Daniel Passerini "se sacó" el Gordo de Navidad

Por Juan Palos

El reciente anuncio del Concejo Deliberante de Córdoba, que aprobó convenios para ejecutar obras por la asombrosa cifra de $26.700 millones en infraestructura básica, ha desatado un torbellino de reacciones. Este acuerdo, impulsado por la llegada de Miguel Siciliano al superministerio bajo el gobierno de Martín Llaryora, plantea interrogantes profundos sobre la gestión de los recursos públicos y la autonomía municipal.
Es innegable que la inversión anunciada puede ser favorable para la población de Córdoba Capital, prometiendo mejoras en áreas críticas como el bacheo, la iluminación y el saneamiento. Sin embargo, esta inyección de recursos no está exenta de controversia. La práctica de asignar fondos de la Provincia a la Ciudad ha sido una constante en la gestión actual, una estrategia que, aunque busca legitimar la autoridad provincial, alimenta un sentimiento de descontento entre los intendentes del interior.
Estos mandatarios han expresado en privado su preocupación por el hecho de que ciertos municipios, a pesar de su "desorden administrativo", sigan recibiendo asistencia financiera. Esta desigualdad en la distribución de recursos resalta una dinámica inquietante: se privilegian las necesidades de la Capital en detrimento de otros municipios, lo que puede interpretarse como una desatención a la diversidad de necesidades que presenta la provincia. Resulta, por ende, crítico abordar esta cuestión con seriedad, sin caer en la tentación de ver la inversión como un simple acto de benevolencia.
Además, el hecho de que la colaboración no quede limitada a administraciones peronistas, sino que también beneficie a municipios de la oposición, añade un matiz político a la estrategia financiera del Gobierno provincial. Esto podría ser visto como un intento de pacificación política, pero también podría acentuar el descontento en el interior, donde muchos consideran que las decisiones se toman con un enfoque sesgado hacia la Capital.
Sin duda, la percepción de que el Palacio 6 de Julio se está convirtiendo en un apéndice del Gobierno provincial es un tema que no se puede pasar por alto. Con el anuncio de estos contratos, se reavivan las alarmas sobre la real autonomía de la Municipal y su capacidad de autogestión. La dependencia de los fondos provinciales podría transformar a la municipalidad en un ente administrado desde el nivel provincial, lo que comprometería su autonomía y, a largo plazo, su capacidad de responder a las necesidades de sus ciudadanos.
El compromiso de trabajar en conjunto y mejorar la calidad de vida de los vecinos de Córdoba es laudable, pero no se debe hacer a expensas de una planificación equitativa que contemple a todos los rincones de la provincia. La gestión de recursos debe ser transparente y justa, promoviendo no solo el desarrollo de la Capital, sino también el de toda la provincia, asegurando que cada población reciba el apoyo que necesita, sin distinciones.
En conclusión, mientras que la inversión en infraestructura puede ser vista como un triunfo para la Capital, debemos cuestionar sus implicaciones más amplias. Es esencial que la gestión provincial y municipal busque una distribución equitativa de recursos que fomente el desarrollo de todas las localidades de Córdoba, garantizando así un verdadero bienestar para todos sus habitantes.