Docentes acorralan a Llaryora: paro de 72 horas y creciente malestar en las aulas

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, enfrenta uno de los conflictos más delicados de su gestión: el frente docente. La Asamblea de Delegadas y Delegados Departamentales de Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba resolvió rechazar la tercera propuesta salarial del Gobierno provincial por considerarla insuficiente y lanzó un paro de 72 horas que pone en jaque la normalidad educativa.

La medida de fuerza se llevará adelante los días 8, 9 y 10 de abril, con una movilización en la ciudad de Córdoba durante la primera jornada. La decisión fue adoptada por mayoría en una votación que reflejó el creciente descontento en las bases docentes.

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"No están de acuerdo con esta nueva propuesta y exigen al gobierno una oferta que recupere el salario y tenga componentes remunerativos reales"
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El reclamo central apunta a la pérdida del poder adquisitivo. Desde el gremio sostienen que la propuesta oficial no garantiza una recuperación real del salario y exigen incrementos no inferiores al 25%, además de sumas que impacten efectivamente en el básico y no se diluyan en montos fijos.

Entre los principales puntos de conflicto se destacan los aumentos mensuales acumulativos, el reconocimiento pleno del índice de inflación (IPC), la actualización del FONID tanto para activos como jubilados y la eliminación de topes en los componentes salariales. También reclaman la suspensión del FOSAET y del esquema de presentismo mientras dure la negociación paritaria.

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"La mayoría de los departamentos rechaza la propuesta y exige una respuesta urgente del Gobierno"
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El secretario general del gremio, Roberto Cristalli, dejó en claro que el margen de maniobra del Ejecutivo se achica. Según explicó, el malestar en las bases es profundo y transversal, lo que dificulta cualquier intento de desactivar el conflicto sin una mejora sustancial de la oferta.

Además de las demandas salariales, la asamblea puso sobre la mesa otros reclamos estructurales: eliminación del diferimiento para jubilados, mejoras en el cálculo previsional, jerarquización de cargos directivos y una revisión salarial en septiembre en línea con otros gremios.

En lo inmediato, los docentes también exigieron la devolución de los descuentos aplicados por días de paro y garantías de que no habrá nuevas sanciones económicas por las medidas de fuerza.

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"El Gobierno tiene que responder rápido con una propuesta que contemple los requerimientos del sector"
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El conflicto suma además un componente sensible: los docentes reclaman políticas educativas que no impliquen sobrecarga laboral, especialmente en áreas vinculadas a la prevención y el cuidado dentro de las escuelas.

En este escenario, Llaryora queda atrapado entre la presión fiscal y la creciente tensión social. El paro de 72 horas no solo impactará en el sistema educativo, sino que también expone una debilidad política en un área clave. Sin señales de acuerdo en el corto plazo, el conflicto amenaza con escalar y convertirse en un problema mayor para la gestión provincial.