La Oficina Anticorrupción desligó a Javier Milei de posibles faltas éticas por promover el criptoactivo $LIBRA

• La Oficina Anticorrupción (OA) determinó que Javier Milei no violó la Ley de Ética Pública al promocionar el proyecto “Viva la Libertad Project” y la criptomoneda $LIBRA desde su cuenta personal en X.
• La OA concluyó que no se trató de un acto oficial, ni hubo uso de recursos públicos ni vínculos patrimoniales con el proyecto.
• La resolución fue firmada por Alejandro Melik y surgió tras denuncias judiciales por presunta estafa luego de la volatilidad del token tras el posteo de Milei.
• También fue investigado el exasesor de la CNV, Sergio Morales, sin hallarse faltas éticas, aunque se recomendó que la CNV evalúe su posible uso de información privilegiada.
• La OA afirmó que las cuentas personales de funcionarios están protegidas por la libertad de expresión, siempre que no impliquen decisiones oficiales.
• La causa penal sigue abierta en la Justicia Federal para determinar posibles delitos vinculados al caso $LIBRA.

La Oficina Anticorrupción (OA) resolvió que el presidente Javier Milei no incurrió en violaciones a la Ley de Ética de la Función Pública al difundir, desde su cuenta personal en la red social X (antes Twitter), el proyecto privado “Viva la Libertad Project” y su criptoactivo asociado $LIBRA, el pasado 14 de febrero de 2025.

La decisión fue firmada por Alejandro Melik, titular del organismo que depende del Ministerio de Justicia de la Nación. El dictamen se conoció el jueves 5 de junio y se originó tras una investigación administrativa iniciada luego de que la publicación presidencial generara una fuerte repercusión económica y judicial, motivando denuncias por presunta estafa.

En su resolución, la OA determinó que la conducta de Milei no configuró un acto de gobierno, al no mediar uso de recursos estatales, procedimientos administrativos ni vínculos patrimoniales con el proyecto promocionado. “Dicho posteo, no conectado con actos administrativos, sin asignación de recursos públicos, ni acompañamiento institucional, debe interpretarse como un acto de comunicación individual o privada”, argumentó el organismo.

La investigación administrativa se realizó de manera paralela a la causa judicial abierta en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, con intervención del fiscal Eduardo Taiano. Fue impulsada por las denuncias del exdiputado Claudio Lozano y del Observatorio del Derecho a la Ciudad, quienes plantearon sospechas de maniobras especulativas tras la abrupta suba y posterior caída en la cotización del token $LIBRA tras la publicación presidencial.

La OA reunió información a partir de fuentes abiertas, declaraciones juradas, registros oficiales y respuestas de distintos organismos públicos. En su análisis, también revisó posibles vínculos entre funcionarios y las empresas promotoras del proyecto, como KIP Protocol, Kelsier Ventures y Tech Forum SRL. La investigación no halló evidencias de contrataciones, apoyos institucionales ni asignaciones presupuestarias vinculadas al proyecto desde ninguna dependencia del Estado.

Uno de los funcionarios investigados fue Sergio Daniel Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), señalado por sus nexos con el sector fintech y blockchain. Según la OA, Morales no incurrió en incompatibilidades durante su gestión pública, aunque se recomendó a la CNV evaluar si corresponde iniciar un sumario administrativo para determinar si el exfuncionario accedió o utilizó información privilegiada en beneficio de terceros vinculados al proyecto $LIBRA.

La resolución representa un respaldo al jefe de Estado, en momentos en que se multiplicaban las críticas desde sectores de la oposición y de organizaciones civiles por su involucramiento en la difusión de un emprendimiento privado con efectos financieros concretos.

La OA subrayó que las cuentas personales de funcionarios —aunque sean utilizadas con alta visibilidad pública— están amparadas por la libertad de expresión, siempre que no se utilicen para anunciar medidas oficiales o movilizar recursos públicos. Citó jurisprudencia reciente, incluso de tribunales internacionales, para sostener esa línea argumental.

No obstante, el expediente administrativo permanecerá abierto a posibles novedades que surjan de la investigación penal en curso. Será en ese ámbito judicial donde se determinará si existieron delitos o responsabilidades penales en relación con el lanzamiento y la promoción del criptoactivo $LIBRA.