La canasta sindical: cuando el problema no es el número sino quién hace la cuenta

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

En la Argentina hay discusiones económicas que son complejas, otras que son interminables y algunas que son directamente teatrales. La nueva “canasta de vida digna” presentada por un conglomerado sindical pertenece a esta última categoría: una puesta en escena donde el número importa menos que el momento político en que aparece.

Según el informe elaborado por el Frente de Sindicatos Unidos, una familia trabajadora necesitaría $2.706.923 mensuales para cubrir sus necesidades básicas. El estudio fue impulsado por organizaciones como la Asociación Trabajadores del Estado, la Unión Obrera Metalúrgica y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, entre otras entidades gremiales.

Ahora bien, antes de entrar en la discusión política conviene aclarar algo importante: el número en sí mismo no es el problema. En un país que arrastra años de inflación acumulada y distorsiones de precios, una canasta de más de dos millones y medio de pesos para sostener un hogar no suena descabellada por definición. La Argentina se volvió cara en muchos rubros y eso lo saben tanto los economistas como cualquier familia que paga alquiler, supermercado y transporte.

El punto débil del informe aparece en otro lado: quién lo produce y con qué rigurosidad.

Las mediciones del costo de vida suelen ser una tarea compleja. Requieren metodologías claras, muestreos amplios, criterios estadísticos consistentes y un trabajo técnico sostenido en el tiempo. Por eso, incluso organismos especializados como el Instituto Nacional de Estadística y Censos dedican enormes recursos humanos y técnicos a la elaboración de sus indicadores.

Los sindicatos, en cambio, no son institutos de estadística ni centros de investigación económica. Su función histórica es representar intereses laborales, negociar convenios colectivos y participar en la discusión salarial. Cuando deciden convertirse en productores de indicadores macroeconómicos, inevitablemente aparece una pregunta incómoda: ¿qué tan confiables son esos números?

El informe gremial habla de nueve necesidades básicas que incluyen alimentación, vivienda, salud, transporte, educación, cultura y esparcimiento. La selección de esos rubros no es particularmente polémica. Lo que sí genera dudas es la manera en que se construyen los valores y el modo en que se presentan como una referencia objetiva.

Porque en economía los números no flotan en el aire. Dependen de supuestos, de criterios metodológicos y de decisiones técnicas que deben ser transparentes. En el documento sindical esos aspectos aparecen poco desarrollados, lo que transforma al cálculo más en una declaración política que en una herramienta analítica.

Y ahí aparece el segundo punto central del asunto: la oportunidad política.

La difusión de esta canasta no ocurre en un vacío. Llega en medio de un proceso de ajuste macroeconómico impulsado por el gobierno de Javier Milei, cuyo objetivo principal es estabilizar una economía que durante años funcionó con déficit fiscal crónico, emisión monetaria y una inflación que pulverizó salarios.

En ese contexto, presentar una canasta que eleva de forma significativa el ingreso necesario para vivir funciona como un instrumento de presión política en la negociación salarial. No es una práctica nueva. A lo largo de la historia argentina, distintos actores sociales han construido sus propios indicadores para influir en el debate público.

Lo curioso es que muchos de los gremios que hoy denuncian el deterioro del poder adquisitivo fueron protagonistas durante años de un modelo económico que terminó generando justamente el problema que ahora señalan: inflación persistente y pérdida de valor real de los ingresos.

Durante ese largo período, la discusión salarial muchas veces se resolvía con aumentos nominales que parecían grandes victorias en paritarias pero que, pocos meses después, quedaban licuados por la inflación. Era un juego repetido: subía el salario, subían los precios y el trabajador volvía al punto de partida.

El actual intento del Gobierno busca romper con ese círculo vicioso mediante una estrategia de estabilización que prioriza el equilibrio fiscal y la reducción de la inflación. Es un proceso difícil, incómodo y socialmente costoso, pero apunta a algo que la economía argentina no logra desde hace años: que los salarios recuperen valor real sin depender de aumentos nominales permanentes.

En ese escenario, la nueva canasta sindical parece más una herramienta de posicionamiento político que un verdadero instrumento técnico. No porque el monto sea absurdo, sino porque el estudio carece del respaldo metodológico que permitiría tomarlo como referencia seria para el análisis económico.

La discusión sobre cuánto cuesta vivir dignamente en la Argentina es absolutamente válida y necesaria. Pero si se pretende aportar al debate público con números, lo mínimo que se espera es que esos números surjan de un trabajo técnico sólido y transparente.

De lo contrario, el resultado termina siendo el de siempre: cifras que circulan en titulares, alimentan discusiones televisivas y refuerzan posiciones políticas, pero que aportan poco a la comprensión real del problema.

Y en un país que lleva décadas discutiendo salarios, inflación y pobreza, tal vez lo que menos necesita es sumar más números que sirven más para la tribuna que para la economía.