En la era de Javier Milei, el ajuste es el otro

La sanción en el Senado, con una mayoría aplastante, de la ley que les restituye a los jubilados una parte de lo birlado por el Caputazo y que establece nuevos criterios de movilidad de los haberes generó una divisoria de aguas en el sistema político y, acaso más importante, un debate económico que por fin despunta en la era de Javier Milei.

Por importante que resulte en sí misma, y lo que implica en términos del hiperajuste en curso, de las aristas más filosas de la mileinomía y del molde estrecho en el que se busca empotrar de modo duradero a la sociedad, la cuestión de las jubilaciones es subalterna a esa discusión, aunque sin ella no habría emergido con claridad.

¿Nace un consenso social sobre el ajuste de Javier Milei?

Una mayoría amplia del sistema político ya no discute que un control en serio de la inflación, una reactivación de la producción y una recuperación de los ingresos dependen de que la Argentina tenga orden macroeconómico, puntualmente equilibrio fiscal. Sin vueltas, cree que es necesario realizar un ajuste. Fuera de ese criterio quedan –con todo derecho, claro– la izquierda revolucionaria, cuya lógica transita por carriles diferentes, y –tal vez– el grueso del cristinismo.

Más relevante, una enorme mayoría social viene de votar en función de esa idea, común –más allá de sus obvias diferencias– a Milei, Sergio Massa y Patricia Bullrich, entre otras alternativas. Lo hizo después de años de escuchar que gastar por encima de los ingresos resulta inocuo y, así, de coleccionar frustraciones.

Si, como suele decir Cristina Fernández de Kirchner, las causas de la inflación no son el déficit y la emisión monetaria que lo financia –encima, en un país sin acceso al crédito–, sino la falta de dólares, tal vez habría que revisar qué conductos hacia los atrasos cambiarios y las devaluaciones bruscas se habilitan a través de la economía siempre recalentada y el gasto procíclico. Esta es la inviabilidad –comprobada por años en el país– de ser más keynesianos que Keynes.

Más allá de eso –y en esto tienen razón los críticos de la izquierda y del propio peronismo–, el establishment es extraordinariamente hábil en imponer la idea de que el equilibrio de las cuentas públicas sólo es asequible en base al sufrimiento ilimitado en magnitud y tiempo de los sectores populares y, en especial, de los jubilados. Esto –la idea de que no hay alternativas y de que el padecimiento siempre les corresponde a los mismos y el disfrute, a quienes lo predican– es lo que viene a poner, afortunadamente, por primera vez en negro sobre blanco lo que acaba de votar el Congreso.

Javier Milei, primero furia y luego también

El Presidente vetará la ley y esta volverá a las cámaras que, para blindarla, deberían ratificarla con mayorías de dos tercios.

Según lo que ocurrió en las votaciones iniciales, eso no debería ser problema, pero los insólitos vaivenes de Mauricio Macri, las sugestivas intervenciones de la inteligencia oficial en sus asuntos y las justificadas dudas sobre la consistencia de los legisladores del PRO y de la Unión Cívica radical (UCR) no permiten realizar pronósticos tajantes.

El mal humor que el jefe de Estado expresó desde el primer momento, que incluyó violencias graves contra los senadores –más o menos– opositores, no se le va con nada.

“No voy a dejar pasar ni un milímetro a los degenerados fiscales”, insistió, muy confiado, antes del fin de semana, durante un discurso en la la Bolsa de Comercio de Rosario. “Mi palabra no se negocia: no voy a entregar el déficit cero”, prometió de cara a la fanaticada.

En esa intervención volvió a esgrimir su conocida y abstrusa aritmética, la que lo llevó a ponderar que el 8,1% de aumento y la nueva movilidad para los jubilados –cuyos derechos de propiedad violaron de entrada él y Toto Caputo– significaría un aumento de la deuda nacional de 370.000 millones de dólares y un aumento de la misma del 62%. Andá a chequearlo…

Asimismo, habló de “bestialidad de brutos”, de “irresponsabilidad, populismo y demagogia”, y de “disparate”, a la vez que denunció que “la casta política quiere rompernos el equilibrio fiscal”.

Acaso un poco más sereno, el ultraderechista festejó el viernes que su anuncio de veto propició un rebote –no más que eso– de las acciones y otros activos argentinos.

Mientras, a diferencia de otros momentos, desde la trinchera de enfrente no sólo se escucharon eslóganes contra “el ajuste”, sino también argumentos políticos y económicos.

Era hora.

La política habló sobre las jubilaciones

El radical Martín Tetaz se autopercibió viejo y optó por el humor, pero hubo otras manifestaciones más relevantes.

De hecho, se escucharon ideas llamativamente coincidentes de las diferentes tribus políticas que votaron a favor de los jubilados.

