
El Ministerio de Salud reafirma la importancia de las vacunas tras una polémica exposición antivacunas en el Congreso
POLÍTICA Agencia de Noticias del Interior

- El ministro Mario Lugones reafirmó que las vacunas del Calendario Nacional son herramientas fundamentales de salud pública.
- La aclaración surgió tras una presentación antivacunas de la diputada Marilú Quiróz en el Congreso.
- Quiróz mencionó supuestos efectos como “magnetismo”, teorías rechazadas por la comunidad científica.
- La legisladora había pedido revisar la obligatoriedad de la vacunación establecida por la Ley 27.491.
- Diversas sociedades médicas respondieron con comunicados advirtiendo sobre los riesgos de la desinformación.
- El Ministerio insistió en la importancia de sostener la confianza en las políticas de inmunización basadas en evidencia científica.
El Ministerio de Salud de la Nación salió este fin de semana a reforzar un mensaje que el sistema sanitario considera innegociable: la vacunación es una herramienta central para la salud pública. Lo hizo a través de un comunicado firmado por el ministro Mario Lugones, en respuesta a la polémica exposición antivacunas que días atrás protagonizó la diputada del PRO por Chaco, Marilú Quiróz, en un evento realizado en el Anexo de la Cámara de Diputados. Las afirmaciones de la legisladora, centradas especialmente en las vacunas contra el Covid-19, generaron un inmediato rechazo en la comunidad médica y científica.
Durante su intervención, Quiróz reiteró conceptos ampliamente refutados por la evidencia científica. Entre ellos, la supuesta existencia de “efectos colaterales” asociados a las vacunas, entre los cuales mencionó casos de “magnetismo en el cuerpo”, una teoría sin ningún sustento académico ni validación empírica. Las expresiones, que se difundieron rápidamente por redes sociales, reavivaron el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en la comunicación de temas sensibles vinculados a la salud.
El Ministerio, en su respuesta, optó por un mensaje sobrio pero firme. Lugones señaló que todas las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación, así como las que se incorporaron en el marco de la pandemia, “son herramientas fundamentales de la salud” y cuentan con avales científicos que respaldan su seguridad y eficacia. Además, insistió en que la vacunación “es uno de los pilares de las estrategias preventivas que han permitido erradicar y controlar numerosas enfermedades en nuestro país”.
La polémica no se limitó a la exposición. El pasado 11 de noviembre, Quiróz ya había presentado un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados en el que solicitó revisar el carácter obligatorio de la vacunación, tal como lo establece la Ley 27.491. La iniciativa generó preocupación entre especialistas en epidemiología, infectología y salud pública, quienes remarcan que la obligatoriedad busca garantizar coberturas de inmunización suficientemente altas para evitar brotes.
La reacción científica fue contundente. Diversas sociedades médicas emitieron comunicados en las horas posteriores a la presentación, advirtiendo que la difusión de información falsa sobre vacunas puede generar temor en la población y afectar la confianza en una política sanitaria que históricamente ha sido orgullo nacional. Recordaron que el sistema de vigilancia epidemiológica argentino es reconocido por su rigurosidad, y que las reacciones adversas graves asociadas a vacunas son extremadamente infrecuentes.
En paralelo, investigadores y profesionales de la salud enfatizaron que cuestionamientos de este tipo no pueden ser tratados como una discusión de “opiniones”. La evidencia acumulada durante décadas demuestra que la vacunación es una de las intervenciones que más vidas ha salvado, junto con el acceso al agua potable y el saneamiento. La falta de vacunación adecuada, advirtieron, expone especialmente a los grupos vulnerables: niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Fuentes del Ministerio de Salud señalaron que la postura oficial no busca entrar en confrontaciones personales, sino “defender un consenso sanitario básico” respaldado por la comunidad científica internacional. En ese marco, la cartera retomó un concepto que se volvió habitual durante la pandemia: la responsabilidad colectiva. “La vacunación no solo protege a quien la recibe, sino también a quienes no pueden vacunarse por razones médicas”, recordaron.
La controversia también reabrió la discusión sobre los límites de la libertad de expresión cuando se trata de información sanitaria. Varios especialistas plantearon que el debate público puede y debe existir, pero que las afirmaciones con impacto potencial en la salud colectiva requieren un mínimo de rigor y respaldo científico para no generar perjuicios sociales.
Mientras tanto, en el Congreso, el episodio dejó al descubierto una tensión persistente: la coexistencia de discursos que apelan a teorías desacreditadas dentro de espacios institucionales donde se definen políticas públicas. Para muchos legisladores, el episodio refuerza la necesidad de que las comisiones vinculadas a salud convoquen de manera más sistemática a expertos para desarticular discursos que puedan confundir a la población.
El comunicado de Lugones, lejos de buscar dramatismos, apuntó a fortalecer la confianza en el sistema sanitario. En un escenario donde la desinformación circula a gran velocidad, el Ministerio busca dar señales claras: la vacunación sigue siendo una política de Estado basada en evidencia, y su defensa es esencial para evitar retrocesos en la prevención de enfermedades.





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