El tiempo de las reformas

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay momentos en los que un gobierno necesita mucho más que buenas noticias económicas. Necesita recuperar el control de la conversación pública. Porque en política, tan importante como gobernar es conseguir que el debate gire alrededor de los temas que uno pretende instalar y no de aquellos que las circunstancias imponen. La administración de Javier Milei acaba de atravesar una experiencia que confirma esa regla. Durante varias semanas, buena parte de su energía estuvo absorbida por una crisis que desplazó del centro de la escena las reformas que el oficialismo considera esenciales para su proyecto de gobierno. El resultado fue un Congreso con una agenda ralentizada y un Poder Ejecutivo obligado a administrar una coyuntura que consumía tiempo, capital político y capacidad de iniciativa.

Superado ese episodio, la Casa Rosada parece haber decidido que el segundo semestre no puede quedar atrapado por la inercia. La decisión de institucionalizar reuniones semanales de la mesa política no constituye solamente una modificación en la mecánica de trabajo interno. Representa un cambio de enfoque. El Gobierno asumió que administrar una minoría parlamentaria requiere una coordinación permanente, una lectura fina del escenario político y una capacidad de negociación mucho mayor que la necesaria para construir un discurso de campaña. Ganar una elección y gobernar son ejercicios completamente distintos. El primero se apoya en las promesas; el segundo depende de la construcción cotidiana de acuerdos.

La nueva hoja de ruta que impulsa el oficialismo busca instalar nuevamente una narrativa reformista. La reforma política, las modificaciones al régimen de Zona Fría, los cambios al esquema de Inocencia Fiscal y, sobre todo, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central aparecen como las principales apuestas para una etapa que el Presidente pretende convertir en el momento de las transformaciones estructurales. No se trata de proyectos aislados. Todos responden a una misma lógica: dejar reglas permanentes que sobrevivan incluso a quienes hoy ocupan el poder. Esa es, probablemente, la diferencia entre una medida de coyuntura y una reforma institucional. Las primeras intentan resolver problemas inmediatos; las segundas buscan modificar la forma en que funciona el Estado.

Dentro de ese paquete, la iniciativa vinculada al Banco Central concentra buena parte de las expectativas oficiales. El propósito de impedir que la autoridad monetaria vuelva a financiar al Tesoro constituye uno de los pilares conceptuales del programa económico de Milei. La discusión excede incluso a este gobierno. En realidad, pone sobre la mesa una pregunta que la Argentina viene postergando desde hace décadas: si el país está dispuesto a imponer límites legales a la utilización política de la emisión monetaria o si seguirá dejando esa herramienta disponible para cada administración de turno. Es un debate que trasciende la coyuntura y que, cualquiera sea el resultado parlamentario, volverá una y otra vez mientras persistan las discusiones sobre estabilidad monetaria e inflación.

Pero el Congreso no se mueve únicamente por argumentos técnicos. La política tiene sus propios tiempos y responde a incentivos muy diferentes de los que predominan en los equipos económicos. Cada proyecto debe atravesar un entramado de intereses provinciales, disputas partidarias y negociaciones cruzadas que poco tienen que ver con el contenido específico de las iniciativas. En ese terreno, la matemática parlamentaria suele ser más determinante que la solidez de los fundamentos. Una buena idea no necesariamente consigue una mayoría. Y una mayoría, muchas veces, depende de factores completamente ajenos al texto de una ley.

La discusión sobre las PASO ofrece un ejemplo elocuente de esa lógica. El debate ya no gira exclusivamente alrededor de las ventajas o desventajas del sistema electoral. Lo que verdaderamente está en juego son las posiciones que cada fuerza política ocupa de cara al próximo calendario electoral. Por eso abundan los cambios de postura. Dirigentes que hace algunos años cuestionaban las primarias hoy las defienden, mientras otros que antes promovían su eliminación ahora consideran conveniente sostenerlas. No necesariamente porque hayan modificado sus convicciones, sino porque cambió el lugar desde el cual observan el tablero político. La coherencia, en la política argentina, suele convivir con una notable capacidad de adaptación.

Ese fenómeno también condiciona la relación del Gobierno con sus aliados. La Libertad Avanza necesita construir mayorías, pero sus potenciales socios también necesitan preservar márgenes de negociación propios. Gobernadores, legisladores y bloques provinciales analizan cada proyecto no solamente por su contenido, sino también por el impacto que tendrá sobre sus intereses políticos y electorales. Esa dinámica explica por qué algunas iniciativas avanzan con relativa rapidez mientras otras permanecen estancadas durante meses. El consenso nunca es automático. Se construye voto por voto y concesión por concesión.

En ese contexto, la decisión de intensificar la actividad política parece responder a una conclusión inevitable: ningún gobierno puede permitirse perder la iniciativa durante demasiado tiempo. Cuando el oficialismo deja vacíos en la agenda, esos espacios son ocupados rápidamente por la oposición, por los conflictos internos o por acontecimientos que alteran las prioridades originales. Recuperar el control de la discusión pública se transforma entonces en una necesidad política antes que en una estrategia comunicacional. Impulsar proyectos, convocar reuniones y acelerar negociaciones forman parte de un mismo objetivo: volver a instalar la idea de un gobierno que conduce el proceso y no que simplemente reacciona frente a los acontecimientos.

Sin embargo, conviene evitar una confusión frecuente en la política argentina. Actividad no siempre significa resultados. Multiplicar reuniones, anunciar reformas o presentar proyectos puede transmitir una imagen de dinamismo, pero la verdadera medida del éxito llegará cuando esas iniciativas atraviesen el filtro del Congreso. Allí desaparecerán los discursos y comenzará la negociación real. Será el momento en que el oficialismo deberá comprobar si el clima favorable que percibe dentro de la Casa Rosada tiene un correlato efectivo en los votos necesarios para aprobar las leyes.

La segunda mitad del año, en consecuencia, no pondrá solamente a prueba la capacidad legislativa del Gobierno. También medirá su aptitud para transformar un programa de reformas en una realidad institucional. Porque la política no suele recordar los proyectos que quedaron en los escritorios. Termina juzgando a los gobiernos por las leyes que lograron sancionar y por las transformaciones que consiguieron convertir en políticas de Estado.