Perón contra su propia tropa: la orden de depurar el peronismo que desató una guerra interna

Hay momentos en la historia que algunos prefieren esquivar. Episodios incómodos, difíciles de encajar en relatos simplificados, que rompen con las versiones románticas de los movimientos políticos. Lo que ocurrió en octubre de 1973 dentro del peronismo es uno de ellos. Y negarlo o maquillarlo no lo hace desaparecer.

Pocos días después del asesinato de José Ignacio Rucci, ejecutado por la organización Montoneros, Perón tomó una decisión que no dejó lugar a dudas: el enemigo ya no estaba afuera, estaba adentro.

Durante años de exilio, el líder había tolerado —e incluso alentado— una convivencia táctica entre sectores completamente opuestos. Era una estrategia: sumar fuerzas para volver al poder. Pero una vez logrado el objetivo, la historia cambió. Y cambió de manera brutal.

El mensaje fue directo: el modelo de país que imaginaba Perón no tenía absolutamente nada que ver con el marxismo. No había síntesis posible. No había punto medio. Y lo que hasta ese momento era una tensión, se convirtió en una ruptura definitiva.

El 1° de octubre de 1973, el Consejo Superior Peronista, bajo su conducción, emitió un documento que no fue un simple posicionamiento político. Fue una orden. El llamado “Documento Reservado” marcó el inicio formal de una purga interna dentro del justicialismo.

El texto no dejaba margen para interpretaciones: hablaba de una “escalada de agresiones” y de una “verdadera guerra” contra el movimiento, señalando directamente a los sectores marxistas como responsables.

A partir de ahí, la lógica fue otra. El peronismo se declaró en estado de movilización permanente y exigió alineamiento total. Sin matices, sin discusión, sin disidencias. El que no obedecía, quedaba afuera. O peor.

El punto más delicado —y más revelador— fue la construcción del “enemigo interno”. Perón no dudó en ubicar en ese lugar a la Juventud Peronista y a las organizaciones vinculadas al marxismo, acusándolas de infiltración ideológica y de intentar desnaturalizar al movimiento.

No era solo un discurso. Era una directiva política con consecuencias concretas. Se ordenaba impedir su participación en actos, bloquear su capacidad de difusión y utilizar todos los recursos del Estado para enfrentarlos con “todo rigor”.

En otras palabras: no se trataba de una disputa interna más. Se habilitaba una confrontación directa, sistemática y sin concesiones.

El contexto, claro, era explosivo. El asesinato de Rucci, apenas días después del regreso triunfal de Perón al poder, terminó de dinamitar cualquier posibilidad de convivencia. La ruptura fue total.

Pero lo más grave vino después.

Ese documento no quedó en el plano de las ideas. Funcionó como el respaldo político e ideológico para la aparición de la Triple A, una estructura parapolicial creada bajo la órbita del Estado y conducida por José López Rega.

No fue casualidad. No fue un exceso aislado. Fue la consecuencia directa de una decisión política: erradicar a los sectores considerados “infiltrados” por cualquier medio necesario.

Apenas 51 días después de ese documento, la Triple A hacía su primera aparición pública. La política había dejado de ser solo política. Había pasado a ser acción directa. Violenta. Letal.

Y ahí es donde la historia se vuelve incómoda para muchos.

Porque rompe con el relato de buenos y malos absolutos. Porque muestra que la violencia política en la Argentina de los 70 no fue unidireccional ni sencilla de explicar. Y porque obliga a reconocer que dentro del propio peronismo se desató una guerra interna que dejó heridas profundas.

No se trata de justificar nada. Se trata de entender todo. Porque cuando la historia se cuenta incompleta, deja de ser historia y pasa a ser propaganda. Y la Argentina ya pagó demasiado caro cada vez que eligió mirar para otro lado.