Imputan a la cúpula de la Cámara Federal de Córdoba por presuntas maniobras irregulares y encubrimiento de causas

El Ministerio Público Fiscal de la Nación imputó este miércoles a las principales autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba en el marco de una investigación que permanece bajo secreto de sumario. La causa está a cargo del juez Alejandro Sánchez Freytes y contempla delitos que van desde abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público hasta falsedad ideológica y coacción.

Los fiscales Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedián impulsaron las imputaciones contra la presidenta del tribunal, Graciela Montesi; el vicepresidente, Abel Sánchez Torres; y los secretarios Mario Olmedo y Gustavo Flores.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la abogada y funcionaria judicial Celina Laje Anaya. Según se analiza en el expediente, las sospechas apuntan a una posible manipulación en la conformación de las Salas A y B del tribunal durante 2023, lo que habría alterado el funcionamiento interno del cuerpo judicial.

Uno de los ejes centrales es determinar si se incumplieron reglamentos para favorecer a la empresa Bunge en causas vinculadas a presunta evasión tributaria que involucraban a sus directivos. En ese sentido, se investiga la posible circulación irregular o retención de expedientes provenientes de juzgados federales del interior cordobés, lo que habría impedido su tratamiento conforme a los mecanismos legales establecidos.

Además, la imputación incluye un capítulo vinculado a denuncias de violencia laboral. En particular, se señala a Sánchez Torres por presuntas maniobras de hostigamiento contra la denunciante, quien habría sufrido represalias tras negarse a acatar directivas consideradas irregulares.

De acuerdo con la presentación, se habrían desplegado acciones de presión para forzar un cambio en su categoría laboral, lo que implicaba una reducción salarial. La situación, según consta en la causa, derivó en consecuencias sobre la salud física y psicológica de la funcionaria.

En paralelo, la fiscalía también puso bajo la lupa la declaración del secretario Gustavo Flores, al detectar presuntas inconsistencias en su testimonio, por lo que solicitó su imputación por falso testimonio.

Dada la jerarquía de los magistrados involucrados, la investigación requirió la intervención específica del Procurador General de la Nación, quien dispuso la participación de Turano para reforzar el proceso. El caso adquiere así una dimensión institucional significativa, al involucrar a autoridades con competencia sobre toda la justicia federal en la provincia de Córdoba.