Milei apunta contra la Justicia Laboral: “industria del juicio” en la mira del Gobierno

• Javier Milei lanzó una ofensiva contra la Justicia laboral, acusándola de proteger privilegios sindicales y perjudicar a pymes e inversiones.
• El conflicto se intensificó tras fallos que anularon artículos clave de decretos laborales del Gobierno.
• La jueza Moira Fullana, quien falló contra el DNU 340, fue señalada por el oficialismo como “jueza militante”.
• El Gobierno analiza abrir jurys contra jueces laborales y apoya al TSJ porteño como instancia superior para revisar sus fallos.
• Un informe de la UART alertó sobre un récord de demandas laborales en 2025, que implicarían un costo de $2 billones.
• Milei busca modificar el sistema judicial laboral y “desbaratar la industria del juicio”, retomando una vieja crítica ya planteada por Mauricio Macri.

En un nuevo capítulo de su cruzada contra lo que considera “privilegios de la casta”, el presidente Javier Milei encendió alarmas este domingo al compartir un mensaje en redes sociales con una frase tan provocadora como elocuente: “Se viene la motosierra para la industria del juicio y los caranchos”. El posteo, publicado originalmente por la cuenta libertaria @CoherenciaFavor, fue retuiteado por el mandatario, y no pasó desapercibido.

El gesto presidencial, lejos de ser simbólico, marca el inicio de una ofensiva directa contra la Justicia del trabajo. Según confirmaron a este medio fuentes de la Casa Rosada, Milei está decidido a enfrentar lo que en su entorno definen como un “sistema viciado” de jueces laborales y abogados que “frenan inversiones, destruyen pymes y protegen los privilegios sindicales”.

El malestar del Ejecutivo se agudizó tras una sucesión de fallos adversos que anularon artículos clave de los DNU 70, 340 y 430 —vinculados a la reforma laboral, el derecho de huelga y la eliminación del Día del Trabajador del Estado—, todos impulsados por el Gobierno y frenados por la Justicia.

En el centro de la polémica se encuentra la jueza Moira Fullana, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N°3, quien declaró inconstitucionales varios puntos del DNU 340 a partir de presentaciones de ATE y la CGT. Fullana fue calificada como “jueza militante” por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien en sus redes sociales acusó a la Justicia laboral de ser cómplice de “la mafia sindical”.

Desde el oficialismo advierten que esta será una disputa de largo aliento. El primer paso es un análisis estadístico exhaustivo de los fallos laborales, que buscaría demostrar la supuesta parcialidad de los jueces. Además, se baraja la posibilidad de abrir procesos de jury en el Consejo de la Magistratura para remover a magistrados y cubrir vacantes con perfiles afines a la visión de la administración libertaria.

Expectativa en el TSJ y reforma judicial en carpeta

Ante la dificultad de avanzar por vía legislativa, en Balcarce 50 ven con esperanza el rol del Tribunal Superior de Justicia porteño (TSJ), habilitado por un fallo de la Corte Suprema de diciembre pasado a intervenir como instancia superior en causas laborales, penales, civiles y comerciales de la Justicia nacional. Ya recibió más de 180 expedientes, de los cuales 140 corresponden al fuero laboral.

En paralelo, el Gobierno evalúa acelerar el traspaso de juzgados nacionales a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, en línea con lo dispuesto por la reforma constitucional de 1994. Aunque reconocen que sin ese traspaso “no hay herramientas normativas” inmediatas, desde La Libertad Avanza confían en contar con mayor respaldo legislativo tras las elecciones de diciembre para avanzar en una modificación profunda del procedimiento laboral.

La industria del juicio, en cifras alarmantes

El detonante inmediato de la preocupación oficial fue un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), que proyecta un récord de litigiosidad para 2025: se esperan 130 mil nuevas demandas, lo que implicaría un costo superior a los 2 billones de pesos y el equivalente a casi siete millones de salarios mínimos en juego.

Según la UART, el fenómeno no se explica por un incremento en la siniestralidad —que cayó un 55% en el último año— sino por prácticas abusivas, como pericias médicas infladas y tasas judiciales desproporcionadas, que convierten cada juicio en una “oportunidad financiera sin igual”.

Una vieja pelea con nuevos actores

La crítica a la Justicia laboral no es exclusiva del actual Gobierno. En 2017, Mauricio Macri ya había denunciado la existencia de una “mafia de los juicios laborales” que, según él, operaba en alianza con estudios de abogados y un sector del sindicalismo. Milei, sin embargo, parece decidido a llevar esa confrontación mucho más lejos: no solo en el discurso, sino en los tribunales y en el Congreso.

Mientras tanto, en el oficialismo se debate hasta dónde escalar el conflicto. Algunos funcionarios ya sugieren investigar el patrimonio de los jueces laborales y “mostrar sus caras y nombres”. La batalla contra lo que Milei define como “una casta judicial impune” recién comienza, y promete sacudir los cimientos del fuero más incómodo para el poder político.