El Gobierno pospone la reforma previsional y busca estabilizar al PAMI en medio del déficit

• El Gobierno aplaza la reforma previsional hasta 2027 por falta de condiciones políticas y económicas.
• El PAMI continúa con déficit y depende de transferencias del Tesoro Nacional.
• El 80% del presupuesto se destina a prestaciones y medicamentos; no habrá ampliación de cobertura.
• Se busca mejorar precios de licitaciones y lograr un ahorro de $5000 millones con el nuevo sistema de distribución de pañales.
• Persisten reclamos por falta de fondos en hospitales y prestadores del PAMI.
• Internamente, el organismo es escenario de disputas entre sectores libertarios y se avanza en su digitalización y control administrativo.

En la Casa Rosada reconocen que los tiempos políticos y económicos no acompañan para impulsar una reforma estructural del sistema previsional antes de 2026. “Para hacer una reforma de ese estilo no te dan los tiempos del mercado laboral”, admiten en el llamado “triángulo de hierro libertario”. La expectativa oficial es que, con viento a favor, el debate pueda iniciarse recién en 2027, en el arranque de un eventual segundo mandato de Javier Milei. Hasta entonces, las autoridades admiten que solo podrán sostener medidas de contención y ajustes graduales.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), la obra social más grande del país con casi cinco millones de afiliados, es uno de los principales desafíos en ese esquema. Aunque el Gobierno mantiene el discurso de austeridad y eficiencia, puertas adentro reconocen que el organismo se sostiene gracias a transferencias directas del Tesoro Nacional. “Estamos haciendo el máximo esfuerzo posible para ser autosustentables sin perder prestaciones”, señalan desde su conducción.

Hasta fines de 2024, el PAMI proyectaba un déficit del 22%. La cifra actual se mantiene en reserva, pero fuentes del organismo admiten que no hubo una mejora sustancial. La menor actividad económica, el envejecimiento poblacional y la caída de aportes previsionales golpearon las finanzas del sistema. Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), la Seguridad Social acumuló entre enero y septiembre de este año un rojo de 4,5 billones de pesos, frente al equilibrio registrado en el mismo período de 2024.

Para 2026, la expectativa oficial es que una eventual recuperación económica atenúe el déficit del PAMI. “Es un termómetro de la actividad: cuando la economía se resiente, lo notás tanto en las prestaciones como en los ingresos”, explican en el organismo. Sin embargo, reconocen que las transferencias del Tesoro seguirán siendo indispensables.

El 80% del presupuesto del PAMI continúa destinado a la cobertura de prestaciones médicas y medicamentos. En este último rubro, la obra social mantendrá la política de reducción del listado de fármacos con cobertura total, una medida que ya había afectado a tratamientos antibióticos, corticoides, antipsicóticos y analgésicos. “No habrá cambios significativos”, confirman. La prioridad será mejorar los precios en licitaciones, especialmente en la compra de medicamentos, insumos de hemodinamia y pañales para adultos mayores.

Precisamente, la provisión de pañales generó una fuerte controversia a mediados de año, cuando el PAMI modificó el sistema de entrega: los beneficiarios comenzaron a recibirlos directamente en sus domicilios, a través de empresas distribuidoras, en lugar de retirarlos en farmacias. El organismo defendió el cambio como una medida de eficiencia: “Pasamos de subsidiar la oferta a subsidiar la demanda”. El Gobierno espera un ahorro de unos 5000 millones de pesos hacia fin de año gracias a la trazabilidad del nuevo sistema.

A pesar de los ajustes, los reclamos de los prestadores siguen acumulándose. En hospitales asociados al PAMI, como el Español de Buenos Aires, se denunciaron faltantes de insumos básicos. Situaciones similares se repiten en otras instituciones bajo convenio, reflejando el impacto del deterioro presupuestario.

En paralelo, el organismo se convirtió en terreno de disputa política. Su extensa estructura territorial —con más de 600 agencias de atención y 38 Unidades de Gestión Local— lo vuelve un botín codiciado por distintos sectores del oficialismo. En los últimos meses se desató un enfrentamiento entre el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo y el armado político coordinado por Eduardo “Lule” Menem, vinculado a la conducción nacional. La tensión obligó al PAMI a emitir un comunicado titulado: “Las delegaciones de PAMI no serán más una caja negra al servicio de la política”.

En busca de control y transparencia, la actual gestión avanzó en la centralización de procesos administrativos y en la digitalización de trámites, aunque la adopción entre los afiliados aún es limitada.

Entre las acciones recientes, el titular del PAMI, Esteban Leguízamo, firmó junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, la transferencia del Hospital De la Baxada de Paraná a la órbita provincial. Una operación similar podría concretarse con el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, replicando la tendencia de descentralización de algunos centros dependientes de Nación.

Mientras el Gobierno postergó para el futuro las grandes reformas del sistema jubilatorio, la prioridad inmediata será sostener la prestación sanitaria y reducir el déficit del PAMI, sin alterar la frágil red que sostiene a millones de jubilados y pensionados.