La UCR sube la presión por la inseguridad y desafía a Llaryora con un paquete de reformas policiales

El bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, referenciado en Rodrigo de Loredo, decidió avanzar con una estrategia más agresiva frente al gobierno provincial de Martín Llaryora, poniendo el foco en uno de los temas que más inquieta a la sociedad: la seguridad.

Con ese objetivo, la bancada radical presentó un conjunto de tres iniciativas legislativas que buscan dar una señal concreta ante la creciente preocupación por el delito. El eje central de la propuesta combina mayor presencia policial en las calles con una mejora del 20% en los ingresos del personal de seguridad, tanto en actividad como retirado.

El planteo no se limita a lo salarial. También incluye modificaciones de fondo en la estructura de la carrera policial. Entre ellas, se propone elevar los años de servicio requeridos para el retiro del personal subalterno —de 25 a 30 años— y extender la edad jubilatoria del personal superior. La intención, según explican desde el bloque, es evitar la pérdida constante de efectivos formados y sostener el recurso humano dentro de la fuerza.

Otro de los puntos apunta a corregir lo que la oposición considera una deuda pendiente: eliminar el diferimiento en los aumentos para jubilados, de modo que los incrementos impacten de forma inmediata en sus haberes. A eso se suma la iniciativa de mejorar significativamente el ingreso de los efectivos que pasan a situación pasiva, llevando ese porcentaje del 30% al 60% mientras se resuelve su situación administrativa.

Según estimaciones de los propios legisladores, el paquete permitiría retener o incluso recuperar unos 4.000 agentes, fortaleciendo la presencia en la vía pública sin depender exclusivamente de nuevas incorporaciones.

Desde el radicalismo fueron contundentes al momento de justificar la avanzada. Sostienen que el problema no pasa únicamente por sumar nuevos policías, sino por evitar que los actuales abandonen la fuerza. En ese marco, hablaron de un “fracaso reiterado” en las políticas de seguridad impulsadas por el peronismo y plantearon la necesidad de ofrecer alternativas concretas que impacten tanto en la calle como en el sistema previsional.

La legisladora Alejandra Ferrero definió la iniciativa como un proyecto integral que busca jerarquizar la fuerza policial, mientras que Miguel Nicolás remarcó que las propuestas responden al rechazo social hacia la política de seguridad vigente y apuntan a mejorar las condiciones salariales de los agentes.

En la misma línea, Mauricio Jaime cuestionó la asignación de recursos y reclamó decisiones políticas de fondo, mientras que Inés Contrera puso el acento en el desgaste emocional del personal policial, advirtiendo sobre la falta de contención y sus consecuencias en el trato cotidiano con la ciudadanía.

La reacción del oficialismo no tardó en llegar. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, desestimó la propuesta al considerarla basada en diagnósticos erróneos y medidas que —según afirmó— ya demostraron su ineficacia. Además, rechazó la idea de que los policías se retiren a edades tempranas y cuestionó el enfoque de la oposición, al que vinculó con intereses electorales.

El propio Llaryora también se metió en la discusión y buscó enviar un mensaje directo a la fuerza policial, descartando de plano cualquier modificación que implique extender los años de servicio más allá de lo establecido actualmente.

Lejos de retroceder, el titular del bloque radical, Matías Gvozdenovich, redobló la apuesta y acusó al gobierno de no estar dando respuestas efectivas frente a la inseguridad. También advirtió que, sin una policía bien remunerada y preparada, será difícil revertir una tendencia que —según sostuvo— muestra un crecimiento sostenido del delito.

El cruce deja al descubierto algo más profundo que una discusión técnica. Mientras la UCR intenta instalar la seguridad como eje central de su agenda y condicionar al oficialismo con propuestas concretas, el gobierno responde cerrando filas y deslegitimando la ofensiva opositora.

En ese escenario, el debate por más policías en la calle se convierte, en realidad, en una disputa política más amplia: quién tiene la capacidad —y la credibilidad— para hacerse cargo de uno de los problemas que más preocupa a los cordobeses.