Una advertencia desde los tribunales: la alarma institucional que encendió Sandra Arroyo Salgado

• Avance del narcotráfico transnacional y operación de lavado por más de USD 500 millones.
• Arroyo Salgado denunció corrupción estructural en los tres poderes del Estado.
• Más de 600 vacantes en la Justicia y dos años sin nombramientos de jueces.
• Falencias graves en recursos tecnológicos y riesgos de filtración por corrupción interna.
• Críticas al sistema penitenciario y el uso de celulares en cárceles.
• Llamado a una participación ciudadana activa para revertir el deterioro institucional.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, volvió a colocar en el centro de la escena pública una discusión que atraviesa silenciosamente al sistema político argentino: la creciente influencia del narcotráfico transnacional y el deterioro estructural de la Justicia. En una extensa entrevista, la magistrada describió un panorama que, según dijo, combina debilidad institucional, corrupción enquistada y un Poder Judicial al borde del colapso operativo. Sus declaraciones no solo revivieron debates postergados, sino que también delinearon la dimensión del desafío que enfrenta el país.

El punto de partida de su análisis fue una reciente investigación sobre lavado de activos vinculada al Comando Vermelho, la organización criminal brasileña con ramificaciones en varios países de la región. El caso, articulado desde el partido bonaerense de Tigre, involucró movimientos financieros por más de 500 millones de dólares. A partir de un reporte de la Unidad de Información Financiera, el juzgado de Arroyo Salgado detectó operaciones sospechosas realizadas por sociedades que decían comercializar equipos electrónicos, pero cuyo volumen económico no tenía correlato con su actividad formal.

La jueza precisó que la pesquisa requirió técnicas avanzadas para sortear las barreras de barrios cerrados como Nordelta, donde residían los principales sospechosos. Entre los hallazgos se detectaron depósitos realizados por personas de distintas nacionalidades —brasileños, paraguayos, chinos— y sociedades pantalla usadas para financiar estudiantes que, en su país de origen, ya eran investigados por delitos similares. “Comprobamos el lavado de al menos 520 millones de dólares provenientes del narcotráfico”, afirmó. El uso de criptomonedas y billeteras frías añadió mayor complejidad. Para la magistrada, estos elementos demuestran que la Argentina es hoy “un terreno fértil” para las maniobras del crimen organizado.

Pero su advertencia trascendió ese expediente. Arroyo Salgado sostuvo que existe una “corrupción estructural” que atraviesa los tres poderes del Estado y que coloca a la democracia en un punto crítico. La falta de designación de magistrados fue uno de los ejes centrales de su diagnóstico: hay 609 vacantes sin cubrir y no se nombra un juez desde hace dos años. Durante ese período, 83 magistrados renunciaron, lo que profundizó la parálisis del sistema. “La Justicia está agonizando”, describió.

Según detalló, el deterioro no es reciente: comenzó en los años 90, con la consolidación de una justicia funcional al poder político, y se agravó con el paso de las décadas. Cuestionó además la falta de auditorías, los mecanismos de remoción ineficientes y los acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo que, a su criterio, condicionan la independencia judicial. También insistió en que la Corte Suprema, con solo tres miembros provenientes de la misma región, no representa el federalismo.

El estado de los recursos materiales es otro flanco alarmante. Su juzgado —que cubre cuatro municipios— funciona con apenas treinta empleados y tecnología que describió como obsoleta. En contraste, las organizaciones criminales operan con equipamiento sofisticado. La magistrada subrayó además los riesgos que implica trabajar en un contexto donde la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad obliga a extremar cuidados para evitar filtraciones.

El funcionamiento del sistema penitenciario fue otro objeto de crítica, especialmente por la vigencia de medidas excepcionales adoptadas durante la pandemia, como el uso de teléfonos celulares por parte de internos. Según Arroyo Salgado, esa permisividad permitió que detenidos siguieran liderando delitos desde prisión, un fenómeno que su juzgado ha constatado en múltiples allanamientos.

El caso del Comando Vermelho también exhibió —según señaló— las falencias internas del sistema judicial. A pesar de la magnitud del delito investigado, el expediente terminó con un juicio abreviado y condenas en suspenso. Para la jueza, la reducción de la imputación y la ausencia de un debate público reflejan la sobrecarga y la falta de capacidad institucional para enfrentar el crimen organizado.

En ese escenario, Arroyo Salgado llamó a una mayor participación ciudadana, aludiendo a casos emblemáticos en los que la presión social logró romper inercias. Planteó la necesidad de reformas profundas: juicio por jurados, mayor protagonismo de las víctimas y fortalecimiento del control ciudadano. También insistió en que la educación es el pilar para reconstruir una cultura institucional que rechace la corrupción y recupere la confianza pública.

“Estamos en un momento bisagra”, advirtió. Su conclusión dejó poco margen para la ambigüedad: sin una justicia independiente, la protección de los derechos y la seguridad jurídica quedarán en riesgo. Con el avance del crimen organizado y un sistema debilitado, el desafío —según afirmó— es urgente y no admite demoras.