El poder ya no disimula sus grietas

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay escenas que, por su potencia simbólica, dicen mucho más que cualquier discurso cuidadosamente preparado. La conversación privada entre Victoria Villarruel y Patricia Bullrich, conocida después de la frustrada sesión del Senado sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pertenece a esa categoría. No porque el intercambio de agravios sea una rareza en la política argentina —hace años que dejó de serlo—, sino porque desnuda algo mucho más profundo: el oficialismo ya no discute únicamente estrategias, discute su propia identidad.

Durante meses el Gobierno logró instalar la idea de que las diferencias internas eran apenas cuestiones menores, inevitables en cualquier administración. Sin embargo, la suspensión de una sesión considerada estratégica para la Casa Rosada terminó por demostrar que el problema ya no pasa por los estilos personales ni por viejos rencores. El conflicto alcanzó el corazón mismo del programa político.

La ley sobre propiedad privada representa uno de los proyectos que Javier Milei considera esenciales para consolidar el modelo económico que impulsa desde el primer día de gestión. Su argumento es conocido: sin garantías absolutas sobre la propiedad no existe ahorro, sin ahorro no hay inversión y sin inversión no hay crecimiento. Es una lógica coherente con la visión liberal que el Presidente defiende desde hace años.

Pero cuando la principal autoridad del Senado cuestiona esa iniciativa porque entiende que compromete aspectos sensibles vinculados con las tierras rurales y la soberanía, el problema deja de ser técnico. Se convierte en un problema político de primera magnitud.

Lo llamativo es que Victoria Villarruel no expresó esas diferencias desde la oposición. Lo hizo desde el vértice mismo del poder.

Ese detalle modifica completamente el escenario.

Hasta hace poco podía suponerse que el distanciamiento entre Milei y su vicepresidenta respondía a una disputa de liderazgo, de espacios de influencia o de relaciones personales deterioradas. Hoy resulta evidente que la fractura también es conceptual.

Villarruel sostiene que existen límites que el Gobierno no debería cruzar. La Casa Rosada responde que esos cuestionamientos reproducen exactamente los argumentos utilizados por quienes intentan bloquear las reformas. Dos diagnósticos incompatibles dentro de una misma administración.

En ese contexto apareció Patricia Bullrich.

La ex ministra de Seguridad —hoy convertida en la principal armadora parlamentaria del oficialismo en el Senado— asumió un papel que excede largamente el de conducir un bloque legislativo. Terminó funcionando como la voz política de la Casa Rosada frente a una vicepresidenta que hace tiempo dejó de integrar el círculo de confianza presidencial.

No es casual.

Cuando Bullrich le plantea a Villarruel que, si no comparte el rumbo del Gobierno, debería renunciar, en realidad está verbalizando algo que en el oficialismo muchos piensan desde hace meses.

Del otro lado, la respuesta de la vicepresidenta tampoco deja margen para interpretaciones. Recordar que ella también fue elegida por el voto popular equivale a reivindicar una legitimidad propia, distinta de la que administra el Presidente.

Es una discusión sobre poder.

Y también sobre representación.

Lo verdaderamente preocupante es que semejante enfrentamiento ocurra alrededor de una ley considerada estratégica para el Ejecutivo. Porque si un gobierno no consigue ordenar políticamente a quienes deben garantizar el funcionamiento institucional de sus propios proyectos, las dificultades parlamentarias dejan de ser culpa exclusiva de la oposición.

Empiezan a ser un problema de conducción.

La sesión finalmente fue postergada. Esa sola decisión ya constituyó una derrota política para un oficialismo que pretendía mostrar fortaleza legislativa.

No importa demasiado si el tratamiento se realizará unas semanas más tarde.

En política, muchas veces importa más la fotografía que el calendario.

Y la fotografía dejó al descubierto un oficialismo dividido mientras intentaba convencer al país de que avanzaba unido detrás de un mismo objetivo.

Como si eso no alcanzara, el episodio volvió a exhibir otra característica de esta etapa política: la desaparición casi absoluta de los filtros.

Durante décadas los gobiernos procuraban ocultar sus discusiones internas. Hoy parecen convivir con ellas como parte del paisaje cotidiano.

Chats privados que se conocen públicamente.

Dirigentes que intercambian agravios personales.

Funcionarios que cuestionan abiertamente a otros funcionarios.

Diputados que atacan a la vicepresidenta de su propio gobierno en redes sociales.

Todo ocurre con una naturalidad sorprendente.

Las posteriores críticas de Lilia Lemoine hacia Villarruel por la polémica relacionada con Malvinas profundizan esa sensación de desorden interno. Ya no se trata de un episodio aislado entre dos dirigentes. Se percibe una dinámica permanente donde distintos sectores del oficialismo confrontan públicamente entre sí.

Mientras tanto, la oposición observa.

Y probablemente saque conclusiones.

Porque cuando un gobierno comienza a exhibir diferencias sobre cuestiones centrales de su programa, los adversarios entienden rápidamente dónde aparecen las oportunidades para dificultar el avance de las reformas.

Eso explica por qué en la Casa Rosada cayó tan mal la posición asumida por Villarruel. No solamente porque cuestionó el contenido del proyecto. También porque terminó fortaleciendo, al menos circunstancialmente, la estrategia de quienes buscaban demorar su tratamiento.

Nada de esto significa que el Gobierno haya perdido el control de su agenda.

Pero sí revela que el margen para administrar esas tensiones se achica.

La política suele ser mucho menos indulgente con las fracturas internas que con los ataques externos.

Los conflictos con la oposición fortalecen a un gobierno cuando logra cohesionar a los propios.

Los conflictos entre los propios producen exactamente el efecto inverso.

Javier Milei llegó al poder prometiendo romper con la lógica tradicional de la política argentina. En muchos aspectos lo hizo. Transformó la discusión económica, alteró el funcionamiento del Estado y modificó prioridades que parecían inamovibles.

Sin embargo, empieza a enfrentar un problema tan antiguo como cualquier administración democrática: gobernar también implica administrar egos, diferencias, ambiciones y desacuerdos.

Ningún programa económico, por sólido que resulte, puede reemplazar la construcción política.

Porque las leyes no se aprueban únicamente con convicciones ideológicas.

Se aprueban con mayorías.

Y las mayorías difícilmente sobrevivan cuando quienes integran un mismo proyecto empiezan a comportarse como si ya pertenecieran a espacios distintos.