Cruce caliente por la Policía: De Loredo redobla la apuesta y Llaryora le marca la cancha

La discusión por la seguridad en Córdoba sumó un nuevo capítulo de tensión política. El diputado radical Rodrigo de Loredo decidió avanzar con su propuesta de reforma del régimen policial, mientras desde el gobierno de Martín Llaryora salieron a rechazarla con dureza.

En el entorno del dirigente de la Unión Cívica Radical aseguran que la iniciativa logró instalarse en la agenda pública, especialmente luego de que el propio gobernador respondiera —aunque de manera indirecta— al planteo. Lejos de retroceder, el radicalismo lanzó una nueva ofensiva para sostener el debate.

El primero en salir al cruce fue el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien calificó la propuesta como “vieja” y fuera de época. A esa postura se sumó Llaryora, quien eligió un mensaje directo a la fuerza policial para dejar en claro que, durante su gestión, no habrá cambios en el régimen jubilatorio.

La respuesta de De Loredo no tardó en llegar. El legislador cuestionó la forma en que el gobernador comunicó su decisión y lo acusó de evitar el debate público. Según planteó, el tema no puede discutirse solo hacia adentro de la fuerza, ya que involucra a toda la sociedad, especialmente frente al crecimiento de la inseguridad.

Además, el radical apuntó contra lo que considera una estrategia electoral del oficialismo: “priorizar el respaldo corporativo antes que una solución de fondo”. En ese marco, defendió su iniciativa y subrayó que modelos similares ya se aplican en Santa Fe, gobernada por Maximiliano Pullaro, con quien Llaryora ha buscado construir vínculos políticos en el pasado.

El proyecto que la UCR buscará tratar en la Legislatura introduce cambios estructurales. Entre sus puntos principales se destacan la ampliación de los años de servicio policial de 25 a 30, el aumento de la edad jubilatoria en tres años y una recomposición salarial del 20% para los efectivos.

Desde el radicalismo sostienen que el financiamiento podría obtenerse a partir de una reestructuración del Estado provincial, en particular reduciendo el peso de agencias públicas. También argumentan que la medida contribuiría a aliviar la situación de la Caja de Jubilaciones, uno de los focos históricos de tensión en las cuentas provinciales.

Especialistas coinciden en que el régimen previsional de las fuerzas de seguridad representa un desafío estructural: la combinación de retiros tempranos y largos períodos de cobro genera un desequilibrio difícil de sostener en el tiempo.

Sin embargo, más allá del aspecto fiscal, el eje del debate está puesto en la seguridad. De Loredo asegura que la reforma permitiría sumar unos 4.000 agentes adicionales en actividad, lo que fortalecería la capacidad de patrullaje y prevención del delito.

Aun así, en la oposición reconocen que el oficialismo no habilitará fácilmente el tratamiento del proyecto. Por eso, la estrategia apunta a mantener el tema en agenda: intentarán forzar su discusión en el recinto y, en caso de no lograrlo, insistirán con pedidos de informes y citaciones a funcionarios.

Con posiciones firmes y sin señales de acercamiento, el cruce entre oficialismo y oposición expone no solo diferencias técnicas, sino también una disputa política de fondo en torno a cómo enfrentar uno de los principales reclamos de la sociedad cordobesa.