Por qué Martín Llaryora redefinió la Justicia de Córdoba: poder propio, enfoque penal y nuevos contrapesos

Martín Llaryora esperó el cierre de su primer año de gestión para marcar presencia en el entramado de la Justicia de Córdoba. Con seis nombramientos cumplió con una inexorable ley, nunca escrita pero ejecutada por todos los gobernadores desde la vuelta de la democracia.

En la última sesión del pasado año, la Legislatura aprobó los pliegos para nombrar a Jessica Valentini en el Tribunal Superior de Justicia; Alejandro Pérez Moreno como fiscal general adjunto en el Ministerio Público Fiscal; Pablo Bustos Fierro, Pablo Pupich, Néstor Gómez y Guadalupe García Petrini, en el Ministerio Público de la Defensa.
 
Con esos nombres, Llaryora no sólo completó casillas vacantes. Fundamentalmente sembró referencias propias en el cenagoso terreno en que se entrecruzan caminos políticos y judiciales.
Aunque numéricamente el mayor peso corresponde al Ministerio Público de Defensa, creado en septiembre del 2023 tras una iniciativa presentada por Juan Schiaretti, las designaciones de Valentini y Pérez Moreno son las que atraen miradas analíticas. En la estela de sus movimientos, interpretan, pueden reconocerse los trazos con que el líder del Partido Cordobés dibuja jugadas en condición de tal.
Las chances de Jessica Valentini
Como contara Letra P, con Jessica Valentini, Llaryora puso su primera pieza en el máximo órgano de Justicia, históricamente atravesado por rencillas internas.
Una de ellas remonta a las procedencias de los miembros, a los que se etiqueta según el gobierno que los impulsó. Como “schiarettista” se menta en los corrillos a Luis Angulo, hoy presidente del TSJ y de su Sala Laboral, exministro y exsecretario de Justicia durante las administraciones del “Gringo”.

Como parte del delasotismo se menciona al referir a Sebastián López Peña y Marta Cáceres de Bollati, presidente y vocal de la Sala Penal respectivamente. Allí coinciden con Aída Tarditti, quien ingresó al órgano en 1995, durante la gobernación de Ramón Mestre.

Con rótulo llaryorista, Valentini llegará sin la fortaleza que esperaba su impulsor. Sin los pergaminos que suelen considerar en la familia judicial, el gobernador apostó por un acuerdo con el radicalismo para garantizarle un plafón de apoyos.

El rechazo de la UCR, con una jugada política que denunció otra jugada política, diluyó buena parte de la anhelada legitimidad de origen.

Consecuentemente, a la exoficial mayor de la Municipalidad capitalina se le augura un prolongado período de adaptación, en el que tejerá vínculos sin romper la dinámica que la precede en el cargo.

La política penal de Martín Llaryora
En ese contexto cobra especial importancia táctica el nombramiento de Alejandro Pérez Moreno como adjunto en el Ministerio Público Fiscal.

Abogado penalista, con pasado en el estudio de Oscar Roger, lo consideran un representante fidedigno de los profesionales “de la calle”. Es decir, aquellos que litigan sin integrarse a organismos públicos.

A tal condición asignan un conocimiento de la realidad que se palpa cotidianamente. “La verdadera temática social, que se constata en el vínculo con la gente”, dicen desde el Panal, como se conoce a la casa del gobierno de Córdoba. El contraste es claro: se adjudica a los cortesanos un análisis desde criterios más cercanos a la endogamia que a los problemas reales.

En particular de aquellos que se dedican al Derecho Penal, la rama del derecho público más cara a la identidad cordobesa y que canaliza los principales reclamos de los profesionales al Colegio de Abogados.

Vinculado directamente a la problemática de la Seguridad, la cual sigue siendo prioritaria para el cordobesismo, sobre el mismo eje se motorizan reclamos a la administración del TSJ. Voces disidentes consideran que no se le asigna la debida importancia, medida en recursos y tiempos.

