Cuando la realidad se impone, el relato de Llaryora empieza a resquebrajarse

Durante meses, la gestión de Martín Llaryora construyó un relato claro, casi desafiante: Córdoba podía sola. Sin depender de la Nación, sin someterse a los vaivenes del poder central, la provincia —ordenada, eficiente, “distinta”— estaba en condiciones de sostener su propio modelo. La obra pública era la prueba más visible de esa narrativa.

Hoy, ese discurso empieza a mostrar fisuras.

La decisión de desacelerar y postergar obras para redirigir recursos hacia una mejora salarial docente no es un simple movimiento administrativo. Es, en términos políticos, una admisión. Porque si hay que frenar obras para pagar sueldos, entonces la autonomía financiera que se proclamaba tenía límites más estrechos de lo que se decía.

El conflicto con los docentes terminó por exponer esa tensión. Con la paritaria empantanada y un paro de 48 horas en marcha, el Gobierno provincial se vio obligado a elegir. Y eligió. Pero al hacerlo, dejó al descubierto que no se puede sostener al mismo tiempo el ritmo de la obra pública, el equilibrio fiscal y la paz social en un contexto de caída de la recaudación.

El cordobesismo intenta presentar la jugada como un gesto de responsabilidad: priorizar salarios, garantizar que no pierdan contra la inflación, mostrar vocación de acuerdo. Pero detrás de esa narrativa más moderada se esconde un dato incómodo: el modelo ya no cierra sin resignaciones.

El ministro Daniel Pastore buscó correr el eje al plantear que el conflicto tiene componentes “ideológicos”, apuntando a sectores sindicales más duros. Puede haber algo de cierto en esa lectura. Pero reducir el problema a una cuestión política o doctrinaria es, en el fondo, una forma de esquivar lo central: el deterioro salarial es real y la capacidad del Estado provincial para revertirlo es más limitada de lo que se admitía.

En paralelo, el Gobierno endurece su postura. El anuncio de descuentos por días no trabajados marca que la negociación no es sólo técnica, sino también una pulseada de poder. A eso se suma la apelación al impacto social del paro, poniendo sobre la mesa la situación de los estudiantes que dependen del Paicor. Es una estrategia conocida: trasladar el costo político del conflicto al otro lado.

Del lado gremial, Roberto Cristalli se mantiene firme en el rechazo a cualquier fórmula atada a la recaudación, mientras que sectores más duros directamente elevan las exigencias. El margen para un acuerdo rápido parece, por ahora, acotado.

Pero más allá del desenlace puntual de esta paritaria, lo que queda es una señal más profunda. La Córdoba que podía sostenerse “a pesar de la Nación” empieza a enfrentarse con la Córdoba real, la que también sufre la caída de ingresos, la retracción económica y las restricciones fiscales.

El relato de autosuficiencia era políticamente potente. Pero como suele ocurrir, la realidad tiene la última palabra. Y cuando eso pasa, los discursos no se caen de golpe: se van desgastando, decisión tras decisión.

La postergación de la obra pública no es sólo un ajuste de prioridades. Es el punto donde el relato empieza a perder contra los hechos.