Piden nuevas indagatorias en la causa ANDIS y profundizan la investigación por presunta corrupción en compras públicas

• La fiscalía solicitó 29 nuevas indagatorias en la causa por presuntas irregularidades en ANDIS
• El expediente investiga posibles sobreprecios y direccionamiento de licitaciones
• Se analiza la existencia de una asociación ilícita entre funcionarios y empresarios
• Diego Spagnuolo figura entre los principales implicados
• Se pidieron nuevas pruebas, incluyendo peritajes sobre audios
• La causa pasó a un nuevo juez que deberá resolver los próximos pasos

La causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo tras el pedido de indagatorias presentado por el fiscal federal Franco Picardi y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. La solicitud alcanza a 29 personas, entre exfuncionarios y empresarios, y apunta a ampliar el alcance de una pesquisa que ya había avanzado con procesamientos previos.

Entre los nombres incluidos figura Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, quien ya había sido procesado en una etapa anterior de la causa. También se encuentran bajo la mira judicial otros actores vinculados a las contrataciones investigadas, en un expediente que pone el foco en la adquisición de insumos destinados a personas con discapacidad, como sillas de ruedas y audífonos.

La investigación se centra en presuntas maniobras irregulares en licitaciones públicas, con sospechas de sobreprecios, direccionamiento de pliegos y limitación de la competencia. Según surge de las actuaciones, los fiscales analizan si existió un esquema coordinado entre funcionarios y empresas para favorecer a determinados proveedores, en detrimento de la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Uno de los ejes principales de la causa es la hipótesis de una posible asociación ilícita que habría operado dentro del organismo. Bajo esta línea, se investiga si se implementaron mecanismos de colusión empresarial y si hubo pagos indebidos a funcionarios a cambio de la adjudicación de contratos. El objetivo es determinar si se configuró una estructura organizada destinada a desviar fondos asignados a políticas sensibles.

En paralelo al pedido de nuevas indagatorias, la fiscalía solicitó medidas adicionales de prueba con el fin de profundizar la investigación sobre otros involucrados. Mientras tanto, las defensas de los imputados en la primera etapa del proceso avanzan con estrategias judiciales para revertir los cargos, que incluyen acusaciones por integrar una organización ilícita.

Uno de los aspectos más delicados del expediente es la existencia de audios que, según algunas de las partes, podrían aportar elementos relevantes para la causa. En ese marco, se requirió la realización de peritajes sobre ese material, que incluiría referencias a presuntos pagos ilegales y menciones a figuras del ámbito político, lo que añade complejidad al caso.

El avance de la investigación se produce luego de que, en febrero, el juez Sebastián Casanello considerara acreditada la existencia de una estructura delictiva dentro de la ANDIS. En esa resolución, se señaló la participación de exfuncionarios y empresarios en maniobras orientadas a manipular contrataciones públicas y canalizar fondos a través de empresas presuntamente vinculadas.

Actualmente, la causa se encuentra bajo la órbita de un nuevo magistrado, quien deberá definir si hace lugar al reciente pedido de indagatorias. Esta transición judicial introduce una nueva instancia en el expediente, en la que se evaluará la consistencia de las pruebas reunidas y la necesidad de avanzar con nuevas imputaciones.

El expediente también involucra a empresarios del sector farmacéutico y a directivos de firmas que habrían participado en las contrataciones cuestionadas. En algunos casos, las actuaciones incluyen allanamientos y secuestro de dinero en efectivo, así como situaciones que generaron sospechas adicionales, como la entrega de dispositivos electrónicos en condiciones que dificultan su análisis.

En este contexto, la causa ANDIS se consolida como una de las investigaciones más sensibles en materia de presunta corrupción administrativa, tanto por el volumen de recursos involucrados como por el impacto social de las políticas bajo análisis. El avance de las indagatorias y las decisiones judiciales que se adopten en las próximas semanas serán determinantes para el rumbo del expediente.