El Gobierno impulsa la ley 'Inocencia Fiscal' para flexibilizar el régimen tributario y reducir causas penales

ECONOMÍA Agencia de Noticias del Interior
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  • El Gobierno presentó el proyecto "Inocencia Fiscal" para cambiar el sistema tributario de punitivo a recaudatorio.
  • Se elevan los montos mínimos para delitos penales tributarios, reduciendo significativamente causas en la justicia.
  • Se permite extinguir la acción penal pagando la deuda con un recargo del 50% en 30 días, excepto en casos dolosos.
  • Se limitan las denuncias penales por diferencias interpretativas o errores técnicos.
  • Se reduce el plazo de prescripción tributaria a 3 años para contribuyentes cumplidores.
  • Se crea un régimen simplificado para personas físicas y sucesiones con ciertos ingresos y patrimonios.
  • La fiscalización se limita a la última declaración jurada presentada, presumiendo su veracidad.
  • El plan apunta a reducir burocracia, fomentar formalidad y proteger ahorros, focalizando controles en grandes empresas.

El Ejecutivo Nacional presentó un nuevo proyecto de ley denominado "Inocencia Fiscal", que busca transformar el enfoque actual del sistema tributario, pasando de un modelo punitivo a uno recaudatorio. La iniciativa complementa medidas recientes como la información automática de ARCA, la flexibilización de montos controlados por la Unidad de Información Financiera (UIF) y un régimen simplificado de impuesto a las Ganancias.

Uno de los ejes centrales del proyecto es elevar los montos mínimos que configuran delitos penales tributarios. Por ejemplo, el umbral para considerar fraude fiscal penal aumenta de $1.500.000 a $100.000.000, una medida que, según el titular de ARCA, Juan Pazo, reducirá drásticamente la cantidad de causas abiertas en la justicia penal tributaria.

El proyecto también establece la extinción de la acción penal si el contribuyente paga la deuda e intereses con un recargo del 50% dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación, excepto en casos de maniobras dolosas. Además, limita las denuncias penales en casos de diferencias interpretativas o errores técnicos contables y reduce los plazos de prescripción tributaria a tres años para contribuyentes cumplidores.

Se incorpora un régimen simplificado para personas físicas y sucesiones con ingresos y patrimonios determinados, y se limita la fiscalización a la última declaración jurada presentada, presumiendo su veracidad hasta que se detecte lo contrario.

El Gobierno destaca que estas reformas buscan disminuir la burocracia fiscal, incentivar la formalidad y proteger los ahorros de los contribuyentes ante posibles cambios futuros. Según el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de ARCA, Juan Pazo, el plan se centrará en fiscalizar principalmente a las grandes empresas, priorizando la lucha contra la informalidad y actualizando los mecanismos de control.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende dar mayor certeza jurídica a los contribuyentes y facilitar el cumplimiento tributario, mientras reduce la carga de causas penales tributarias que saturan el sistema judicial.

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