Milei acelera la sanción del presupuesto

• El Gobierno busca aprobar el presupuesto 2026 antes de fin de año, tras dos años sin norma vigente.
• La relación con los gobernadores ha sido tensa, debido a la dependencia del Ejecutivo de ajustes discrecionales.
• El Consejo de Mayo y sus resultados serán utilizados como legitimación política para el proyecto.
• La presentación oficial del presupuesto está prevista para el 9 de diciembre, con borradores que aún no incluyen reforma previsional ni nuevo esquema de coparticipación.
• En Diputados se prevé un dictamen modificado a partir del 11 de diciembre y posible sesión el 16.
• El Senado podría sancionar la norma entre el 28 y 30 de diciembre, cerrando el año parlamentario.

El Gobierno nacional intensifica su agenda parlamentaria a pocas semanas de que concluya el año, con el objetivo de contar antes del 31 de diciembre con un presupuesto sancionado. La jura de los nuevos senadores y diputados abre la puerta a un tramo decisivo para el oficialismo, que busca cerrar 2025 con un marco fiscal legitimado por el Congreso. Desde la Casa Rosada, el presidente Javier Milei enfatiza la necesidad de contar con un plan de cuentas nacionales actualizado, tras dos años de gobernar con el presupuesto heredado del mandato de Alberto Fernández.

La demora para aprobar nuevas cuentas, inédita en el historial reciente de la administración nacional, ha generado tensiones con gobernadores de todas las fuerzas políticas. La norma vigente, correspondiente al último año del gobierno anterior, depende actualmente de la discrecionalidad del Ejecutivo y de los ajustes automáticos derivados de la devaluación acumulada desde 2022. Esto ha situado al Ejecutivo en una posición vulnerable frente a las provincias, que reclaman mayor previsibilidad en los fondos transferidos y participación en la planificación fiscal.

En este contexto, la Casa Rosada espera que la fase de sesiones extraordinarias de diciembre sirva para consolidar acuerdos que permitan un debate ordenado y respaldado por legitimidad previa. El Gobierno planea aprovechar los resultados del Consejo de Mayo, instancia lanzada el 9 de julio de 2023 para reorganizar la relación con las provincias, que cerrará su ciclo con un documento que será utilizado como base para sostener la negociación parlamentaria. La intención es que el Pacto de Mayo y su posterior Consejo no queden relegados a promesas incumplidas, sino que se traduzcan en un marco de referencia para la distribución de recursos y prioridades nacionales.

El cronograma oficial marca el 9 de diciembre como fecha para la presentación del proyecto de presupuesto, que hasta el momento circula solo en formato de borrador. Los cambios previstos no incluirán, por ahora, dos de los puntos más relevantes del Pacto de Mayo: la reforma previsional y un nuevo esquema de coparticipación federal. El objetivo central es avanzar con la normativa esencial para cerrar el año fiscal y ofrecer certezas sobre los números nacionales.

En Diputados, la estrategia apunta a retomar el dictamen de la Comisión de Presupuesto, interrumpido hace dos semanas, introducir modificaciones y lograr un nuevo dictamen a partir del 11 de diciembre. Esto permitiría avanzar hacia una sesión prevista para el 16 del mismo mes. Posteriormente, el proyecto pasaría al Senado, donde el Ejecutivo estima contar con un margen de maniobra suficiente para buscar la sanción final entre el 28 y 30 de diciembre, cerrando así un año parlamentario clave para la gestión de Milei.

La urgencia por aprobar el presupuesto responde a la necesidad de darle estabilidad a un Gobierno que ha enfrentado tensiones recurrentes con las provincias y que todavía opera bajo un esquema financiero heredado. La expectativa oficial es que, con el apoyo legislativo consolidado y un marco de legitimidad construido a través del Consejo de Mayo, sea posible garantizar la ejecución de políticas nacionales sin depender de ajustes discrecionales, disminuyendo así la conflictividad que marcó los últimos dos años.

La estrategia política del Ejecutivo busca, además, ordenar las narrativas sobre la relación con las provincias antes del cierre del año, evitando que cualquier desacuerdo sobre recursos o reformas estratégicas obstaculice la puesta en marcha del presupuesto y la planificación del 2026. Así, diciembre se perfila como un mes clave en el calendario político y económico, con un oficialismo decidido a consolidar su control sobre la agenda fiscal y legislativa.