“Tenemos problemas serios. Por ejemplo, sólo 30% de las personas procesadas tienen sentencia firme. Hay demoras inexplicables para la compra de elementos. Eso afecta la imagen de la Justicia”, dice una calificada voz del peronismo.

“La política penal es clave. La seguridad está en el centro de nuestra agenda”, repiten voces de la gobernación que, en simultáneo, quitan preponderancia a las disputas y afirman que la Justicia mediterránea “es la menos politizada”.

“Es facultad del Ejecutivo promocionar miembros del TSJ. Los jueces y fiscales llegan a través del Consejo de la Magistratura”, subrayan.

Un reconocido en Córdoba
El desempeño de Pérez Moreno como abogado no amerita análisis unívoco. Voces que justifican su nombramiento recuerdan que patrocinó a Daniel Passerini en una causa por amenazas. Más importante aún, representó a Soledad Laciar, madre de Blas Correas, en el caso que conmovió al país. Allí, el penalista pidió hablar de violencia estatal, categoría que apuntaba directamente al core discursivo del Estado, por entonces administrado por Schiaretti.

También han tenido relevancia política sus participaciones como defensor de José María Bouvier, extitular del Servicio Penitenciario, en una megacausa que involucra a altos funcionarios, y a Eduardo Caeiro, acusado por tráfico de influencias en los concursos públicos.

Voces críticas evocan su pasado como defensor de policías acusados por delitos aberrantes o de barrabravas. “Hasta el caso Blas nunca había estado vinculado a los Derechos Humanos”, evoca un analista de vasta experiencia.

Unos y otros coinciden en prestar atención a sus vínculos familiares. Pérez Moreno tiene un hermano juez de Cámara y una hermana fiscal de instrucción. Tales vínculos le asignarían un conocimiento de los procedimientos judiciales sobre los que pesan acusaciones de morosidad.

“Hay viejos problemas que repercuten en la imagen pública. Lo más común es la demora en la gestión de los procedimientos. Hay que cuidar el fuero penal”, resalta otro operador del Partido Cordobés.

Contrapeso a Juan Schiaretti
Las críticas ubican al fiscal general Juan Manuel Delgado como responsable de la situación. “Prometió más territorialidad, en el marco de un plan general. Pero no cumplió. Son los mismos problemas hace años”, disparan operadores judiciales.

La invectiva vuelve a remontar a la interna entre fueros. Al jefe de los fiscales, experto en fideicomisos y obligaciones negociables, bien visto por el Círculo Rojo, se lo acusa de subestimar, la importancia de la temática penal.

Delgado es visto también como pate de un tándem schiarettista con José Gómez Demmel en la lectura política del MPF. En vereda opuesta se ubica al delasotista Héctor David, a quien alinean con las referencias de la sala Penal del TSJ.

En ese complejo tablero, Pérez Moreno llegará con sus propios avales, muchos de los cuales provienen del funcionariado del MPF. Voces más audaces lo ubican ya en la parrilla de candidatos a fiscal General.

Casación para Córdoba
Especulaciones de variada índole rodean también al proyecto de creación de un Tribunal de Casación. Presentado por el legislador libertario Agustín Spaccesi, en el marco de una reforma judicial, cuenta con el necesario aval del oficialismo.

Amén de una readecuación de la estructura jurídica, largamente reclamada por especialistas, la iniciativa tiene una inexorable dimensión política. Una Cámara de Casación diluiría, en parte, el poder del Tribunal Superior.

“Hay que ordenar institucionalmente la Justicia. Casación es necesaria para agilizar los procesos. Las internas del TSJ demoran las cosas. No podemos seguir con eso”, dice una calificada fuente.

Con severas advertencias, voces contrarias piden considerar otra variante: la reacción corporativa del Poder Judicial. Sobre todo, porque los alfiles de Llaryora aún no han hecho pie en tan pantanoso terreno.

CON INFORMACION DE LETRAP.