



Por RICARDO ZIMERMAN
x: @RicGusZim1
Hay gobiernos que llegan al ecuador de su mandato pensando en cómo consolidar una gestión. Otros, en cambio, comienzan a diseñar el camino hacia la próxima elección mucho antes de que la anterior haya quedado atrás. La administración de Javier Milei parece haber ingresado en esa segunda categoría. Mientras la economía continúa ocupando el centro del discurso oficial y el Mundial monopoliza por unos días la atención pública, en la Casa Rosada la conversación verdaderamente estratégica gira alrededor de 2027. Más precisamente, sobre cómo llegar a esa elección con las mayores probabilidades de conservar el poder.
La discusión excede ampliamente a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Las PASO aparecen como la herramienta, pero no constituyen el objetivo. Lo que realmente inquieta al oficialismo es un dato que, según distintas mediciones de opinión, se mantiene estable desde hace varios meses: el rechazo al Gobierno continúa siendo elevado y amenaza con convertirse en un límite electoral difícil de perforar.
Toda administración convive con niveles importantes de desaprobación. Sin embargo, cuando esa valoración negativa deja de ser una fotografía coyuntural para transformarse en una percepción consolidada, el escenario cambia. En política, un techo suele ser mucho más peligroso que un piso. Porque un presidente puede conservar un núcleo de apoyo sólido y, aun así, descubrir que carece de margen para ampliar su base electoral.
Ese parece ser hoy el principal desafío del oficialismo. Javier Milei mantiene una adhesión considerable, suficiente para liderar las encuestas individuales, pero todavía insuficiente para garantizar que una eventual segunda vuelta le resulte favorable. Allí aparece la verdadera preocupación estratégica: evitar que la elección presidencial desemboque en un ballotage donde todas las expresiones opositoras encuentren un único punto de coincidencia.
No resulta extraño, entonces, que la reforma electoral vuelva a ocupar un lugar central en la agenda política. La eventual eliminación de las PASO no solamente reduciría los tiempos del calendario electoral o disminuiría costos administrativos. También modificaría profundamente la dinámica competitiva entre las fuerzas opositoras, especialmente dentro del peronismo.
Las primarias cumplen una doble función política. Sirven para resolver liderazgos internos, pero también para legitimarlos. Un candidato que emerge fortalecido de una competencia partidaria suele llegar a la elección general acompañado por una estructura política ordenada, dirigentes alineados y un electorado movilizado. Sin esa instancia, las fracturas internas tienden a prolongarse mucho más allá del cierre de listas.
Desde esa perspectiva, el razonamiento oficial posee lógica política. Cuanto más fragmentada llegue la oposición a la elección presidencial, mayores serán las posibilidades de que el Presidente alcance el porcentaje necesario para evitar una segunda vuelta. La ingeniería institucional termina convirtiéndose así en una variable electoral.
Pero esa estrategia convive con una dificultad mucho más compleja que ninguna reforma puede resolver: la percepción económica cotidiana.
El Gobierno continúa apostando casi exclusivamente a la consolidación de los indicadores macroeconómicos. Inflación descendente, equilibrio fiscal, mejora del riesgo país, recuperación del crédito y refinanciación de la deuda conforman una narrativa técnicamente consistente. El problema aparece cuando esos indicadores todavía no logran modificar la experiencia diaria de millones de argentinos.
Existe una diferencia profunda entre estabilizar una economía y lograr que esa estabilidad sea percibida por la sociedad. Las estadísticas pueden mejorar mucho antes que los ingresos familiares. La macroeconomía suele anticipar procesos. La economía doméstica, en cambio, responde con bastante más lentitud.
Allí reside probablemente una de las principales limitaciones comunicacionales del oficialismo. Buena parte de sus principales funcionarios describen la economía desde una lógica técnica, casi académica. Los equilibrios fiscales, las tasas de interés o la reducción del déficit constituyen variables fundamentales para cualquier programa económico serio. Sin embargo, para quien enfrenta dificultades para llegar a fin de mes, esas explicaciones suelen sonar demasiado lejanas.
No se trata solamente de un problema de comunicación. También es una cuestión de sensibilidad política.
Las deudas familiares, la caída del consumo, la mora creciente y la dificultad para sostener los gastos cotidianos conforman una realidad que ningún indicador financiero alcanza a explicar completamente. Las familias no organizan sus expectativas alrededor del riesgo país. Lo hacen alrededor del salario, del empleo y de la capacidad de mantener cierto nivel de vida.
Por eso dentro del propio Gobierno aparecen voces que advierten sobre la necesidad de construir un puente entre la estabilidad macroeconómica y la recuperación concreta del poder adquisitivo. La apuesta oficial pasa por el crédito como motor de esa transición. La administración Milei descarta cualquier política expansiva que recuerde experiencias anteriores y confía en que la baja del costo financiero termine impulsando la actividad privada.
El interrogante es si los tiempos económicos coincidirán con los tiempos políticos.
Mientras tanto, otra negociación comienza a adquirir importancia creciente: la relación con los gobernadores.
La Casa Rosada necesita mayorías parlamentarias para avanzar con la reforma electoral y otras iniciativas institucionales. Los mandatarios provinciales, por su parte, buscan garantías de que cualquier acuerdo nacional no terminará debilitando sus propios proyectos locales. La desconfianza mutua explica la lentitud de conversaciones que parecen avanzar un paso para retroceder dos.
A ese escenario se suma una realidad conocida dentro del oficialismo: las diferencias entre los distintos sectores que rodean al Presidente nunca desaparecieron. Solamente cambiaron de intensidad.
La consolidación política de Karina Milei fortaleció su influencia sobre el armado partidario y desplazó parcialmente el protagonismo que durante los primeros meses había concentrado Santiago Caputo. No se trata necesariamente de una confrontación abierta, sino de dos miradas diferentes sobre cómo construir poder.
Mientras un sector privilegia la expansión territorial mediante estructuras propias, otro insiste en que la gobernabilidad requiere mayor flexibilidad para alcanzar acuerdos políticos amplios. Esa discusión atraviesa prácticamente todas las decisiones relevantes del oficialismo y probablemente se profundice a medida que se acerque el calendario electoral.
En paralelo, el frente judicial continúa ofreciendo focos de incertidumbre. Ninguna administración logra mantenerse completamente al margen de las investigaciones que inevitablemente acompañan el ejercicio del poder. Algunas causas avanzan lentamente, otras parecen perder impulso y otras recién comienzan a desplegar sus primeras consecuencias políticas. Más allá del resultado final de cada expediente, el oficialismo sabe que la estabilidad institucional también depende de administrar esos procesos con prudencia.
En definitiva, la verdadera discusión que atraviesa hoy al Gobierno no consiste únicamente en cómo ganar la próxima elección. La pregunta de fondo es otra: si la mejora económica llegará con la velocidad suficiente para modificar el humor social antes de que los argentinos vuelvan a votar.
Porque ninguna reforma electoral reemplaza al respaldo ciudadano. Ninguna ingeniería institucional corrige por sí sola una percepción negativa consolidada. Y ningún cálculo político consigue escapar indefinidamente a la evaluación que la sociedad hace de su propia realidad cotidiana.
La política puede diseñar estrategias. La economía puede mostrar indicadores alentadores. Pero, al final del camino, será el elector quien determine si esos números reflejan también su propia experiencia. Esa continúa siendo la única encuesta verdaderamente decisiva.




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