Llaryora impulsa prohibir a los “naranjitas” en Córdoba tras un violento episodio que reactivó el debate

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, resolvió impulsar una iniciativa legislativa destinada a prohibir la actividad de cuidacoches ilegales —conocidos como “naranjitas”— y limpiavidrios en todo el territorio provincial. La determinación fue adoptada en una reunión realizada el viernes en el Centro Cívico, aunque su difusión oficial se concretó recién el domingo, a través de las redes sociales del mandatario.

La decisión se conoció pocos días después de un hecho de violencia que encendió alarmas: un efectivo policial resultó herido de bala tras un enfrentamiento entre cuidacoches por el control de una zona de trabajo.

Aunque el alcance de la norma es provincial, en la práctica la iniciativa apunta principalmente a la ciudad de Córdoba. Allí, el intendente Daniel Passerini viene reclamando herramientas legales más firmes para abordar una problemática que creció en los últimos años. Actualmente, tanto el municipio como la Policía se encuentran con limitaciones normativas para intervenir de manera preventiva frente a estas actividades.

La propuesta del Ejecutivo busca cubrir ese vacío legal. Sin embargo, su proyección a toda la provincia generó cierta incomodidad en intendentes del interior, quienes aseguran que la situación no se replica con la misma intensidad en sus localidades —incluso en aquellas con fuerte perfil turístico— y consideran que se trata de una solución pensada desde la capital hacia el resto del territorio.

En ese marco, el Gobierno provincial intenta equilibrar la regulación con el respeto por la autonomía municipal, un aspecto que el propio Llaryora destacó como clave en el diseño del proyecto. El objetivo es eliminar ambigüedades normativas y fijar criterios claros para el desarrollo —o la prohibición— de estas actividades.

El esquema propuesto no plantea una prohibición uniforme. Por el contrario, delega en cada municipio la decisión final. Serán las administraciones locales las que definan si habilitan o no la actividad en sus jurisdicciones.

En aquellos distritos donde se permita, se exigirá la implementación de sistemas formales de registro, identificación y control. Entre las herramientas en análisis figura la incorporación de códigos QR para verificar que los cuidacoches estén debidamente autorizados. En cambio, en las localidades que opten por no habilitar la actividad, la prohibición será explícita y permitirá la intervención preventiva de las fuerzas de seguridad.

Desde el Ejecutivo también aclararon que la única excepción estará dada por quienes operen dentro de esquemas regulados. La intención es que, en los lugares donde se autorice, la actividad se realice de manera formal, con tarifas previamente establecidas o bajo modalidades vinculadas al control del estacionamiento.

El respaldo político a la medida quedó reflejado en la reunión que le dio origen, de la que participaron figuras centrales del esquema institucional: la vicegobernadora Myrian Prunotto, el intendente Passerini, el presidente provisorio de la Unicameral Juan Manuel Llamosas, el ministro Daniel Pastore, el jefe del bloque oficialista Facundo Torres y el secretario de Seguridad Juan Manuel Araoz. También estuvo presente el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, aunque no formó parte de la imagen oficial.

La amplitud de la convocatoria buscó consolidar un respaldo político sólido para una iniciativa que el oficialismo pretende tratar con rapidez en la Legislatura. Si bien el texto definitivo aún no fue redactado, desde el entorno gubernamental adelantaron que se tomará como base alguno de los proyectos ya presentados, incorporando los lineamientos definidos por el Ejecutivo.

La intención es avanzar con el debate durante abril y lograr su aprobación en el menor tiempo posible. La futura ley funcionaría como un marco general, que luego cada municipio deberá adaptar según su realidad local.

El componente social también forma parte del planteo oficial. El gobernador anunció que la medida estará acompañada por programas de reinserción laboral, con apoyo provincial a las administraciones locales que los implementen. El objetivo es generar alternativas concretas para quienes hoy dependen de estas actividades informales.

En el caso específico de los limpiavidrios, desde el Gobierno consideran que el problema se concentra casi exclusivamente en la capital. Por eso, se prevé asistencia económica a los municipios que decidan avanzar con su erradicación, al entender que representan un riesgo para la seguridad vial.

Desde el oficialismo también marcaron una diferencia entre quienes ejercen la actividad de manera desordenada y aquellos que cuentan con cierto reconocimiento social o trayectoria. La normativa, aseguran, apunta principalmente a los sectores vinculados a situaciones de violencia o conflictividad.

No es la primera vez que se intenta avanzar en esta dirección. A fines de 2025, una iniciativa similar impulsada a través del Código de Convivencia encontró resistencias en distintos sectores, incluyendo críticas del arzobispo Ángel Rossi.

En esta oportunidad, la estrategia es distinta. El Ejecutivo apuesta a una ley específica, con sustento en la autonomía municipal, lo que podría otorgarle mayor solidez jurídica y política.

Mientras tanto, el oficialismo acelera los tiempos. La consigna es clara: transformar en norma lo que hoy es una decisión política. La Legislatura tendrá ahora la responsabilidad de traducir ese objetivo en un texto concreto, con la expectativa de que la ley quede sancionada antes de que finalice abril.