Demoras en Diputados traban el desafuero de Cisneros y elevan la tensión política

• La Cámara de Diputados aún no trató el pedido de desafuero de Carlos Cisneros
• El juez Guillermo Díaz Martínez solicitó avanzar para permitir medidas judiciales
• Desde La Libertad Avanza impulsan acelerar el tratamiento en comisión
• Cisneros rechaza las acusaciones y denuncia persecución política
• La causa incluye a personas de su entorno y analiza posibles vínculos
• Persisten tensiones políticas por el alcance de los fueros parlamentarios

La Cámara de Diputados atraviesa un escenario de creciente tensión institucional ante la falta de avances en el tratamiento del pedido de desafuero del legislador Carlos Cisneros, quien se encuentra bajo investigación judicial en una causa que incluye presuntos delitos de trata de personas y asociación ilícita. La situación, que combina elementos judiciales y políticos, reavivó el debate sobre los alcances de los fueros parlamentarios y su impacto en el funcionamiento de la Justicia.

El expediente cobró impulso luego de que el juez federal Guillermo Díaz Martínez remitiera una comunicación formal a la Cámara baja, en la que solicitó evaluar el desafuero del diputado. El planteo apunta a permitir que la investigación avance sin restricciones, habilitando medidas procesales que actualmente se ven limitadas por la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, pese a la relevancia del pedido, el Congreso aún no definió una hoja de ruta clara para su tratamiento.

En el plano político, la falta de definiciones generó reacciones dentro del recinto. Desde el oficialismo, el bloque de La Libertad Avanza impulsó una ofensiva parlamentaria para acelerar el proceso. En ese marco, la diputada Lilia Lemoine presentó una iniciativa destinada a que la Comisión de Asuntos Constitucionales aborde el tema con urgencia. El objetivo es evitar que el expediente continúe paralizado y garantizar una respuesta institucional frente a un caso de alta sensibilidad.

El trasfondo judicial de la causa se remonta a una investigación iniciada en 2024 en Tucumán, vinculada a un presunto abuso sexual que involucró a exjugadores de Vélez Sarsfield. En ese contexto, uno de los futbolistas mencionó a Cisneros como parte de una supuesta estructura asociada a una red de explotación, lo que derivó en la ampliación de la pesquisa y en la inclusión del legislador en el expediente.

Citado a declaración indagatoria semanas atrás, Cisneros rechazó de manera categórica todas las acusaciones. El diputado sostuvo que se trata de una maniobra de persecución política y judicial, y aseguró no tener vínculos con los hechos investigados. En su defensa, vinculó la causa con sus denuncias previas sobre presuntas irregularidades en el Ministerio Público Fiscal de Tucumán, así como con su enfrentamiento con el gobernador Osvaldo Jaldo.

La investigación, no obstante, se extiende más allá de la figura del legislador. Entre las personas bajo análisis se encuentra la abogada Patricia Neme, quien representó a la denunciante en el caso original, y el colaborador Federico Petraglia. Ambos forman parte del entramado que la fiscalía intenta desentrañar para determinar la existencia de posibles vínculos dentro de la presunta red.

En paralelo, surgieron nuevas líneas de investigación relacionadas con movimientos patrimoniales. En particular, se analizan operaciones vinculadas a la adquisición de propiedades de alto valor en Tafí del Valle por parte de allegados al diputado, lo que podría aportar elementos adicionales para comprender la dimensión económica del caso. Aun así, el foco principal continúa centrado en las denuncias por trata de personas, que podrían derivar en imputaciones más graves si se consolidan las pruebas.

La falta de resolución en el ámbito legislativo mantiene abierto un frente de conflicto que combina la presión judicial con el cálculo político. Mientras algunos sectores exigen avanzar con el desafuero para garantizar la igualdad ante la ley, otros plantean la necesidad de respetar los tiempos institucionales y evitar decisiones apresuradas. En ese equilibrio, el Congreso enfrenta el desafío de responder a una demanda creciente de transparencia sin desatender las garantías del debido proceso.