Demora en la nueva canasta del IPC genera tensiones entre el INDEC y el Congreso

• El nuevo IPC, basado en una canasta actualizada de bienes y servicios, está listo desde fines de 2024, pero el INDEC aún no definió fecha de implementación.
• Marco Lavagna justificó la demora por contextos preelectorales y descartó un aumento brusco de la inflación, generando malestar en el Senado.
• Legisladores del bloque Convicción Federal presentaron un proyecto expresando “preocupación” por la falta de transparencia y posibles intereses políticos detrás de la postergación.
• El senador Guillermo Andrada propuso que la actualización de los indicadores del IPC se realice cada diez años para reflejar cambios en hábitos de consumo y evitar distorsiones en inflación y pobreza.
• La iniciativa establece que el INDEC deberá realizar y publicar la ENGHo periódicamente, basando en ella la actualización de la canasta y sus ponderaciones.
• El proyecto también exige transparencia metodológica y asignación de recursos por parte del Ejecutivo, buscando garantizar información económica confiable y oportuna.

La actualización de la canasta de bienes y servicios que compone el Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvió a encender la polémica entre el Gobierno y el Congreso. Aunque el nuevo índice está listo desde fines de 2024, según confirmó Ámbito, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) aún no definió una fecha de implementación. La demora oficial ha generado preocupación entre legisladores, que preparan proyectos para establecer la obligatoriedad de revisar los indicadores de manera periódica, al menos cada diez años.

El titular del INDEC, Marco Lavagna, justificó la postergación en la cercanía de las elecciones. “Los contextos preelectorales no son los más indicados para hacer estos cambios. Hay como un morbo y está en la imaginación social que vamos a sacar un nuevo IPC y que de 1,9 vamos a saltar a 5%. Eso no va a pasar”, aclaró en declaraciones recientes a la prensa. Sin embargo, sus comentarios provocaron malestar en el Senado, donde varios legisladores cuestionaron tanto la demora como la forma en que se comunicaron los motivos.

Jesús Rejal, Guillermo Andrada, María Carolina Moisés y Fernando Salino, del bloque peronista Convicción Federal, presentaron un proyecto de resolución expresando “preocupación” por las declaraciones de Lavagna. En el texto, los senadores sostienen que la “buena intención” del funcionario queda en entredicho por posibles intereses políticos y que la actualización técnica de la canasta lleva meses de finalización, con mediciones de prueba que “no difieren sustancialmente de los índices oficiales”.

“Es realmente incomprensible esa práctica: sería bueno que el funcionario aclare en qué consiste ese testeo. ¿O será que como los números no guardan relación con las falacias a las que nos tiene acostumbrados el Presidente, no es políticamente conveniente la publicación con los índices resultantes?”, cuestionan los legisladores en su proyecto, que busca que el Congreso declare formalmente su inquietud por la falta de información económica actualizada.

En paralelo, el senador Guillermo Andrada presentó un proyecto complementario para regular la actualización periódica de los indicadores. La iniciativa establece que la estructura de ponderaciones del IPC deberá revisarse cada diez años, respondiendo a los cambios acelerados en los hábitos de consumo de la población. Andrada argumenta que los lapsos de hasta 15 años entre encuestas han generado distorsiones en la medición de la inflación y afectado la credibilidad de las estadísticas oficiales.

“El índice desactualizado subestima la inflación real y distorsiona la medición de la pobreza, alterando el efecto de las políticas públicas y las negociaciones salariales”, sostiene Andrada en los fundamentos del proyecto. Entre los puntos centrales, se propone que el INDEC realice y publique la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) con una periodicidad no mayor a diez años, asegurando representatividad nacional y regional. Asimismo, la actualización de la canasta y las ponderaciones del IPC deberá basarse en los resultados de la ENGHo más reciente.

El proyecto también plantea la obligación del Poder Ejecutivo Nacional de asignar los recursos necesarios, tanto presupuestarios como técnicos, para garantizar la implementación de la ley. Además, se remarca la necesidad de transparencia: el INDEC deberá publicar la metodología utilizada para actualizar la canasta, los resultados de la ENGHo y los informes técnicos correspondientes.

El debate adquiere relevancia en un contexto de alta sensibilidad económica, en el que la inflación y los niveles de pobreza son ejes centrales de la agenda política y social. Legisladores y especialistas advierten que la demora en la actualización del IPC puede afectar la percepción de la realidad económica, influir en las negociaciones salariales y distorsionar la planificación de políticas públicas.

Mientras el Gobierno mantiene cautela frente al estreno de la nueva canasta, el Congreso busca establecer un marco normativo que obligue a que los indicadores se ajusten de manera periódica y transparente. La tensión entre el INDEC y los legisladores refleja la creciente presión por contar con información económica confiable y actualizada, indispensable para la toma de decisiones en un escenario electoral y macroeconómico complejo.