El Gobierno habilita la compra de fusiles semiautomáticos y reabre el debate sobre el control de armas

• El Gobierno autorizó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos de uso civil condicional.
• La medida reemplaza la prohibición previa y otorga al RENAR la fiscalización exclusiva del régimen.
• Los solicitantes deberán cumplir con estrictos requisitos técnicos, legales y deportivos.
• El oficialismo la presenta como una “modernización normativa” y un paso hacia mayores libertades individuales.
• La oposición advierte sobre los riesgos de un aumento en la circulación de armas de alto poder.
• La decisión consolida la línea desreguladora del Gobierno en materia de seguridad y control de armas.

El Gobierno nacional oficializó una medida que marca un giro profundo en la política de control de armas en la Argentina. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, se autorizó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos de uso civil condicional, revirtiendo la prohibición que regía hasta ahora sobre este tipo de armamento. La decisión, que entra en vigencia de manera inmediata, vuelve a colocar al país en el centro de un debate sensible que combina cuestiones de seguridad, derechos individuales y control estatal.

Según el texto, la fiscalización de estas armas quedará bajo la órbita exclusiva del Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Desde esa cartera se explicó que el objetivo es “modernizar la normativa vigente y alinear la legislación argentina con los estándares internacionales en materia de uso civil controlado”. Sin embargo, la medida no pasó inadvertida: mientras sectores libertarios la celebran como un avance hacia la libertad individual, dirigentes opositores y especialistas en seguridad advierten sobre el riesgo que implica ampliar el acceso a armamento derivado de modelos militares.

La resolución habilita la compra de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores desmontables —como fusiles o subametralladoras de origen militar—, siempre que sean de calibre superior al .22 LR y que los solicitantes cumplan con una serie de requisitos técnicos y legales. Entre las condiciones más relevantes, se exige acreditar la identificación precisa del arma (tipo, marca, modelo, calibre y número de serie), disponer de un sistema de almacenamiento seguro certificado como Sector de Guarda tipo G2 y presentar una declaración jurada que justifique la adquisición.

Además, los interesados deberán tener al menos cinco años de antigüedad como legítimos usuarios de armas de uso civil condicional, carecer de sanciones o trámites pendientes ante el RENAR y demostrar un uso deportivo comprobado mediante la certificación de una entidad de tiro o la participación en competencias oficiales. También deberán abonar las tasas correspondientes a la “Tenencia Exprés” y a la Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM).

El RENAR, en tanto, conservará la potestad de exigir pruebas adicionales y analizar cada solicitud caso por caso, lo que en la práctica habilita un control discrecional sobre la entrega de autorizaciones. Esa particularidad busca mitigar el riesgo de un aumento descontrolado en la circulación de armas de alto poder, aunque el debate sobre la oportunidad y la conveniencia de la norma ya está instalado.

En el plano político, la medida se inscribe en la lógica de desregulación que atraviesa a buena parte de las políticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. Al igual que en otros sectores, el énfasis está puesto en reducir la intervención estatal y ampliar las libertades individuales, incluso en áreas tradicionalmente sensibles como la seguridad pública. En este caso, la apuesta es generar un marco normativo más flexible para los usuarios experimentados, en línea con el discurso libertario que defiende la “responsabilidad individual” por sobre las restricciones generales.

Desde la oposición, en cambio, advierten que la nueva resolución podría incrementar los riesgos de tráfico o desvío de armamento, especialmente en un contexto social atravesado por el crecimiento del delito organizado. Legisladores y expertos en políticas de seguridad sostienen que, si bien los usuarios con licencia cumplen protocolos rigurosos, la ampliación del espectro de armas disponibles puede tener efectos no deseados en la práctica.

El Ministerio de Seguridad, por su parte, asegura que el nuevo esquema no implica un relajamiento de los controles, sino una actualización que “corrige distorsiones” y “reconoce la madurez del sector deportivo y de tiro”. La cartera destaca que el sistema argentino mantiene estándares altos de trazabilidad y registro, con la posibilidad de revocar habilitaciones ante cualquier incumplimiento.

La decisión reaviva así una vieja discusión en torno a la tenencia responsable y los límites del derecho a la defensa personal. Para el oficialismo, se trata de una modernización legal en sintonía con la filosofía de libertad que inspira su gestión. Para sus críticos, en cambio, es una medida riesgosa que puede agravar problemas estructurales en materia de seguridad.

Más allá de las posturas, el nuevo marco marca un cambio de paradigma: la Argentina deja atrás una etapa de restricción casi total sobre armas semiautomáticas civiles y se adentra en un terreno de mayor apertura, con controles reforzados pero también con interrogantes sobre su impacto real.