Borroneando las caricaturas que se hacen de ella, Unión por la Patria (UP) no se limitó a fundamentar la justicia de resarcir a los jubilados, sino que recordó que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó el impacto fiscal de la medida en 0,43% del producto bruto interno (PBI), cifra “equivalente a los cambios tributarios del paquete fiscal del Gobierno y la reducción de Bienes Personales de la ley Bases”. En buen romance, el de Milei es un ajuste, violentamente inequitativo, pero no el único ajuste posible.

El presidente del radicalismo, Martín Lousteau, batió un parche parecido. “A los más ricos le bajó los impuestos, pero no hay 18.000 pesos para los jubilados”, reprochó, no sin plantear el doble –triple e incluso más– estándar del Presidente en el terreno que este siente como propio: las redes sociales.

Nicolás Massot, hombre clave del bloque pichettista de Diputados, sumó argumentos también en X. “La vuelta del impuesto a las Ganancias o la baja (decidida por el Gobierno) de Bienes Personales sobran para pagar el aumento a los jubilados. Pero el premio será otro blanqueo para los que no aportaron, y nada a los que aportaron 30 años. Para aviones privados y espías sí, para jubilados no. Ajuste sin prioridades”, disparó.

¿Hay otro ajuste posible? Milei no sabe/no contesta

El punto es necesario. Este medio ha insistido varias veces en la inmoralidad y hasta en el delito –plausible causal de juicio político– en que incurre el Presidente cada vez que llama “héroes” a los evasores de impuestos. Esa concepción, como bien dijo Massot, se tradujo en un blanqueo de generosidad sin precedentes, una verdadera burla a los argentinos de bien –los de verdad– que pagaron siempre sus impuestos. Lo que el legislador no termina de explicar es porqué el Congreso le facilitó una herramienta tan abusiva al Gobierno.

Las reacciones políticas fueron variadas y no se limitaron a las citadas. Desde lo estrictamente económico, terció Martín Guzmán, quien explicó que “durante el gobierno de Milei, el gasto en jubilaciones y pensiones cayó 30,84% en términos reales” y que “los jubilados pagaron el 29% del ajuste del gasto primario”.

Si el mandatario quiere mantener el superávit fiscal, añadió, puede “bajar otros gastos, proponerle una suba de impuestos al Congreso y/o no eliminar el impuesto PAIS” –lo que está previsto para el mes que viene–, además de “bajar gastos tributarios, muchos de los cuales benefician a la verdadera casta de nuestro país”.

Se destaca este punto de vista porque va en línea con lo que desPertar, el newsletter de Letra P, mencionó –una vez más– en su edición del viernes: que hay entre 2,5 y 3 puntos porcentuales del PBI –algunos cálculos dicen 4– que se van en “una miríada de exenciones impositivas y regímenes especiales que alimentan sin fin a la vista las fortunas de una casta empresarial que nunca deja de libar la sangre de la sociedad”.

En esos beneficios oscuros anidan lobbies poderosos y “benefactores” de la política, lo que explica que el asunto sea, como dijo El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, tan esencial como invisible a los ojos.

La otra discusión que falta

Milei decide desde las alturas que hay que ajustar, quién gana y quién pierde en ello, y además que no hay otro camino que el del padecimiento de los más vulnerables y de quienes, por la dictadura de la biología, no tienen revancha. Y, claro, que todo lo que señale caminos alternativos es cosa de “degenerados fiscales”.

Además, impone que el equilibrio fiscal no debe ser sólo primario –es decir antes del pago de deudas–, sino también financiero. Así, excediendo lo que reclama el propio FMI, pretende obligar a la sociedad a realizar recortes y ahorros tales que permitan pagar vencimientos que crecen ferozmente en 2025, 2026 y en los años subsiguientes. ¿Vale la pena?

Es cierto que la Argentina, con un riesgo país que los “éxitos” de Milei y Caputo no bajan de la estratósfera, está y estará por mucho tiempo fuera de los circuitos crediticios que les permiten a los países refinanciar sus deudas, pero lo que el Gobierno no explica es cómo hará para convertir los pesos que ahorre en dólares que no tiene y así honrar esos compromisos.

Es bueno que la política y la sociedad empiecen a hablar de economía en términos más racionales, y también que ese debate marque alternativas para que los que sufren siempre no paguen las fiestas de los que habitualmente la pasan bien.

Sin embargo, falta aún otro paso: empezar a discutir cuál es el tamaño razonable del esfuerzo que se debe hacer. En otros términos, si el enorme cúmulo de deudas –con acreedores privados locales y extranjeros, con el FMI y todos los organismos de crédito, con Estados, con importadores, del Tesoro y del Banco Central…– es en verdad pagable o si conviene agachar la cabeza, tragar saliva y asumir la humillación de volver a renegociar lo que todos sabemos que no hay cómo pagar.

Ese momento todavía no llega, pero es inexorable. Por lo pronto, en otras cuestiones trascendentes, ya no negamos la ley de gravedad y pasamos a primer grado. No es poco.

* Para www.letrap.com.ar