Presupuesto 2026: el Gobierno acelera para blindar la ley y reordenar su relación con las provincias

• El Gobierno da por segura la sanción del Presupuesto 2026, sin cambios en el Senado.
• La estrategia busca evitar volver a Diputados y cerrar rápido el debate.
• El Capítulo XI cayó por falta de consenso con gobernadores aliados.
• Las provincias cuestionaron un esquema eléctrico que las obligaba a asumir deudas.
• Tras el revés, Milei ordenó replegarse y no derogar leyes sensibles.
• La relación Nación-provincias quedó tensionada y será clave para futuras reformas.

El Gobierno da por hecho que el Presupuesto 2026 terminará siendo sancionado. Será antes de que concluya el año o en los primeros días del próximo, pero en la Casa Rosada descuentan que la ley saldrá. Esa convicción se apoya en la media sanción obtenida en Diputados y en una serie de movimientos políticos internos que se activaron de inmediato para evitar nuevos tropiezos en el Senado. “El Presupuesto tal y como está para nosotros está bien. Estamos muy tranquilos”, deslizó una fuente del oficialismo, en línea con la estrategia de avanzar sin cambios para no reabrir el trámite parlamentario.

En la cúpula del poder libertario sostienen que la prioridad es aprobar el proyecto tal como llegó a la Cámara alta. Modificarlo implicaría volver a Diputados, con el riesgo de prolongar un debate que el Gobierno quiere cerrar cuanto antes. La contracara de esa decisión es la necesidad de compensar los eventuales desfasajes fiscales. En el Ejecutivo admiten que recurrirán a la reasignación de partidas y a mecanismos de ajuste sobre fondos que hoy reciben las provincias. “Estamos obligados a hacerlo”, reconocen en el oficialismo, donde admiten que la negociación con los gobernadores será clave para sostener el equilibrio político.

Las tensiones quedaron expuestas durante el debate del Capítulo XI del proyecto, que incluía la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad. Ese paquete, con alto costo fiscal y fuerte sensibilidad social, terminó naufragando por la resistencia de varios mandatarios provinciales aliados. El texto había llegado a último momento y, según admiten incluso dentro del oficialismo, no estaba consensuado. “Ganó un ala del Gobierno que quería derogar ambas leyes sí o sí”, reconocen cerca de la negociación, mientras que desde la oposición admitían que con modificaciones el capítulo podía haber prosperado.

La reacción de los gobernadores fue inmediata. Cuando recibieron el texto definitivo, varios advirtieron que no tenían margen político para avalar esas derogaciones. La caída del apoyo de Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil fue una señal clara de que los votos no estaban. En La Libertad Avanza reconocen que el diseño del artículo no dejaba espacio para negociar y obligaba a los aliados a pagar un costo político difícil de asumir, más aún cuando se trataba de normas que habían sido ratificadas con mayorías calificadas.

A ese malestar se sumó un punto técnico que pasó casi desapercibido en el debate público, pero que encendió alarmas en las provincias. El Presupuesto incluía un mecanismo para que las distribuidoras eléctricas compensaran deudas con Cammesa a partir de créditos generados durante la emergencia tarifaria. En el caso de Edenor y Edesur, bajo jurisdicción nacional, la Nación absorbía el cálculo y la compensación. Pero para las distribuidoras provinciales, el esquema exigía que las provincias reconocieran como propias las deudas y las cancelaran con créditos contra el Estado nacional. El resultado fue una sensación de trato desigual que generó fuertes reproches de gobernadores con cuentas ya regularizadas.

A diferencia de otros reveses legislativos, esta vez el oficialismo reaccionó con rapidez. Horas después de la votación adversa, Javier Milei reunió a su Mesa Política y fijó un objetivo innegociable: el Presupuesto debía salir. El compromiso asumido con el FMI operó como ancla y ayudó a explicar por qué el mercado no reaccionó con sobresaltos. Poco después, el Gobierno dejó trascender que no avanzaría con la derogación de las dos leyes cuestionadas, un repliegue táctico para descomprimir la relación con las provincias.

Las reuniones en Casa Rosada, encabezadas primero por el Presidente y luego por el jefe de Gabinete, mostraron un oficialismo más coordinado, aunque no exento de críticas internas por la redacción del capítulo fallido. El balance quedó dividido entre quienes destacaron que se ganaron 19 de 20 votaciones y quienes advirtieron sobre errores estratégicos, como la pérdida de confianza del PRO y el costo de ceder recursos a gobernadores que luego no acompañaron los puntos clave.

En el trasfondo, persiste una advertencia que circula entre los mandatarios provinciales: el episodio del Capítulo XI podría ser el anticipo de conflictos mayores. Nación y provincias se necesitan mutuamente, pero el margen de error es cada vez más estrecho. El desafío del Gobierno será aprobar el Presupuesto 2026 sin erosionar el capital político indispensable para sostener el resto de su agenda de reformas.