El camino al 24: errores, violencia y vacío de poder

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay fechas que no se recuerdan: se discuten. El 24 de marzo es una de ellas. Medio siglo después, sigue siendo una herida abierta, pero también un terreno donde muchos prefieren acomodar el pasado según la necesidad del presente. Y ahí empieza el problema: cuando la memoria se vuelve selectiva, deja de ser memoria para convertirse en relato.

Para entender lo que pasó en 1976 hay que retroceder unos cuantos casilleros. No alcanza con mirar el desenlace, porque los golpes de Estado no nacen de un repollo ni aparecen por generación espontánea. Son, casi siempre, el resultado de un proceso largo, torpe y muchas veces irresponsable de quienes tenían la obligación de sostener el orden institucional.

El ciclo que desemboca en el quiebre comienza con el regreso de la política en 1973. Aquella jornada inaugural, que debía ser una fiesta democrática, terminó mostrando otra cosa: desborde, presión callejera y una lógica de hechos consumados. La liberación anticipada de dirigentes armados, antes incluso de que el Congreso resolviera una amnistía, fue mucho más que un episodio: fue una señal. La ley empezaba a correr detrás de los acontecimientos.

Desde ese momento, el Estado comenzó a perder el control de la situación. Las organizaciones armadas, lejos de desactivarse, retomaron impulso. No eran homogéneas, pero compartían un mismo método: la violencia como herramienta política. Atentados, secuestros y asesinatos pasaron a ser parte del paisaje cotidiano. Y lo más grave: todo eso ocurría en democracia.

Cuando volvió Juan Domingo Perón, lo hizo con una legitimidad contundente. Sin embargo, ni siquiera ese respaldo alcanzó para ordenar el caos que ya estaba en marcha. Su liderazgo intentó disciplinar, pero también alimentó tensiones internas. La ruptura con sectores juveniles y el endurecimiento del discurso marcaron un punto de no retorno. El asesinato de José Ignacio Rucci fue, en ese sentido, un golpe político y simbólico de enorme magnitud.

Tras la muerte de Perón, el gobierno de María Estela Martínez de Perón quedó atrapado en una tormenta perfecta. Internas feroces, violencia creciente y una economía que se deshacía a la vista de todos. La inflación se aceleraba a niveles alarmantes y la crisis internacional sumaba presión. En ese escenario, el poder político empezó a diluirse.

A la violencia de las organizaciones armadas se sumó la respuesta ilegal desde el propio Estado, con estructuras parapoliciales que operaban al margen de la ley. Es decir, el descontrol era doble: por acción y por reacción. El resultado fue un espiral donde la institucionalidad quedó en segundo plano.

Hubo oportunidades para evitar el desenlace. No muchas, pero existieron. Una de ellas fue la posibilidad de encauzar la crisis dentro del marco constitucional, con decisiones políticas firmes que permitieran recomponer autoridad. Otra, quizás más concreta, fue el intento de avanzar con un juicio político que ordenara la transición sin romper el sistema. Pero esas alternativas se desinflaron por cálculos, temores o directamente por falta de coraje.

El peronismo, fragmentado, no logró resolver su propia crisis interna. La oposición, por su parte, tampoco encontró la forma de construir una salida institucional sólida. Y mientras tanto, los factores de poder —incluidos sectores sindicales— empezaban a mirar de reojo una salida de facto, más por supervivencia que por convicción.

Cuando finalmente llegó el golpe, no hubo resistencia política significativa. No porque faltaran voces críticas, sino porque el sistema ya estaba exhausto. El dato incómodo es ese: la democracia no fue derribada en su mejor momento, sino en uno de sus puntos más débiles.

Eso no justifica nada. Pero sí obliga a pensar. Porque si se reduce todo a una explicación simplista, se pierde la posibilidad de aprender algo. Y la historia, cuando no enseña, se repite. A veces con otros nombres, otras formas, pero con los mismos errores de fondo.

También es cierto que el régimen que se instaló después llevó adelante una represión brutal, sistemática y fuera de cualquier marco legal. Eso forma parte de la verdad completa. Pero esa etapa, tan estudiada y condenada, no debería tapar lo que pasó antes. Porque si se omite el contexto previo, el análisis queda incompleto.

El desafío, a cincuenta años, es mirar ese período sin consignas prefabricadas. Entender que hubo responsabilidades múltiples, errores compartidos y decisiones que fueron empujando al país hacia un abismo. Nadie tiene el monopolio de la culpa, pero tampoco de la inocencia.

La democracia, finalmente, no se pierde de un día para el otro. Se desgasta, se debilita, se vacía. Y cuando eso pasa, cualquier sacudón la puede quebrar. Esa es, quizás, la lección más incómoda de todas.