El Gobierno disuelve Vialidad Nacional y lanza ofensiva final contra la “corrupción de la obra pública”

• Cierre de Vialidad Nacional: El Gobierno anunció su disolución junto a otros dos entes vinculados al transporte, por decreto.
• Justificación oficial: Señalan corrupción histórica, ineficiencia operativa y sobredimensionamiento del personal (solo 1/3 realiza tareas operativas).
• Críticas al kirchnerismo: Se vinculó el anuncio a la condena de Cristina Kirchner por la causa Vialidad y se usó como símbolo del “fin de la corrupción”.
• Nueva estructura: La CNRT será reformulada y se licitarán 9.120 km de rutas, apostando al sector privado.
• Facultades delegadas: Milei no pidió prórroga y usó estos poderes, según Adorni, para generar ahorro fiscal (U$S 2.000 millones).
• Impacto económico: Se prevé un ahorro anual de U$S 100 millones, pero se anticipan tensiones con sindicatos y sectores opositores.

En una conferencia cargada de simbolismo político y denuncias por corrupción, el Gobierno anunció este lunes el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, junto con otros dos organismos estatales vinculados al transporte. La medida fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien la presentó como “el acta de defunción de la corrupción en la obra pública”.

El anuncio estuvo enmarcado en una fuerte crítica al kirchnerismo, en particular a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actualmente cumpliendo prisión domiciliaria tras ser condenada a seis años en la causa Vialidad. La conferencia comenzó con un video recordando ese caso y repasando los 51 contratos irregulares vinculados a Lázaro Báez, citados por Adorni como ejemplo del “despilfarro” estatal que busca erradicar el gobierno de Javier Milei.

Cierre de organismos y reestructuración

El vocero detalló que, mediante un decreto que se publicará este martes, se dispondrá el cierre de Vialidad Nacional, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La CNRT será reestructurada bajo el nuevo nombre de Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte.

Además, se anunció la apertura de licitaciones por más de 9.000 kilómetros de rutas, las cuales, según Adorni, fueron deterioradas por años de ineficiencia y corrupción. El nuevo modelo apunta a una mayor participación del sector privado en el mantenimiento vial.

Argumentos del Ejecutivo

Desde la Casa Rosada justificaron la decisión en base al elevado costo operativo de Vialidad, su estructura sobredimensionada y una ineficiencia funcional marcada. Según cifras oficiales, el organismo cuenta con 5.184 empleados, de los cuales apenas un tercio realiza tareas operativas. El resto desempeña funciones administrativas, técnicas o jerárquicas, lo que, según el Gobierno, genera una “desproporción” entre recursos humanos y materiales.

El Ejecutivo también denunció irregularidades en la contratación de personal, señalando como ejemplo a la secretaria general del sindicato vial, su esposo, dos hijas y un yerno, todos empleados del organismo. “Una muestra concreta de la casta sindical”, apuntó Adorni.

Balance de las facultades delegadas

El anuncio coincidió con el vencimiento del plazo de las facultades delegadas al Ejecutivo, que Milei utilizó durante un año sin solicitar prórroga, hecho que Adorni destacó como “una muestra de respeto a la institucionalidad”. En ese marco, defendió el uso de estas herramientas para implementar reformas que permitieron, según el Gobierno, un ahorro fiscal de 2.000 millones de dólares mediante 65 decretos.

Adorni contrastó este uso con el que hicieron gobiernos anteriores, en particular durante la pandemia, cuando —afirmó— se usaron para restringir libertades y aumentar la presión impositiva. “El problema no es la herramienta, es quién la usa y para qué”, sentenció.

Impacto económico y político

Según el Ejecutivo, el cierre de Vialidad Nacional implicará un ahorro estimado de 100 millones de dólares anuales. La medida se inscribe en la ofensiva libertaria por reducir el tamaño del Estado, eliminar organismos considerados ineficientes y avanzar hacia un modelo de gestión con fuerte impronta privada.

El anuncio, sin embargo, promete abrir una nueva etapa de tensión con sectores sindicales y la oposición, que ya anticipan resistencias ante lo que califican como un desguace del Estado bajo un discurso de transparencia que, aseguran, esconde ajustes y despidos masivos.