La OCDE advierte sobre falencias en la lucha contra el cohecho internacional en Argentina

• La OCDE pidió medidas urgentes para mejorar la investigación de sobornos internacionales
• El informe reconoce avances pero advierte sobre fallas estructurales
• La falta de protección a denunciantes es uno de los principales déficits
• Las causas judiciales se extienden durante años y pocas llegan a juicio
• No hay sanciones a empresas pese a la ley vigente desde hace ocho años
• El cumplimiento de estándares es clave para el ingreso de Argentina al organismo

Un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico volvió a poner bajo análisis la capacidad de Argentina para investigar y sancionar delitos de cohecho internacional. El documento, elaborado por su Grupo de Trabajo sobre Cohecho, combina un reconocimiento a ciertos avances con una serie de advertencias sobre déficits estructurales que aún limitan la eficacia del sistema.

El organismo recomendó al Gobierno adoptar medidas “con carácter urgente” para fortalecer la detección y persecución de sobornos transnacionales, especialmente aquellos que involucran a funcionarios extranjeros. Si bien se valoraron mejoras en la cooperación judicial y en la articulación entre organismos, el diagnóstico general expone una brecha significativa entre los compromisos asumidos y su implementación efectiva.

Desde el plano oficial, el canciller Pablo Quirno destacó el informe como un avance relevante en el camino hacia la eventual incorporación del país al organismo internacional. La aspiración de ingresar a la OCDE forma parte de la estrategia de inserción global impulsada por la administración nacional, que busca consolidar estándares institucionales alineados con economías desarrolladas.

Sin embargo, el propio reporte advierte que persisten obstáculos importantes. Uno de los principales puntos críticos es la ausencia de un marco legal integral que garantice la protección de denunciantes y testigos, conocidos como “whistleblowers”. Esta carencia limita la detección temprana de casos y desalienta la denuncia de prácticas corruptas en ámbitos complejos y de alcance internacional.

A ello se suman las demoras en los procesos judiciales. Según el análisis, las investigaciones por cohecho internacional en Argentina suelen extenderse durante años, lo que dificulta la recolección de pruebas y aumenta el riesgo de prescripción. En promedio, los expedientes pueden prolongarse cerca de ocho años, con algunos casos que superan la década sin resolución definitiva.

El informe también subraya la escasa cantidad de procesos que llegan a juicio y la prácticamente nula aplicación de sanciones a empresas. A ocho años de la sanción de la Ley de Responsabilidad Empresaria, no se registran condenas a personas jurídicas por este tipo de delitos. Este dato resulta especialmente relevante en un contexto donde las estructuras empresariales suelen desempeñar un rol central en esquemas de sobornos internacionales.

Otro aspecto señalado es el papel del periodismo de investigación como principal vía de detección de estos casos. El reporte indica que las denuncias provenientes de organismos públicos siguen siendo mínimas y que los sistemas de control interno, como auditorías o mecanismos contables, no han logrado identificar situaciones de cohecho transnacional de manera significativa.

Pese a este panorama, la OCDE reconoce ciertos avances. Destaca, por ejemplo, el trabajo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos y de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que han fortalecido sus capacidades analíticas y adoptado enfoques más proactivos. También se menciona como una práctica positiva el uso de la Unidad de Información Financiera para detectar posibles maniobras de lavado vinculadas a sobornos.

En cuanto a resultados concretos, el balance es limitado. Solo se registra una condena firme contra una persona física por un caso de cohecho internacional, con una pena en suspenso y sanciones consideradas leves por el propio organismo. Esta situación genera dudas sobre el carácter disuasorio del sistema y su capacidad para prevenir conductas ilícitas.

El informe también recomienda acelerar la implementación del Código Procesal Penal Federal en todo el país, reducir las vacantes en el sistema judicial y mejorar los estándares de transparencia en licitaciones públicas. Estas medidas apuntan a fortalecer tanto la prevención como la sanción de la corrupción.

El análisis se realizó en el marco de una evaluación integral llevada a cabo en París, donde expertos internacionales revisaron el desempeño argentino en la materia. Argentina adhirió a la convención contra el cohecho internacional en 2001, un compromiso que implica cumplir con estándares exigentes en la lucha contra la corrupción.

Casos emblemáticos como los de Siemens y Odebrecht reflejan antecedentes relevantes de sobornos internacionales vinculados al país, aunque el informe señala que estos episodios siguen siendo excepcionales frente a la baja cantidad de investigaciones activas.

En este contexto, el cumplimiento de las recomendaciones de la OCDE aparece como un desafío clave no solo para mejorar la calidad institucional, sino también para avanzar en la aspiración de integrarse a uno de los principales foros económicos globales.