Consecuencias y costos del asalto al Poder Judicial

“Hacete amigo del juez y no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque ande ir a rascarse”. Esta frase del Martín Fierro contrasta con la decisión de CFK, que desplegó una ofensiva sin precedente contra uno de los tres poderes del Estado. ¿Existe una lógica política en ese ataque o responde a una mera frustración derivada del avance de las causas en las que es investigada, entre otras cosas, por groseros casos de corrupción? Con eventuales consecuencias políticas (sustentabilidad del Frente de Todos como coalición electoral, erosión de la desgastada autoridad presidencial), electorales (pérdida del votante moderado e independiente de cara a octubre y, desde ya, a 2023), económicas (podría desalentar aún más la escasísima inversión) y reputacionales (fuera de la Argentina esta embestida es vista como una radicalización sin retorno…). ¿Podría mejorar esta ofensiva su situación procesal? En el pasado, cada vez que se radicalizó perdió votos y poder: 2008 con el conflicto con el campo, 2012 con el “vamos por todo”, 2015 con Zannini y Aníbal Fernández como candidatos, 2017 con la fallida experiencia de Unidad Ciudadana. ¿Por qué esta vez tendría un resultado más auspicioso? 

Estos interrogantes exponen la brutal dinámica de la perenne crisis política argentina, que se complica cuando se consideran otras dos dimensiones: el timing (¿por qué ahora?; ¿cuál hubiera sido el costo de encarar las desventuras legales que enfrenta CFK del mismo modo con que el gobierno lidia con el tipo de cambio o con el acuerdo con el FMI, es decir, atrasándolo?) y las consecuencias de un nuevo revés. Para el Gobierno, esto último debería ser la hipótesis más inquietante: acumula fracasos indisimulables en temas elementales y cotidianos de la gestión. Para peor, los infortunios con la provisión de las vacunas contra el Covid-19 se están convirtiendo en una pesadilla con derivaciones potencialmente explosivas. ¿Qué hace suponer que esta arremetida verbal, con Martín Soria como vocero, le permitirá lograr su cometido? Cristina naufragó a comienzos de 2013 con su paquete para “democratizar a la Justicia” a pesar de que controlaba ambas cámaras del Congreso y venía de un triunfo electoral arrollador. ¿Podrá alcanzar un mejor resultado ahora, con un balance de poder menos beneficioso?

La frase de origen romano aut consilio aut ense (“por consejo o por espada”) inspiró al compositor Leopoldo Corretjer cuando en el Himno a Sarmiento escribió: “Con la espada, con la pluma y la palabra”. Antes había cautivado a los chilenos, que desde 1812 incluyeron la expresión “por la razón o la fuerza” en su escudo. Esto permite repensar el dramático dilema en que se encuentra la política argentina en esta coyuntura crítica. El Estado de Derecho debe basarse en un corpus de leyes debatidas y aprobadas por representantes del pueblo para regular y orientar el comportamiento de los ciudadanos. El uso de la fuerza legítima del Estado es imprescindible para castigar a quienes violan las normas. El Poder Judicial debe ser imparcial y apartidario (es utópico que sea apolítico: está integrado por ciudadanos de carne y hueso que tienen ideas y valores; por eso es fundamental garantizar pluralismo y diversidad) y contar con diferentes instancias de revisión. Puede que algún juez o fiscal no cumpla con su tarea de forma correcta, para lo cual deben existir mecanismos estandarizados y rigurosos de evaluación, control y potencial sanción y hasta remoción. El sistema en su conjunto debe asegurar transparencia y ecuanimidad para evitar arbitrariedades: todo sospechoso tiene derecho a una legítima defensa y a la presunción de inocencia. Si un ciudadano es acusado de forma injusta, cosa que pasó infinidad de veces y puede siempre volver a ocurrir, debe tener la oportunidad de demostrarlo en las distintas instancias del proceso judicial. Con todos sus errores, sesgos y problemas, a pesar de los antecedentes de politización de la Justicia y de judicialización de la política (que el kirchnerismo utilizó de forma descarada), el Poder Judicial argentino aún responde a aquella caracterización.

Este breve recordatorio de la lógica de nuestro sistema institucional pone en contexto la designación de Soria como ministro de Justicia: CFK está dispuesta a patear el tablero ante el avance de sus causas, acelerado por las ramificaciones del juicio a Lázaro Báez y la confirmación de la validez de las declaraciones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos. Su determinación podría surgir del hecho de que se siente políticamente poderosa: eclipsado el Presidente y su añeja pretensión de superar la grieta e implementar un programa moderado, nada la frenaría para un nuevo “vamos por todo”. Sin embargo, su alegato político contra el Poder Judicial (el supuesto lawfare y el ataque a la “corporación judicial”, fundamentalmente a la Corte Suprema) pretende disimular la endeblez de su argumentación legal. Si se sabe inocente… ¿por qué no se somete a la Justicia como cualquier ciudadana? Ante la falta de imparcialidad saldría fortalecida, como ocurrió recientemente con Lula.

Que decida no hacerlo despierta una segunda especulación: tal vez no solo no se siente fuerte, sino que se sabe débil y sospecha que esta situación podría empeorar en el futuro próximo: los “funcionarios que no funcionan” inclinan la pendiente en que se encuentra el devenir político y económico de un país a la deriva. Sin vacunas, sin programa económico, sin seguridad siquiera para el presidente de la Nación, sin candidatos competitivos en los distritos claves y cada vez más aislados del mundo… ¿por qué suponer que el país estará pronto algo mejor? Si puede lograr algo, debe intentarlo ahora. Antes de la anunciada segunda ola y sus consecuencias humanas, económicas y sociales. El escándalo de las vacunas vip reverbera en la opinión pública y ni siquiera aparecen las segundas dosis para completar el proceso a los pocos privilegiados que recibieron la primera. Aunque le cueste, Cristina debería revisar el ejercicio autocrítico que acaba de publicar Mauricio Macri: tarde o temprano se pagan las consecuencias de la procrastinación en materia económica. Si se pudiera evitar la crisis antes de las elecciones de octubre, en lo cual coinciden hasta los economistas más ortodoxos, seguramente el ajuste llegará antes de las presidenciales de 2023, cuando realmente se cuentan “los porotos”.

Algunos creen que Cristina juega contra el Poder Judicial al “juego de la gallina”, como el personaje de James Dean en Rebelde sin causa: acelera a fondo para que las causas en las que se la investiga se vayan a la banquina o, mejor aún, caigan al vacío. Su comportamiento desesperado sugiere que puede estar en realidad involucrada en una situación conocida como “callejón sin salida”: dadas las circunstancias, el costo de oportunidad de avanzar con medidas extremas es muy bajo pues no tiene nada que perder. ¿Manotazos de ahogado? Todavía está a tiempo de disminuir la escala de este asalto a la Justicia. Lo que está en juego no es solo su futuro y el de su familia, sino el devenir de un frágil sistema democrático que sobrevivió a muchas situaciones extremas, pero que puede sucumbir ante este conflicto sin precedente entre el bicéfalo Poder Ejecutivo y el chamuscado Poder Judicial.

Sergio Berensztein para La Nación