Denuncian posibles aportes irregulares de empleados estatales y beneficiarios de programas sociales a la campaña de Unión por la Patria

• La ONG Directorio Legislativo denunció ante la justicia presuntas irregularidades en aportes al Frente Unión por la Patria durante las elecciones de 2023.
• Se identificaron 273 donaciones de 258 empleados de AFIP/ARCA, la mayoría por 100.000 pesos y concentradas en fechas específicas.
• También se detectaron aportes similares de empleados de ANSES y beneficiarios de programas sociales como Potenciar Trabajo y Progresar.
• La ONG advierte que los patrones de montos y fechas podrían indicar donaciones compulsivas o simuladas, prohibidas por la Ley 26.215.
• Se utilizó la herramienta “Joining the Dots” para procesar datos públicos y cruzar información sobre los aportes.
• Directorio Legislativo solicita a la justicia identificar responsables, determinar el origen de los fondos y aplicar sanciones para garantizar transparencia electoral.

La ONG Directorio Legislativo presentó ante la justicia una denuncia por presuntas infracciones a la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, centrando su investigación en supuestos aportes irregulares realizados durante las elecciones de 2023. El planteo quedó radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1 y está bajo la órbita de la Fiscalía Federal N°1.

El informe de la ONG se basó en el análisis de datos públicos y el cruce de bases oficiales. Uno de los focos principales fue la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), donde se detectaron 273 donaciones al Frente Unión por la Patria realizadas por 258 empleados. Según la investigación, el 95% de los aportes tuvo un monto idéntico de 100.000 pesos, y casi un cuarto de ellos se efectuó el mismo día, el 11 de agosto de 2023. Directorio Legislativo sostiene que el 99% de esos fondos fue destinado directamente a la campaña presidencial oficialista, lo que podría configurar donaciones compulsivas o simuladas, expresamente prohibidas por la ley vigente.

La normativa sobre financiamiento político establece que no pueden aceptarse aportes “obtenidos bajo coacción laboral o jerárquica”, ni aquellos en los que el verdadero origen de los fondos esté encubierto. Para la ONG, los patrones hallados en la AFIP y ahora en ARCA muestran indicios de maniobras que ponen en cuestión la integridad del proceso electoral y requieren una investigación judicial profunda.

La investigación se realizó utilizando Joining the Dots, una herramienta desarrollada por Directorio Legislativo que permite procesar grandes volúmenes de datos públicos y detectar irregularidades en el financiamiento político. Gracias a esta tecnología, la organización pudo identificar patrones y solicitar a la Justicia que determine la responsabilidad de los involucrados, aclare el origen real de los fondos y aplique las sanciones correspondientes, destacando que lo que está en juego es la transparencia del sistema democrático.

El informe no se limitó al ámbito de la AFIP. La ONG identificó movimientos similares en la ANSES, vinculados a empleados del organismo. Según el reporte, 51 trabajadores realizaron 62 aportes al Partido Justicialista, de los cuales el 75% fue también por 100.000 pesos y el 80% se concretó en una sola semana de noviembre. Para los denunciantes, la coincidencia en montos y fechas evidencia un esquema incompatible con los “principios de espontaneidad y autenticidad” que deben regir las donaciones políticas.

Además, Directorio Legislativo cruzó los datos con programas sociales como Potenciar Trabajo, Progresar, la Asignación Universal por Hijo y Alimentar, identificando a 57 beneficiarios que figuran como aportantes al Frente Unión por la Patria. Uno de los casos más llamativos involucra a un beneficiario de Potenciar Trabajo que en julio de 2023 habría donado 150.000 pesos.

La ONG argumenta que estas prácticas podrían configurar un mecanismo de presión sobre empleados estatales y beneficiarios de programas sociales, generando donaciones simuladas que buscan influir de manera indirecta en la campaña oficialista. Los denunciantes destacaron que la repetición de montos y fechas no puede considerarse coincidencia, sino que sugiere un patrón sistemático que requiere la intervención judicial.

Hasta el momento, la denuncia ha quedado formalmente presentada, y la Fiscalía Federal N°1 deberá analizar el contenido del informe y determinar los pasos a seguir. El caso abre un debate sobre la necesidad de reforzar los controles sobre el financiamiento político en Argentina, especialmente cuando se vincula con empleados del Estado y beneficiarios de programas sociales.

Directorio Legislativo subraya que la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos no solo garantiza elecciones justas, sino que también protege la confianza ciudadana en la democracia. En ese sentido, la investigación que impulsó busca sentar un precedente sobre la fiscalización de los aportes y la detección temprana de irregularidades que puedan comprometer la legitimidad de los comicios.