Democracia en el aula: la lección pendiente a 50 años del golpe

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay aniversarios que invitan a mirar hacia atrás. Otros, en cambio, obligan a revisar el presente con una incomodidad que no admite evasivas. A medio siglo del golpe de 1976, la Argentina no enfrenta tan solo el desafío de recordar lo ocurrido, sino algo más profundo: sostener y transmitir una cultura democrática en un tiempo donde esa palabra, “democracia”, parece cada vez más naturalizada y, por eso mismo, más frágil.

El problema no es la falta de memoria. Es, más bien, la ilusión de que la memoria alcanza.

Durante décadas, la democracia argentina se pensó a sí misma como una conquista irreversible. Desde Raúl Alfonsín en adelante, la narrativa dominante fue que el “Nunca Más” no solo cerraba un ciclo, sino que abría una etapa definitivamente distinta. Y, sin embargo, el paso del tiempo fue corriendo el eje. Lo que para una generación fue experiencia, para otra es relato. Lo que fue trauma, hoy es contenido curricular. Y lo que fue urgencia, empieza a parecer una lección lejana.

Ahí aparece la escuela. No como un santuario de certezas, sino como un territorio en disputa.

Porque la democracia no se enseña como una fórmula. No se memoriza, no se repite, no se declama. Se aprende —o no— en la práctica cotidiana. En el modo en que se discute, en cómo se escucha, en la posibilidad de disentir sin destruir al otro. Y, sobre todo, en la experiencia concreta de que las reglas existen, pero no para silenciar, sino para hacer posible la convivencia.

Ese aprendizaje hoy está en tensión.

Las nuevas generaciones no rechazan la democracia. Pero tampoco la sienten propia. Hay, en el mejor de los casos, una relación distante, de baja intensidad. La política aparece como un ruido de fondo, una conversación ajena, algo que sucede en otro plano. Y cuando la democracia se percibe como un sistema que no resuelve problemas —económicos, sociales, cotidianos—, la adhesión deja de ser una convicción y pasa a ser una costumbre.

El riesgo no es la apatía. Es el desgaste.

Porque toda democracia soporta cierto nivel de malestar. De hecho, vive de eso: de la crítica, de la insatisfacción, de la demanda constante. Pero hay un punto en el que ese malestar deja de ser motor y empieza a convertirse en descreimiento. Y cuando eso ocurre, la puerta a soluciones autoritarias, aun en versiones suaves o disfrazadas, deja de ser una hipótesis lejana.

Frente a ese escenario, la educación no es un accesorio. Es el núcleo.

Pero no cualquier educación. No alcanza con repetir fechas, enumerar hechos o ritualizar efemérides. La enseñanza de la última dictadura —como la de cualquier pasado traumático— exige algo más incómodo: complejidad. Contexto. Preguntas. Incluso dudas. Porque el problema no es que los jóvenes no conozcan lo que ocurrió, sino que muchas veces lo reciben como un relato cerrado, impermeable al debate.

Y una democracia sin debate es apenas una forma vacía.

El desafío, entonces, es doble. Por un lado, transmitir con rigor lo que significó la ruptura del orden constitucional, sin simplificaciones ni atajos. Por otro, evitar que esa transmisión se convierta en un dogma. Porque cuando la historia se enseña como consigna, pierde su potencia formativa y se transforma en una pieza más del ruido.

La clave está en el equilibrio: enseñar sin imponer, debatir sin relativizar, abrir la palabra sin renunciar a la verdad.

En ese punto, la escuela tiene una ventaja que ningún otro espacio ofrece: es el primer lugar donde la democracia puede vivirse antes de ser comprendida. En el aula, en los pasillos, en los centros de estudiantes, en los acuerdos de convivencia. Ahí se juega algo más profundo que un contenido: se construye una experiencia.

Aprender a argumentar. A escuchar. A aceptar límites. A convivir con la diferencia. Todo eso es democracia. Y todo eso se practica —o se pierde— en la vida escolar.

Sin embargo, también hay una trampa. La idea de que más participación equivale automáticamente a más democracia. No siempre es así. La participación sin reglas puede derivar en una forma de anarquía verbal donde todo vale, incluso la descalificación o el insulto. Y eso no es libertad. Es, en todo caso, su negación.

Educar en democracia implica también enseñar los límites del disenso. No todo es opinable en los mismos términos. No toda expresión construye. Hay marcos, hay responsabilidades, hay un otro al que reconocer.

En tiempos donde las redes sociales moldean gran parte del lenguaje público, la escuela tiene una tarea casi contracultural: recuperar el valor de la palabra con sentido. De la argumentación. De la evidencia. De la escucha.

A 50 años del golpe, esa puede ser la enseñanza más urgente.

Porque la democracia no se defiende solo recordando el pasado. Se sostiene, sobre todo, en la calidad de las prácticas del presente. Y esas prácticas se aprenden, en gran medida, en las aulas.

No se trata de formar militantes. Ni de imponer visiones. Se trata de algo más elemental y más ambicioso: formar ciudadanos capaces de vivir en democracia.

Eso implica aceptar que la democracia es imperfecta, que genera frustraciones, que no siempre responde como se espera. Pero también implica comprender que es el único sistema que permite corregirse sin destruirse.

La escuela no puede resolver todos los problemas de la democracia. Pero sí puede evitar que se vacíe de sentido.

Y en un país donde el pasado todavía resuena, donde las deudas del presente se acumulan y donde el futuro aparece muchas veces como una incógnita, esa tarea no es menor.

Es, probablemente, la más importante de todas.