ahora la hora de traducir el impulso de la victoria en resultados tangibles, y los primeros desafíos serán la aprobación del Presupuesto 2026 y la ambiciosa reforma laboral, dos propuestas clave para el futuro de su gestión.

Sin embargo, la prueba más difícil puede ser la que viene ahora: transformar la legitimidad obtenida en las urnas en una verdadera capacidad de gobernar. A lo largo de su mandato, Milei ha dicho en repetidas ocasiones que necesita una "gran reforma", y si bien el proceso que se inicia ahora no es una reforma de la magnitud que muchos esperaban, sí representa un punto de inflexión. La forma en que logre materializar este "shock de legitimidad" en políticas concretas será el factor determinante para medir el éxito de su gestión.

En lo inmediato, el Gobierno tiene ante sí un diciembre más tranquilo de lo esperado. Lejos de la agitación política que históricamente caracteriza al cierre de cada año, este diciembre parece ser el momento elegido para poner en marcha sus proyectos más ambiciosos: la sanción del primer presupuesto de la era Milei y el avance de la reforma laboral en el Senado. La rapidez con la que el oficialismo quiere impulsar estos dos proyectos, con la meta de que ambos sean sancionados antes de fin de mes, no solo será un reflejo de la capacidad operativa del Gobierno, sino también un test sobre cómo sus aliados en el Congreso responderán a los nuevos desafíos.

Aquí, el elemento clave será la capacidad del oficialismo para negociar con los gobernadores. En la reforma laboral y en la aprobación del Presupuesto, los mandatarios provinciales jugarán un papel crucial. Sin embargo, las negociaciones con ellos no serán fáciles. Por un lado, el Presupuesto está más encaminado, pero la reforma laboral requiere de consensos mucho más complejos. Será un proceso en el que la aritmética política debe ser de precisión quirúrgica, y cualquier error podría derivar en una derrota costosa, no solo en términos legislativos, sino también en lo que respecta al futuro de los acuerdos y pactos con los gobernadores. La dificultad radica en que no todos los mandatarios provinciales estarán dispuestos a apoyar las iniciativas sin obtener contraprestaciones concretas. En un contexto de restricciones fiscales y tensiones por el gasto público, el gobierno de Milei deberá gestionar sus acuerdos de manera inteligente para no quedar atrapado por una política de concesiones sin los beneficios correspondientes.

Pero el desafío no se limita a las negociaciones políticas, sino que también involucra la necesaria gestión de los "perdedores". No todos los gobernadores estarán contentos con el resultado de estos acuerdos. Algunos de ellos ya expresaron su descontento por no recibir los recursos que esperaban, y la forma en que el Gobierno maneje esta disidencia será clave para mantener la estabilidad interna. Aquí surge otra interrogante: ¿qué tan sostenibles serán estos acuerdos en el tiempo? ¿Logrará Milei mantener el respaldo de los gobernadores en el largo plazo, o el Gobierno comenzará a perder aliados en la medida que se vayan agotando las concesiones políticas?

En el ámbito laboral, la reforma que propone el Gobierno se presenta como una de las grandes apuestas del presidente Milei. En términos generales, el proyecto ha sido recibido con cierto entusiasmo por los sectores más afines a la administración, pero con una fuerte oposición por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), que ve en la reforma una amenaza a sus prerrogativas. A pesar de la resistencia sindical, el contexto político actual juega a favor del Gobierno. La CGT se encuentra fragmentada y debilitada por la crisis interna que atraviesa el peronismo, lo que limita su capacidad de presión sobre el Ejecutivo. A su vez, los bloques justicialistas en el Congreso han perdido poder, lo que podría facilitar el avance de la reforma, siempre que Milei logre consolidar la mayoría necesaria en ambas cámaras.

No obstante, el riesgo que enfrenta el Gobierno es evidente. Si bien la reforma laboral podría ser uno de los principales logros de Milei en términos de política económica, el presidente debe evitar caer en la tentación de sobredimensionar su respaldo y caer en un exceso de euforia. Las actitudes auto celebratorias podrían jugarle en contra, y la tentación de presentar como "victorias anticipadas" los proyectos que aún están en proceso podría desvirtuar los resultados finales. No reconocer los posibles errores y no atender las necesidades urgentes de la población podría convertirse en una de las principales debilidades del Gobierno.

Un aspecto fundamental que aún está pendiente es la situación económica. Aunque la estabilización macroeconómica parece haber avanzado, el país sigue enfrentando problemas estructurales críticos. La deuda externa, el riesgo país, las altas tasas de interés y la inflación, que aunque ha descendido en términos interanuales, sigue siendo un problema persistente, siguen siendo desafíos que el Gobierno no puede ignorar. El aumento de la inflación, especialmente en la canasta básica alimentaria, está afectando de manera directa a los sectores más vulnerables, y si el Gobierno no logra un crecimiento económico sostenido, corre el riesgo de no cumplir con las expectativas generadas.

Por último, la gran pregunta que sobrevuela la administración de Milei es si el crecimiento económico que se proyecta podrá aliviar las dificultades de los ciudadanos comunes. La reforma laboral y las políticas liberales prometen generar competitividad, pero el Gobierno deberá tener en cuenta que una economía sin intervención estatal puede carecer de los mecanismos necesarios para sostener el empleo en un contexto de recesión y crisis global. Si la política productiva no acompaña las reformas, el proyecto de Milei podría terminar siendo un ejercicio de liberalismo sin crecimiento real, lo que pondría en riesgo las promesas de mejora que hoy entusiasman a buena parte de la población.